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Esta semana, un grupo de víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos, solicitaron a la Fiscalía que adelantara imputación de cargos contra el general retirado del Ejército, Mario Montoya Uribe, por su presunta responsabilidad en el homicidio de al menos 50 personas. Montoya, quien se desempeñó como comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que lo investiga desde 2018 por estas ejecuciones.
El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que en los próximos días le imputarán cargos al excomandante del Ejército, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales, dentro de las cuales, según manifestó, hay incluidos cinco menores de edad. Estos homicidios, de acuerdo a lo dicho por el fiscal, fueron ejecutados por tropas del Ejército entre 2007 y 2008, años en los que estaba activa una directriz del Comando de las Fuerzas Militares, en la que se ordenaba dar prioridad a la desmovilización y captura de guerrilleros, que a dar de baja en combate a los mismos.
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La Fiscalía asegura tener pruebas suficientes de que a pesar de la mencionada directriz, las ejecuciones, según dicen, incentivadas por Montoya, se siguieron realizando. Por tal razón, según el fiscal general, pedirá la próxima semana una audiencia en la JEP para imputar al militar por el delito de homicidio agravado. Esta acción del ente investigador es posible, a pesar de que el caso está siendo llevado por la JEP, gracias a la circular 005 de 2021 de la Fiscalía. Antes de esta, no estaban facultados para actuar por la circular 003 de 2019, emitida por el exfiscal encargado Fabio Espitia.
La mencionada circular aclara que el ente investigador mantiene la competencia de los casos hasta tres meses antes de que la JEP anuncie la emisión de la resolución de conclusiones sobre los mismos. Sin embargo, dicho documento no permitía al ente investigador realizar práctica de pruebas, citaciones, imputaciones, archivos, interrogatorios o toma de testimonios, entre otros.
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Ante estas imposibilidades de actuación para la Fiscalía, Francisco Barbosa, por petición e insistencia de las víctimas, expidió la circular 005 de 2021. Este documento, que no solo deroga la circular del 2019, faculta al ente investigador para adelantar todo tipo de acciones que permitan avanzar con la investigación de casos que se lleven en la JEP. Uno de los argumentos de Barbosa para la expedición de este, es que es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que son de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido.
A pesar de las manifestaciones del fiscal Barbosa, la defensa del militar, en cabeza del abogado Andrés Garzón, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna actualización en el proceso. Adicionalmente, el defensor sostuvo que ninguna persona en Colombia puede ser juzgada por dos instituciones diferentes.
Así mismo, dijo Garzón en entrevista con Blu Radio, que “lo que pretende la Fiscalía es un acto que va en contra de la ley, ya que todos estos hechos son llevados por la Justicia Especial para la Paz y una persona no puede ser juzgada por dos jurisdicciones en Colombia”. Igualmente, manifestó que “es claro que quien se haya sometido voluntariamente a la JEP tiene que seguir siendo investigado y llevar el proceso en la JEP”, tal como es el caso del excomandante del Ejército.
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A pesar de que el caso del retirado Montoya esté bajo la JEP, la Fiscalía podía seguir haciendo investigaciones de los hechos, pero sin tomar una decisión de fondo. Para el abogado del militar, el hecho de que ahora el ente investigador pretenda imputarle cargos a su defendido es ese tipo de decisión, por lo cual anunció que interpondrá ante la Corte Constitucional un conflicto de competencias, para que sea el alto tribunal el que determine ante qué jurisdicción deberá responder su defendido.
La confianza del abogado en que la Corte Constitucional rechace las pretensiones de la Fiscalía se fundamentan en que Montoya ya ha respondido ante la JEP que se considera inocente de los delitos por los que se le acusa. Según el defensor, el hecho de que el ente investigador le pregunte sobre lo mismo, pero en otra jurisdicción, no es posible porque se le trataría de imputar por algo que el militar retirado ya contestó.
Montoya, quien desde su entrada a la JEP en 2018 dijo que no aceptaría culpas ni responsabilidades por los falsos positivos, se ha mantenido firme en sus declaraciones, tanto así, que en septiembre del año pasado las víctimas le solicitaron a esa jurisdicción que lo expulsara porque, según ellos, no estaba cumpliendo con la verdad. A pesar de sus múltiples negaciones, el general (r) Montoya ha sido señalado, por varios militares de distintos rangos, de haber participado e incentivado las ejecuciones de los civiles, ya que, según dicen los militares que lo señalaron, Montoya no exigía capturas sino bajas.