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JEP imputa a excomandantes de las Farc en Magdalena medio por crímenes de guerra

La jurisdicción encontró dos grandes patrones criminales cometidos por los extintos Bloques Caribe y Magdalena Medio. El proceso ya acumula 4.647 víctimas acreditadas.

Exmandos medios del Bloque Magdalena Medio de las exfarc reconocen sus crímenes ante las víctimas
La JEP documentó hechos de violencia cometidos por el Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc.
Foto: Archivo Particular

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a excomandantes de las Farc por crímenes graves cometidos por los extintos Bloques Caribe y Magdalena Medio de esa guerrilla en diez departamentos del norte y nororiente del país. La decisión, enmarcada en la investigación del Caso 10 aborda crímenes no amnistiables y constituye una imputación conjunta con el Caso 11 sobre violencias sexuales, reproductivas y de género. Según la propia JEP, los hechos ahora expuesto se mantuvieron en la impunidad en la justicia ordinaria.

De acuerdo con la jurisdicción especial, "el pronunciamiento judicializa hechos que en la justicia ordinaria mantuvieron tasas de impunidad dramáticas, donde «"más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar", registrando incluso un 100 % de impunidad en delitos como el desplazamiento y la desaparición forzada. Con esta actuación, la JEP busca responder "a 733 víctimas de los bloques Caribe y Magdalena Medio: campesinas y campesinos, docentes, líderes sociales, políticos, comunidades de fe, y víctimas militares y policiales", en un proceso que ya acumula 4.647 víctimas acreditadas.

Esta imputación es contra 11 antiguos comandantes guerrilleros que ejercieron el mando directivo y operacional en dichas estructuras. En primer lugar, se acusó a dos exintegrantes del último Secretariado: Rodrigo Londoño, quien fue conocido como "Timochenko" , y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como "Pastor Alape". Respecto al extinto Bloque Magdalena Medio, los imputados son Erasmo Traslaviña Benavides ("Jimmy Guerrero"), Pedro Trujillo Hernández ("Alberto Cancharina") y Jairo Reinaldo Cala Suárez ("Jairo Quintero" o "Jairo Mechas"). Por su parte, la imputación al Bloque Caribe, también conocido como Bloque Martín Caballero, se hizo contra Abelardo Caicedo Colorado ("Solís Almeida"), Osmany Landero Fajardo ("Hernando González"), Gilberto de Jesús Giraldo David ("Aldemar Altamiranda"), Luis Alejandro Cuadras Solórzano ("Leonardo Muñoz"), Uriel Antonio Oviedo Aldana ("Manuel Ortiz" o "Mañe") y Héctor Enrique Hernández López ("Fabio Borges").

La Sala concluyó formalmente que estos 11 comparecientes son "máximos responsables de los crímenes de guerra" e incurrieron en homicidio, desplazamiento forzado, también se encargaron de "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (como hospitales, escuelas e iglesias), matar o herir a traición (por medio de engaños)", tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual. De igual forma, la JEP les atribuyó los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, "tortura y otros actos inhumanos", así como violación y violencia sexual. La resolución enfatiza tajantemente la gravedad intrínseca de estas conductas delictivas al señalar que "por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial".

Según las investigaciones de la JEP, los hechos respondieron a dos grandes patrones. El primero, "control social y territorial" mediante la imposición de un régimen violento de gobernanza. Para la jurisdicción, ese patrón incluyó la persecución a supuestos enemigos o colaboradores de paramilitares y fuerza pública. Dice la JEP que el castigo por desobedecer "normas de convivencia" y la estrategia de "vacío de poder". Entre los acontecimientos resaltados está la masacre de la finca La Duquesa en Tibú, ocurrida en 2004, donde el Frente 33 amarró y ejecutó a "34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años". Asimismo, se documentaron sistemáticas agresiones contra organizaciones agrarias; persecuciones y ejecuciones de líderes religiosos como José Antonio Beltrán, Fredis Urueta y José Luis Cárdenas; homicidios de docentes frente a sus estudiantes como Hedis Chamorro e Isaac Galván; asesinatos y secuestros de alcaldes y concejales en municipios como Chalán, Colosó, Chima y Chipatá; y el uso deliberado de la violencia sexual como "dispositivo de castigo, disciplina e intimidación".

El segundo patrón establecido corresponde a las acciones perpetradas durante el desarrollo de las hostilidades caracterizada por tomas urbanas con explosivos artesanales de baja precisión, emboscadas y graves violaciones al DIH. Destaca la toma de Chalán (Sucre) en 1996, donde el Frente 35 detonó un "burro bomba” con 50 kilogramos de explosivos matando a 11 policías y fusilando a cuatro agentes rendidos en el cementerio, convirtiendo al municipio en "el pueblo candado". Adicionalmente, se registran el ataque en San Calixto (2011) que mató a tres miembros de una misma familia (incluida una recién nacida); la detonación de un carro bomba por el Frente 33 frente a Caracol Radio en Bogotá (2010) para dar un "golpe de opinión"; la emboscada en La Ye, en Cesar en 1999 con ejecuciones a "tiros de gracia"; el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe en Barranquilla (2002) mediante un carro de helados cargado con explosivos que dejó cinco muertos y una niña amputada; los atentados en Cartagena; y los continuos sabotajes de infraestructura como la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, la emboscada a la comisión del CTI y DAS en Tibú y el derrame masivo de crudo en el río Catatumbo (2015) por la Columna Móvil Ruiz Barí, acuífero acreditado como víctima del conflicto.

En el plano procesal, los 11 excomandantes imputados disponen de un plazo hasta el 8 de diciembre del año en curso para manifestar por escrito si aceptan o rechazan los hechos y su responsabilidad. Adicionalmente, la JEP fijó como fecha límite el 8 de febrero de 2027 para que los comparecientes aporten verdad detallada y suministren información que permita ubicar a "54 personas por quienes sus familiares han preguntado en el proceso y cuyo paradero aún se desconoce", plazo en el que las víctimas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones. En caso de aceptar la responsabilidad y aportar verdad, los acusados acudirán a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad y podrán acceder a "sanciones restaurativas (…), que incluyen restricciones efectivas de la libertad y de otros derechos, sin cárcel". Por el contrario, si niegan su responsabilidad, los casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para enfrentar un juicio contradictorio en el que podrían ser condenados a penas de "hasta 20 años de prisión".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Jon Lindsay(ua6yh)•04 de noviembre de 2026 – 06:19
    Y hay los que todavía mantienen que la JEP no sirve de nada, y que las Farc salió de los Acuerdos con impunidad…
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