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En medio de las audiencias de seguimiento a las medidas cautelares implementadas sobre el Canal del Dique, en la Costa Caribe, la Jurisdicción Especial Para la Paz socializó los mecanismos que garantizarían los derechos de las víctimas de desaparición forzada frente al diseño y la ejecución de megaproyectos de transporte en el país, como es el caso de este Canal.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento aprobó tres documentos, el primero de ellos es un Protocolo Arqueológico Forense que tiene enfoque étnico y de género, diseñados específicamente para este proyecto. El segundo establece los Lineamientos Nacionales para la protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país y el último, es un plan de lucha contra la impunidad en el Canal del Dique.
Durante esta diligencia se acordó coordinar la intervención forense del cementerio del barrio Albornoz en Cartagena y se ordenó la construcción de una ruta de la memoria. Con estas y otras medidas, la JEP espera entregar una respuesta integral a las víctimas y sus comunidades. Según el órgano de justicia trancisional, pudieron haber sido más de 9.000 los desaparecidos en el canal.
La Jurisdicción hizo énfasis en que el desarrollo económico en el país debe armonizarse con los diferentes procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Por este motivo, en la construcción de estos lineamientos participaron autoridades nacionales como el Ministerio del Interior, el ICANH, la ANLA, el INML, la Ruta del Cimarronaje, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación y el concesionario del megaproyecto del Canal del Dique.
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