La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una nueva decisión sobre las medidas destinadas a proteger la memoria y la verdad de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985. Al resolver una apelación de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Urán, quien fue asesinado durante esos hechos, ordenó al Ministerio de Defensa instalar una placa conmemorativa en la entrada del Cantón Norte y otra en las caballerizas de esa sede militar.
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La segunda placa fue el centro de la petición de Urán. Aunque la JEP ya había ordenado poner una en la entrada del Cantón Norte, ella consideró insuficiente dejar por fuera el lugar al que fueron llevados sobrevivientes del Palacio. La Sección de Apelación le dio la razón: señaló que las caballerizas fueron escenario de torturas y ejecuciones, y que recordar los hechos únicamente desde el exterior no permite identificar el sitio donde ocurrieron esas violaciones de derechos humanos.
Según la decisión, ubicar una placa dentro de las instalaciones también busca que quienes hoy trabajan allí conozcan ese pasado. Para la Sección de Apelación, la medida puede promover una reflexión crítica en los miembros del Ejército sobre la actuación de integrantes de la Fuerza Pública durante y después de la retoma del Palacio de Justicia. En el auto, la JEP recoge hallazgos de las comisiones de la verdad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas que salieron vivas del edificio, fueron trasladadas a instalaciones militares y sufrieron torturas y desaparición forzada.
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Las dos placas deberán reconocer que esos lugares estuvieron vinculados con graves violaciones de derechos humanos y llevar un mensaje orientado a la verdad, la dignificación de las víctimas y la no repetición. El texto no está definido: el Ministerio de Defensa tendrá que convocar a las familias para acordarlo, con el acompañamiento de las oficinas de Justicia Restaurativa y Memoria Histórica de la JEP. Una vez elaboradas, las placas deberán entregarse en un acto público en el que se prioricen las voces de las víctimas.
El Ministerio cuenta con tres meses a partir del auto, fechado el 16 de septiembre de 2026, para instalar las placas. Cumplido ese plazo, deberá presentar un informe dentro de los cinco días siguientes. La decisión también confirmó las demás medidas de memoria que habían sido apeladas, entre ellas las relacionadas con los alrededores del Cantón Norte y otros lugares vinculados con los hechos del Palacio de Justicia.
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Además del Cantón Norte, la medida por la memoria también busca proteger otros lugares simbólicos del holocaustro del Palacio de Justicia. Por ejemplo, la Casa del Florero y el Cementerio del Sur. El primero es conocido como el lugar a donde el Ejército trasladó a las personas que salieron vivas del Palacio y las separaron en grupos, en los que perfilaron a varias víctimas que fueron torturadas y desaparecidas. El segundo fue el lugar donde cuerpos sin identificar fueron inhumados sin ningún proceso de identificación correcto.
La importancia del Cantón Norte en la historia del Palacio de Justicia
Esta sede militar, ubicado al norte de Bogotá, es clave en la historia del holocausto, especialmente por lo que ocurrió después de que algunas personas salieran con vida del edificio. Durante la retoma del 6 y 7 de noviembre de 1985, sobrevivientes fueron conducidos primero a la Casa del Florero, donde militares los interrogaron. Según los hallazgos citados por la JEP, varios fueron trasladados posteriormente a la Brigada XIII y a la Escuela de Caballería, en el Cantón Norte. Para algunos fue un lugar de paso. Para otros, el último sitio donde se conoció su paradero.
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La decisión de la JEP recoge testimonios de personas que denunciaron haber sido golpeadas y torturadas en esas instalaciones. También cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y los trabajos de las comisiones de la verdad, que reconstruyeron traslados hacia la Escuela de Caballería. De acuerdo con uno de los testimonios recogidos en esos informes, las personas retenidas fueron llevadas a distintas pesebreras. Esa es la razón por la que Helena Urán insistió en que la memoria de los hechos debía quedar también dentro de las caballerizas, y no solamente en la entrada del Cantón Norte.
La Sección de Apelación acogió ese argumento. A su juicio, una placa en la entrada identifica la sede militar, pero no señala el espacio al que fueron llevadas las víctimas. Poner otra en las caballerizas busca que ese lugar y lo que ocurrió allí formen parte de la memoria de quienes trabajan hoy en las instalaciones del Ejército.
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