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Este martes 9 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como genocidio el ataque sistemático contra el partido político Unión Patriótica (UP) y señaló como máximos responsables a cinco oficiales retirados del Ejército Nacional, a quienes imputó en calidad de coautores.
Entre ellos están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada 17. También fueron imputados los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que existió una intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica, motivo por el cual reclasificó el conjunto de hechos como un genocidio conforme al artículo 101 del Código Penal. Con esta determinación, el Caso 06 pasa oficialmente a llamarse “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”.
La JEP estableció que este genocidio dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas. Otras 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas y violencia sexual.
El ataque se dirigió a todas las estructuras del partido: militantes de base, liderazgos regionales y nacionales. Entre las víctimas figuran dos candidatos presidenciales, seis congresistas, 17 alcaldes y 165 concejales, muchos de ellos también líderes sociales.
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Además del crimen de genocidio, la JEP les atribuyó a los exmilitares el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Estas conductas, según la magistratura, fueron posibles por las acciones y omisiones de los comandantes y jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada 17 y el Batallón de Infantería 47 Francisco de Paula Vélez.
La investigación confirmó que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc” fue el mecanismo inicial del ataque, y coincidió con lo documentado por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los crímenes ocurrieron en todo el país, pero el 70 % se concentró en zonas donde la UP tuvo sus mayores resultados electorales: Urabá, Meta, Magdalena Medio, y, en menor medida, el Nordeste antioqueño, Sumapaz, el Sur del Tolima, Sarare, así como Bogotá y Medellín.
El caso de Apartadó fue señalado como emblemático del patrón nacional. En esta región del Urabá antioqueño se consolidó la alianza entre miembros del Ejército Nacional y grupos paramilitares orientada a desmantelar a la UP. Solo en ese municipio, uno de cada cuatro homicidios del periodo se registró en 1996.
Para establecer responsabilidades, la Sala de Reconocimiento contrastó 34 informes, cinco provenientes de entidades estatales y 29 de organizaciones de víctimas, y adelantó 139 diligencias de versión, 135 tomas de testimonio y la escucha de 105 víctimas y familiares. Además, realizó inspecciones a archivos de inteligencia de la antigua Brigada 20 y de la Brigada 17, donde halló evidencia clave.
La JEP determinó que, mientras la UP era señalada públicamente, sus integrantes fueron abandonados por la Fuerza Pública. Los mandos militares ignoraron de forma deliberada las denuncias sobre la operación paramilitar en Urabá y facilitaron condiciones para que estos grupos actuaran con amplia libertad y total impunidad.
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La Sala estableció que la estigmatización no fue un discurso marginal, sino un planteamiento sostenido dentro de las unidades de inteligencia. En documentos oficiales producidos durante su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINTE), el general (r) Iván Ramírez Quintero vinculó directamente a la UP con las Farc, aportando, según la JEP, elementos esenciales al patrón de persecución.
La investigación también reveló un contraste marcado en Urabá: mientras la Brigada 17 brindó protección al sindicato bananero Sintrainagro y al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, dejó completamente desprotegidos a los militantes de la UP. Esta omisión se produjo a pesar de que existían mapas detallados sobre la presencia del partido en fincas bananeras y de las reiteradas solicitudes de ayuda hechas por el Gobierno nacional.
Las imputaciones por coautoría
La imputación contra los cinco exmilitares se formuló a título de coautores porque los cinco comparecientes realizaron aportes esenciales al desarrollo del patrón macrocriminal. La Sala concluyó que estos aportes incluyeron tanto acciones, como la estigmatización desde las estructuras de inteligencia, como omisiones deliberadas, entre ellas la negativa a adoptar medidas de protección o a enfrentar a los grupos paramilitares.
Según la JEP, los altos mandos actuaron con pleno conocimiento del despliegue de violencia dirigido contra la UP y de los acuerdos de connivencia entre paramilitares y las unidades bajo su mando. Para la sala, sin sus decisiones y omisiones, “el suceso criminal no habría ocurrido de la manera en que se desarrolló”.
A partir de la revisión y contraste de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que la violencia ejercida contra la Unión Patriótica tuvo un carácter masivo, permanente y extendido, aunque con focos claros de concentración territorial. Según el análisis, esa persecución se desplegó mediante todas las modalidades posibles y alcanzó a cada nivel de la colectividad: desde la dirección nacional hasta los liderazgos regionales y las bases locales.
El tribunal estableció que la UP fue el movimiento político con el mayor número de víctimas fatales entre organizaciones políticas afectadas por el conflicto armado colombiano, con un 66,3 %. La Sala documentó que el intento de aniquilar a la UP se apoyó en todos los mecanismos de violencia disponibles.
Además de homicidios y desapariciones forzadas, se registraron 1.959 víctimas de desplazamiento forzado, 32 personas forzadas al exilio, 792 amenazas, 485 intentos de homicidio, 247 detenciones arbitrarias o procesos judiciales sin fundamento, 228 casos de tortura, 110 secuestros y 23 víctimas de violencia sexual.
El registro demuestra que este patrón violento se mantuvo sin interrupción: entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes sin que un militante de la UP fuera asesinado o desaparecido. La Sala identificó tres periodos especialmente críticos (1984-1993, 1994-1999 y 2000-2007) que coinciden con las coyunturas electorales de 1988, 1997 y 2003. Incluso en este último año, cuando el partido ya no contaba con personería jurídica, sus agresores continuaron con el objetivo de destruirlo.
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En total, se registraron hechos en 427 municipios del país, aunque el 59,1 % de las víctimas se concentró en tres zonas: Urabá, Ariari-Guayabero y el Magdalena Medio. Al presentar estos hallazgos, la JEP concluyó que “el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral”.
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