Dentro del caso que investiga los delitos que se cometieron durante el conflicto armado en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar a cinco exmiembros de la Fuerza Pública. Se trata del coronel (r) Robinson González del Río, el general (r) Hernando Pérez Molina, los sargentos retirados Graciliano Otálora y Gerardo José Torres y el soldado profesional (r) José Wladimir Papamija.
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Todos fueron llamados por presuntos casos de falsos positivos y desapariciones que se cometieron en esas dos regiones del sur del país. El general (r) Pérez Molina fue citado por su presunta participación como comandante de la III División del Ejército en ejecuciones extrajudiciales realizadas en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca. Por su parte, Robinson González del Río tendrá que entregar información por su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas en varios municipios del norte del Cauca, especialmente como parte del batallón de contraguerrilla N° 57 Mártires de Puerres.
Por último, tanto los sargentos como el soldado retirado deberán declarar por otros hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y violación a derechos humanos de la población civil en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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Por este caso ya fueron imputados 10 exintegrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas FARC por hechos cometidos por esta extinta guerrilla en los 17 municipios priorizados en esa región del país. En ese caso ya han sido escuchados los testimonios de los principales líderes del extinto Bloque Calima de las AUC quienes han manifestado la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca.
En octubre, pasado Robinson González del Río no fue expulsado de la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que el coronel retirado sí violó el régimen de condicionalidad, pero no lo expulsó como pedían las víctimas. La decisión la tomó la JEP luego de adelantar una audiencia en la que evaluó si del Río debía ser expulsado o no del sistema transicional. Lo anterior, luego de que el exmilitar fuese capturado el año pasado por presuntamente trabajar con el grupo criminal La Cordillera.
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