JEP levanta la reserva en testimonios de militares de “falsos positivos”

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tomó la decisión de levantar la reserva que tenía sobre algunas de las versiones que han entregado los comparecientes en dos de las investigaciones priorizadas dentro del macrocaso 03, correspondiente a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado, conocidas comúnmente como falsos positivos.

En su comunicado, la JEP aclaró que la decisión abarca los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, correspondiente al Batallón la Popa, en los que se investigan estas ejecuciones extrajudiciales. Según esta jurisdicción “se trata de los dos procesos que se encuentran en etapa de reconocimiento de responsabilidad, después de que la magistratura emitió los Autos de Determinación de Hechos y Conductas en los que imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los involucrados”.

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Según la JEP, la reserva se le levantará a 81 versiones voluntarias y 10 escritas que se tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil. Así mismo, esta justicia manifestó que “todos fueron imputados como máximos responsables dentro de la investigación en la que se identificaron planes, patrones y políticas criminales en las que participaron”.

Así mismo, la decisión de esta jurisdicción contempla poner que estas versiones sean puestas a disposición del público a través de los canales digitales de la JEP. Los videos, dijo esta jurisdicción, serán subido a al canal de YouTube de la JEP en el que se conocerán todas las versiones voluntarias que habían sido entregadas por las víctimas de estos dos subcasos. A pesar de esta decisión, los magistrados de la Sala pidieron “anonimizar cualquier dato que permita dar con la ubicación de los comparecientes”.

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Tras cuatro años de su puesta en marcha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer sus primeras imputaciones por el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, fenómeno de guerra en el que civiles inocentes fueron asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército. El pasado 6 de julio, 10 antiguos militares en El Catatumbo, entre ellos el general (r) Paulino Colorado, fueron llamados a reconocer su responsabilidad.

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Al igual que en el caso Catatumbo, conocido por ser el epicentro de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha, la JEP señaló a los 15 militares del Batallón La Popa como miembros de una posible “organización criminal”. La Sala de Reconocimiento de la justicia transicional concuerda en que existía una sed por resultados, sin importar los medios, y que altos mandos habrían ofrecido premios a cambio de bajas. En particular, se le reprocha al batallón agredir a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y la alianza con el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo -Jorge 40-.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tomó la decisión de levantar la reserva que tenía sobre algunas de las versiones que han entregado los comparecientes en dos de las investigaciones priorizadas dentro del macrocaso 03, correspondiente a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado, conocidas comúnmente como falsos positivos.

En su comunicado, la JEP aclaró que la decisión abarca los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, correspondiente al Batallón la Popa, en los que se investigan estas ejecuciones extrajudiciales. Según esta jurisdicción “se trata de los dos procesos que se encuentran en etapa de reconocimiento de responsabilidad, después de que la magistratura emitió los Autos de Determinación de Hechos y Conductas en los que imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los involucrados”.

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Según la JEP, la reserva se le levantará a 81 versiones voluntarias y 10 escritas que se tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil. Así mismo, esta justicia manifestó que “todos fueron imputados como máximos responsables dentro de la investigación en la que se identificaron planes, patrones y políticas criminales en las que participaron”.

Así mismo, la decisión de esta jurisdicción contempla poner que estas versiones sean puestas a disposición del público a través de los canales digitales de la JEP. Los videos, dijo esta jurisdicción, serán subido a al canal de YouTube de la JEP en el que se conocerán todas las versiones voluntarias que habían sido entregadas por las víctimas de estos dos subcasos. A pesar de esta decisión, los magistrados de la Sala pidieron “anonimizar cualquier dato que permita dar con la ubicación de los comparecientes”.

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