JEP llama a Rodrigo Granda y “Joaquín Gómez” a declarar en el caso Álvaro Gómez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras revisar las versiones entregadas por el antiguo secretariado de las Farc sobre el magnicidio de del político, ordenó la declaración de los exjefe guerrilleros sobre este hecho, ya que son los únicos excomandantes que no han entregado su declaración. Los comparecientes también deberán entregar su versión sobre el asesinato del general Fernando Landazabal Reyes.
Los miembros del último secretariado de las extintas Farc, Milton Toncel, conocido como Joaquín Gómez, y Rodrigo Granda, fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a rendir versión escrita sobre lo que puedan conocer del asesinato del general Fernando Landazabal Reyes y del magnicidio del político Álvaro Gómez Hurtado. Esta decisión nace de varias solicitudes elevadas ante la JEP por el representante de la familia del asesinado general.
En contexto: La JEP aún no se ha casado con la versión de las Farc en el caso de Álvaro Gómez
La decisión de la Sala de Reconocimiento llegó al revisar que desde la fecha en la que el último secretariado de la extinta guerrilla asumió su responsabilidad en el asesinato del líder conservador de la Constituyente de 1991, ninguno de estos dos comparecientes han sido llamados a entregar su testimonio sobre este hecho.
Por esto, la JEP le ordenó a los dos miembros del último secretariado que entregaran, en un término máximo de un mes, un texto escrito que será su aporte temprano a la verdad sobre los hechos que llevaron a la muerte del dirigente conservador. Además, los representantes de las víctimas tendrán cinco días hábiles para formular las preguntas que crean correspondientes para realizarle a los dos comparecientes.
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La JEP ordenó estas medidas después de que el abogado de la familia del general Fernando Landazabal Reyes solicitara la práctica de diversas pruebas para establecer la verdad sobre el asesinato del militar. La jurisdicción ordenó que se entregaran los testimonios de los dos comparecientes, ya que estos aparecen como firmantes de la carta en la que el antiguo secretariado se compromete a aportar verdad sobre varios hechos en los que se encuentran los asesinatos de Landazabal y Gómez Hurtado.
El testimonio de los comparecientes llega dentro del marco de la investigación previa que adelanta la JEP sobre estos hechos. La investigación previa se encuentra ad portas de concluir, ya que tiene como fecha limite el año que se encuentra en curso para culminar con esta etapa del proceso que adelanta la jurisdicción de paz.
Lea también: Asesinato Álvaro Gómez: Fiscalía vincula como persona ausente a “Iván Márquez”
A pesar de que la JEP ordenó adelantar los aportes tempranos a la verdad que pedía el representante de la familia de Landazabal Reyes, la jurisdicción decidió negar las otras pruebas solicitadas por el abogado. Esto, debido a que en la etapa en la que se encuentra el proceso, los participantes solo pueden aportar pruebas, no solicitar la práctica de estas. Por esto, la sala invitó al abogado a que entregue documentos relevantes o indique líneas posibles de investigación que pueda seguir la Sala.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Los miembros del último secretariado de las extintas Farc, Milton Toncel, conocido como Joaquín Gómez, y Rodrigo Granda, fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a rendir versión escrita sobre lo que puedan conocer del asesinato del general Fernando Landazabal Reyes y del magnicidio del político Álvaro Gómez Hurtado. Esta decisión nace de varias solicitudes elevadas ante la JEP por el representante de la familia del asesinado general.
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La decisión de la Sala de Reconocimiento llegó al revisar que desde la fecha en la que el último secretariado de la extinta guerrilla asumió su responsabilidad en el asesinato del líder conservador de la Constituyente de 1991, ninguno de estos dos comparecientes han sido llamados a entregar su testimonio sobre este hecho.
Por esto, la JEP le ordenó a los dos miembros del último secretariado que entregaran, en un término máximo de un mes, un texto escrito que será su aporte temprano a la verdad sobre los hechos que llevaron a la muerte del dirigente conservador. Además, los representantes de las víctimas tendrán cinco días hábiles para formular las preguntas que crean correspondientes para realizarle a los dos comparecientes.
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El testimonio de los comparecientes llega dentro del marco de la investigación previa que adelanta la JEP sobre estos hechos. La investigación previa se encuentra ad portas de concluir, ya que tiene como fecha limite el año que se encuentra en curso para culminar con esta etapa del proceso que adelanta la jurisdicción de paz.
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A pesar de que la JEP ordenó adelantar los aportes tempranos a la verdad que pedía el representante de la familia de Landazabal Reyes, la jurisdicción decidió negar las otras pruebas solicitadas por el abogado. Esto, debido a que en la etapa en la que se encuentra el proceso, los participantes solo pueden aportar pruebas, no solicitar la práctica de estas. Por esto, la sala invitó al abogado a que entregue documentos relevantes o indique líneas posibles de investigación que pueda seguir la Sala.
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