La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, presentaron un primer balance de los hallazgos en La Escombrera, en las inmediaciones de la Comuna 13, en Medellín. De acuerdo con los resultados que ambas entidades entregaron tras las labores de búsqueda, lograron determinar, luego de cavar 15 metros de profundidad, que fueron encontradas estructuras óseas que corresponden, al menos, a cuatro personas, entre ellas una mujer joven.
Las cuatro víctimas que reporta la Jurisdicción presentan signos de violencia como causa de muerte, además de lesiones que serían producto de proyectiles de arma de fuego, más precisamente tiros de gracia. Los peritos forenses que adelantan la investigación en la zona, agregó la JEP, también encontraron varios objetos asociados a las víctimas, “lo que permitiría identificar a las personas y determinar las causas de su muerte, así como a los responsables”.
Los análisis de las autoridades también permitieron identificar que, al menos dos de las personas cuyos restos fueron hallados, habrían sido asesinadas en el mismo lugar donde fueron enterradas, es decir, en la montaña de La Escombrera, en donde durante años se han depositado materiales de construcción y escombros, lo que ha dificultado el proceso de excavación para encontrar restos óseos. De acuerdo con lo encontrado por la JEP y los peritos forenses, en al menos uno de los casos existe evidencia para afirmar que la víctima fue sometida a malos tratos y posibles torturas.
Para el órgano de justicia transicional, estas acciones de búsqueda están enmarcadas en las medidas cautelares adoptadas la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción en 2020, cuando se prohibió que en esa ladera montañosa se siguieran arrojando escombros. Esas medidas, de hecho, tenían un objetivo claro: proteger zonas de interés forense en las que se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. “Desde que los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar los crímenes en 2001, es la primera vez que se recuperan cuerpos en este sitio”, añadió la JEP en un comunicado.
Respecto al proceso de identificación de las víctimas, tanto la JEP como UBPD aseguraron que esas labores “avanzan de manera significativa” en dos de los casos, pues se habría logrado obtener perfil genético de las víctimas, abriendo la puerta a la posibilidad de que se pueda dar con su identidad. Frente a los otros dos cuerpos, la JEP indicó que las estructuras óseas están completas en un 85%, “lo que permite prever que también podrán ser identificadas”.
Por otra parte, el director del Instituto de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, le respondió a este diario sobre los hallazgos en La Escombrera que la entidad ha venido avanzando en el proceso “desde el punto de vista del análisis antropológico y genético. Con esa investigación genética ya tenemos unos resultados importantes que nos permiten orientar identificaciones”. Sin embargo, el funcionario agregó que “las identificaciones no terminan con la genética, pues hay que hacer procesos adicionales para constatar esos hechos pero hemos avanzado mucho”.
El reconocimiento a las familias buscadoras
La Jurisdicción también elevó un reconocimiento a las familias que desde el 2001 han estado buscando a sus familiares en La Escombrera. “Han sido precisamente los familiares de las víctimas quienes, durante décadas, solicitaron la intervención del Estado, insistiendo en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en los años 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín”, precisó la justicia especial.
Y es que no es para menos, pues, según registros de la UBPD, hay al menos 502 personas desaparecidas en la Comuna 13 de la capital antioqueña. Si bien la propia JEP aclaró que no se ha determinado si las víctimas encontradas en la montaña corresponden a desapariciones en el marco de la Operación Orión, el mayor operativo militar en zona urbana, el cual se extendió por siete barrios de la Comuna 13 y que buscaba erradicar la presencia de las milicias guerrilleras, es un opción que se baraja.
Según ha detallado la Jurisdicción, entre 2002 y 2003 se registró el mayor número de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, con 192 denuncias, lo que representa casi la mitad de los reportes documentados entre 1978 y 2016. El operativo, dirigido por Mario Montoya Uribe, para entonces comandante de la IV Brigada, y por Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana de Medellín (ambos llamados a versión libre por la JEP), dejó un saldo devastador para la población civil: cientos de personas fueron víctimas de desplazamiento, desapariciones, homicidios y otras formas de violencia.
Las familias de las víctimas, de acuerdo con lo reportado con la JEP, fueron un actor clave durante las labores de búsqueda. “Desde el inicio de la intervención, en julio de 2024, se turnan para ir a La Escombrera, de lunes a viernes, de 8.30 a.m. a 5.00 p.m. Allí, observan la intervención forense, realizan veeduría y al final del día reciben informes de los equipos forenses, acompañados de un equipo psicosocial. También tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre los hallazgos y del plan de trabajo, que luego registran minuciosamente en una bitácora para no perder de vista ningún detalle.”, señaló la entidad.
“Una de las cosas más importantes aquí es que logramos unir a las entidades para que trabajaran por nuestras familias, para traer la maquinaria, para que buscaran”, le dijo Luz Elena Galeano a la JEP, quien lleva 16 años sin saber nada de su esposo, Luis Javier Laverde, quien desapareció el 9 de diciembre de 2008 en el sector Belencito, en la Comuna 13 de Medellín.
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