JEP ordenó medidas cautelares en Cementerio Central de Neiva

Los cementerios municipales y locales han sido lugares de inhumación irregular de cuerpos. Lo cual ha hecho de estos espacios puntos estratégicos para buscar a personas desaparecidas.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva -que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883-, para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado. La decisión se tomó luego de realizar una audiencia pública esta semana en Neiva, Huila, para determinar el riesgo en que se encontraban los procedimientos de inhumación, exhumación, marcación e identificación de los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados que no han sido reclamados.

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Las medidas cautelares son tomadas por la JEP con el fin de evitar la afectación de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada con ocasión del posible traslado del Cementerio Central de Neiva. Según lo ordenado por el Tribunal, los administradores del cementerio y los custodios de los cuerpos de los cuerpos. Además, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación de Huila deberán solicitar el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para realizar la debida marcación de las bóvedas de la cuerpos no identificados y los identificados que no han sido reclamados.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentó un dato importante de su trabajo en el cementerio: “143 personas podrían ser víctimas de desaparición forzada, pero la cifra de los identificados que no han sido reclamados no se pudo establecer con certeza, debido a que hay una mezcla del universo de personas no identificadas con las personas que fueron identificadas no reclamadas”. Además, la UIA prendió las alarmas sobre las fachadas de los mausoleos ya que no están debidamente marcadas y en las bóvedas se encuentran entre una, dos y hasta tres personas en un mismo lugar sin ser individualizadas.

Los magistrados de esa Sección señalaron que la existencia de un riesgo “actual e inminente” respecto de los cuerpos que se encuentran en varios puntos del camposanto, entre ellos, el monumento 14, el osario y la fosa común del Cementerio Central de Neiva, lugares que fueron visitados por los funcionarios de la jurisdicción, previamente a la realización de la diligencia. “La Sección identificó un riesgo latente frente a un futuro traslado del cementerio. De llegar a materializarse un plan de reubicación sin haber atendido antes las dificultades que ponen en peligro los cuerpos inhumados en el cementerio, esto aumentaría la posibilidad de mezcla y pérdida de estos”, informó la JEP a través de un comunicado de prensa.

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La JEP le ordenó a Medicina Legal y la Parroquia de La inmaculada Concepción enviar la información respecto de la actualización de bases de datos e informar acerca del estado del cementerio de Neiva. Durante la audiencia pública, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, Asfaddes y la Corporación Reiniciar solicitaron a la JEP la protección de los cuerpos no identificados en el Cementerio Central y realizar un cruce de información de las inhumaciones antes del año 2000, hasta 2007 y después de 2007. Además, la JEP le pidió a la FIscalía información sobre tres casos de dos desaparecidos: Tarsicio Medina Charry (desaparecido el 19 de febrero de 1988) y Albeiro Ordóñez (desaparecido el 27 de septiembre de 2010).