La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de 12 exintegrantes de las Farc de siete subestructuras de la extinta guerrilla que operaron en Cauca y Valle del Cauca. Esta es la segunda imputación regional que adelanta la justicia especial en el marco del macrocaso 05, el cual investiga la situación territorial de esos dos departamentos y que, además, tiene el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP con más de 200.000 personas y un total de 138 organizaciones.
Los comparecientes, según dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz durante una rueda de prensa, fueron llamados a responder ante la justicia por 14 crímenes que fueron identificados en más de 5.000 hechos violentos, que ocurrieron en 14 municipios del norte del Cauca y cinco en el Valle del Cauca. De acuerdo con el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y el magistrado Raúl Sánchez, relator del macrocaso 05, los firmantes ya aceptaron su responsabilidad por escrito, y se preparan para hacerlo a través de una audiencia pública de reconocimiento.
Durante sus pesquisas, la JEP encontró responsables a los 12 ex-Farc de crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, persecución y otros actos inhumanos. Y, sobre los crímenes de guerra, señaló que se cometieron homicidios, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento forzado; utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas; empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; atentados contra la vida y la integridad corporal; por dirigir ataques contra la población civil a través de las llamadas “tomas guerrilleras” y destrucción del medio ambiente y de destrucción de bienes culturales y de lugares de culto.
Según dio a conocer la propia Jurisdicción, la decisión de la Sala se dio luego de adelantar una extensa contrastación judicial que incluyó el análisis de al menos 20 informes de organizaciones de víctimas, siete versiones colectivas y 50 versiones individuales. Los apoyos de la justicia ordinaria también fueron determinantes para el llamado a imputación, pues también basó su decisión en informes de la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, así como de las observaciones que hicieron víctimas a lo dicho por los comparecientes.
“Como parte de la investigación, se incluyeron versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana. En estas audiencias, 31 comparecientes con pertenencia étnica fueron escuchados”, añadió la JEP. A través de versiones voluntarias, agregó la justicia especial, “los firmantes entregaron a la JEP y a las víctimas documentos de aporte temprano a la verdad y realizaron actos restaurativos en los que reconocieron afectaciones causadas frente a delegados de las víctimas indígenas, afrocolombianas y campesinas”.
Los 12 responsables
De los 12 responsables que fueron imputados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad en Cauca y Valle del Cauca se encuentra uno de los miembros del antiguo secretariado de esa guerrilla: Pablo Catatumbo Torres. Los otros firmantes fueron identificados bajo los alias de ‘Francisco González’ o ‘Pachochino’, ‘Matías Aldecoa’, ‘Miguel Ángel Pascuas’, ‘Calixto’, ‘Carlos Antonio’, ‘Alirio’, ‘William’, (conocido también como ‘El Paisa’), ‘Vladimir’, ‘Juvenal’, ‘Pacho Quinto’ y ‘Mama Juana’. “Los nombres con los que los comparecientes se registraron al hacer su tránsito a la vida civil se mantienen en reserva por razones de seguridad en la región”, precisó la JEP.
Las siete estructuras a las cuales hacían parte los comparecientes son: Comando Conjunto de Occidente (también conocido como Bloque Occidental desde 2012), al Bloque Móvil Arturo Ruiz, Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. “Las dinámicas del territorio lo convirtieron en un escenario en disputa por otras guerrillas como el ELN y estructuras paramilitares como el Bloque Calima y también la Fuerza Pública. Por esta razón las Farc crearon estructuras como el Bloque Occidental y el Frente 6º, cuyos comandantes hoy están compareciendo ante la JEP y a la fecha han cumplido con el Acuerdo Final de Paz”, anotó la justicia especial.
¿Qué sigue en la investigación?
La JEP estableció que, una vez notificada la decisión a los antiguos miembros de las Farc, tendrán 30 días hábiles para reconocer (o no) los hechos por los cuales se adelantó la imputación. De igual manera, las víctimas, así como la Procuraduría, también podrán presentar en ese mismo tiempo las observaciones frente al auto de imputación.
En caso de que los firmantes reconozcan su responsabilidad y haya aportes a la verdad, la JEP convocará a la audiencia de reconocimiento, donde la sala se encargará de emitir una resolución de conclusiones para definir la situación jurídica de los 12 comparecientes. “Antes de establecer los trabajos, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, esta instancia de la JEP verifica que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales”, agregó el órgano de justicia transicional.
Sin embargo, en el caso de que los comparecientes nieguen su responsabilidad en los hechos y conductas dictadas por la JEP, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP. Allí, luego de enfrentar un juicio adversarial, y en caso de ser hallados culpables, podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión.
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