La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander y exgeneral de la Policía, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes a la verdad sobre presuntos vínculos políticos con estructuras paramilitares en Santander y su relación con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión quedó en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que determinará si el exmandatario cumple los estándares exigidos para acceder a beneficios jurídicos dentro del sistema transicional.
La audiencia, realizada ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López, fue ordenada por la Sección de Apelación de la JEP, que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para aclarar, ampliar y profundizar sus contribuciones, luego de que su solicitud de sometimiento fuera rechazada inicialmente por insuficiencia en sus aportes de verdad.
El exgobernador ya había pedido ingresar a la JEP, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas negó en primera instancia su sometimiento al considerar insuficientes sus explicaciones sobre sus presuntos nexos con estructuras paramilitares y otros hechos relacionados con el conflicto armado.
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Tras esa negativa, Aguilar interpuso un recurso de apelación y la Sección de Apelación revocó la decisión. En consecuencia, ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, con el objetivo de establecer si sus versiones aportan elementos suficientes para esclarecer hechos graves ocurridos durante el conflicto. La diligencia se desarrolló en dos momentos: una primera sesión el 24 de enero de 2024 y una segunda, definitiva, los días 4 y 5 de mayo de 2026.
Los vínculos con paramilitares que indagó la JEP
Durante la audiencia, los magistrados le preguntaron a Aguilar por su incursión en la política regional, el respaldo electoral que habría recibido del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y sus reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”.
Uno de los puntos centrales fue el aval otorgado por el partido Convergencia Ciudadana a su candidatura a la Gobernación de Santander y los presuntos acuerdos políticos con estructuras paramilitares para respaldar candidaturas en la región. En su testimonio, Aguilar reconoció haber tenido conocimiento del apoyo de las autodefensas a su campaña en 2003 y admitió no haber tomado medidas para rechazarlo.
“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, aseguró durante la diligencia, según informó la JEP. Además, señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique habría sido “directamente candidato de las Autodefensas” y mencionó a Alfonso Riaño, exrepresentante a la Cámara, como enlace para coordinar apoyos electorales con estructuras armadas.
Durante la diligencia, el exgeneral Aguilar también respondió preguntas sobre su paso por el Bloque de Búsqueda, grupo élite de la Policía, y negó que esa unidad hubiera recibido financiación de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, la operación se sostenía con recursos de entidades estatales y apoyo logístico de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la DEA, (...) encargada de apoyar logísticamente y también del pago de recompensas para informantes”, dijo.
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Concluidas las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si los aportes entregados por Aguilar Naranjo cumplen los estándares de verdad exigidos por la justicia transicional. El exgobernador quedó a la espera de que la JEP decida si será aceptado como compareciente y podrá acceder a los beneficios judiciales del sistema o si, por el contrario, su solicitud será nuevamente rechazada.
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