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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva cinco años tratando de avanzar en el expediente por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado sin ningún éxito. El pasado 4 de julio, en un auto de 80 páginas, la Sala de Reconocimiento de Verdad declaró que esta instancia de justicia transicional sí tiene competencia para revisar ese y otros seis homicidios que jefes guerrilleros ya confesaron haber cometido.
Además del caso de Gómez Hurtado, en esta misma decisión la JEP resolvió confirmar la competencia en los expedientes por los homicidios del general Fernando Landazabal Reyes, ocurrido el 12 de mayo de 1999; el de Hernando Pizarro Leongómez, hermano de Carlos Pizarro, perpetrado el 25 de febrero de 1995; el del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, ejecutado el 15 de noviembre de 1987; el del economista Jesús Antonio Bejerano, cometido el 15 de septiembre de 1999, y el del exguerrillero José Fedor Rey, ocurrido el 20 de junio de 2002.
Pese a la decisión, El Espectador pudo establecer que la familia de Gómez Hurtado volverá a apelar la decisión, pues lleva años pidiendo que la JEP no asuma esa investigación. Para su defensa, quien debe investigar el crimen, declarado de lesa humanidad en 2017, es la Fiscalía, pues asegura tener pruebas de que las Farc no estuvieron detrás del caso.
Sin embargo, en esta decisión de la JEP, que después de la confesión de exaltos mandos de las Farc en 2020 había abierto el proceso, esta instancia de justicia transicional confirmó que sí hay elementos para investigar el caso en su jurisdicción por tratarse de la responsabilidad de los exguerrilleros. Quienes confesaron los crímenes los exintegrantes del Secretariado, Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria y lo hicieron en octubre de 2020 a través de una carta.
Según el auto de la JEP, en su poder hay declaraciones de esos comparecientes, y otros mandos medios, que confirmaron la confesión de los jefes guerrilleros, así como otras pruebas que apuntarían a la responsabilidad de las Farc en el crimen. Entre ellas, se lee en el documento, hay mensajes que se cruzaron Carlos Antonio Lozada, alias Tirofijo y alias el Mono Jojoy “donde confirmarían la autoría de esa guerrilla sobre este homicidio”.
Sin embargo, la JEP aclaró que no ha podido comprobar la autenticidad de esas comunicaciones. “En cuanto a la competencia material, la Sala de Reconocimiento evidencia que de la información recaudada hay una inferencia razonable de que los hechos están relacionados con el conflicto”, se lee en la decisión.
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