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21 May 2021 - 4:47 p. m.

JEP concede libertad condicionada a Benito Molina, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba

Molina, quien fue aceptado en la Jurisdicción como tercero civil en septiembre de 2020, tiene una condena por despojo de tierras en la región de Tulapas, Urabá antioqueño, donde 130 familias fueron desplazadas entre 1994 y 1998.
JEP concede libertad transitoria a Benito Molina, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba
JEP concede libertad transitoria a Benito Molina, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba
Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Benito Molina Velarde sobre quien pesa una condena de 16 años de prisión por concierto para delinquir y desplazamiento forzado por su relación con grupos paramilitares recibió el beneficio de libertad condicionada que le otorgó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras su sometimiento en septiembre pasado.

La determinación consignada en la Resolución 2455 da cuenta que la información aportada por Molina Velarde a la JEP “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria, aporta relato acerca del contexto de conflicto, y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”.

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En los aportes de verdad que el compareciente hizo al tribunal de paz durante diciembre pasado y enero de este año mientras purgaba su pena en la cárcel La Picota de Bogotá, describe preliminarmente las redes de apoyo político, local y regional del grupo armado para concretar los planes criminales y el fortalecimiento del proyecto paramilitar en el Urabá antioqueño.

Lo que reposa en su condena en la justicia ordinaria es que entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas (zona rural entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el urabá antioqueño). La estrategia que usaron vinculó a Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, quien mediante engaños y presiones a los campesinos los obligó a firmar un poder en el que la facultaba para vender los predios al Fondo Ganadero, del cual Molina fue presidente entre 1997 y 2007.

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Para 1998, Miguel Francisco Puche, Notario Tercero de Montería, autentica los poderes otorgados bajo presión por los campesinos de Tulapas, algunos de ellos sin firmas y en ausencia de otros elementos de validez. Posteriormente el funcionario levanta escrituras de los negocios jurídicos. Con los anteriores argumentos de base expuestos en la sentencia emitida en la justicia ordinaria y con el sometimiento de Molina a la JEP, el tribunal de paz inició el trámite de investigación que hasta la fecha le ha dejado la libertad condicionada.

En el marco del proceso, la justicia transicional aclaró que las víctimas de desplazamiento forzado en la región de Tulapas expresaron estar de acuerdo con la libertad condicionada del empresario, “siempre y cuando se garantice que el señor Benito Molina Velarde seguirá compareciendo ante la JEP y cumpliendo con los compromisos adquiridos”. Entre el pacto acordado Benito Molina deberá profundizar sus aportes a la verdad plena sobre las finanzas y el proyecto de inversiones del grupo paramilitar en conjunto con el Fondo Ganadero. Esta información deberá suministrarla dentro del caso 04 de la JEP, que trata de la ‘Situación territorial de Urabá’.

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La Sala aclaró que el compareciente no podrá salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz y advirtió a Molina que el beneficio tiene una naturaleza provisional, lo que implica que puede ser revocado en caso de que incumpla las obligaciones contraídas o los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición.

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