Comisión Judicial asume expediente por publicación de contratos de vacunas COVID

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo de Estado, a través de un comunicado de prensa, le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General que inicien investigaciones para identificar a los funcionarios rompieron la cadena de custodia de contratos firmados entre el Gobierno de Iván Duque y las farmacéuticas para adquirir vacunas contra el COVID-19 en Colombia. En las últimas horas, el alto tribunal reconoció que información confidencial sobre contratos fue divulgada tras cargarse al sistema de información judicial.

“Solicito al Consejo Superior de la Judicatura el apoyo y acompañamiento a la oficina de sistemas del Consejo de Estado, para la realización de una auditoría con expertos en seguridad informática que permita conocer la trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos estaban sometidos”, manifestó el Consejo de Estado en un comunicado de prensa.

En el comunicado se informa que el Consejo de Estado también “pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realicen las investigaciones a las que haya lugar (...)Con ocasión de los hechos presentados en el trámite de la acción de tutela con radicado 110010315000200210331300, en cuyo proceso, se incorporó al sistema de gestión judicial el documento Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer Export BV (PEBV) Y Fiduprevisora S.A”.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de su presidente, el magistrado Julio Sampedro Arrubla, le ordenó a la Seccional de Cundinamarca del organismo que él preside para que investiguen qué sucedió. El error se dio porque el Tribunal de Cundinamarca había ordenado revelar esos documentos, ya que algunos laboratorios interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando la confidencialidad de los contratos.

Por lo anterior, el Consejo dijo que cumpliendo un fallo que niega una tutela presentada por la empresa Janssen Cilag S. A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, “se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso”. Tal fallo fue cargado a la plataforma del sistema de gestión judicial que, de inmediato, pudo ser consultado por cualquiera que accediera a este sitio.

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Ese trámite judicial fue liderado por Camilo Enciso, quien lidera el Instituto Anticorrupción. De acuerdo con el documento, publicado en Twitter por el antiguo miembro del gobierno de Juan Manuel Santos, el actual Gobierno Nacional habría pagado US $12 (dólares) por cada dosis de Pfizer, es decir, alrededor de $35.000 (pesos colombianos), y US$ 6 por cada dosis de AstraZeneca (unos $20.000).

En las 132 páginas hay varios detalles sobre los puntos fundamentales que pactó Pfizer con Colombia. Uno tiene que ver con la forma en que el Gobierno debía realizar los pagos y las condiciones para que fueran enviadas vacunas al país. Entonces, acordaron que el comprador debía dar un anticipo de US$19 millones 999 mil 980 (dólares). “Pfizer”, se lee, “no estará en la obligación de despachar o entregar producto hasta no recibir el pago del anticipo y del precio de entrega”. Además, señala, el “comprador deberá pagar todos los montos adeudados en dólares americanos a Pfizer por cada lote de la vacuna a más tardar 10 días antes de la fecha estimada de arribo al puerto de ingreso a Colombia (...) El pago total de cada lote es condición para suministrar cada lote futuro”.

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Ante las críticas que ha recibido Enciso y otras personas y medios de comunicación, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Dejusticia se pronunciaron al respecto: “Esto ya pasó en Europa: a finales del 2020, una ministra de Bélgica publicó accidentalmente en su cuenta de Twitter los precios de las vacunas para la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pfizer manifestó su inconformismo pero no dejaron de entregarles vacunas”.

Y agregaron que: “En el mundo ya se han conocido más de 100 contratos de vacunas anticovid, ya sea por filtraciones, órdenes judiciales, derechos de petición o decisión de los gobiernos. En todos estos países han seguido vacunando. Insistimos en la importancia de transparentar la información pública, y estos contratos no son la excepción. Rechazamos los reclamos de funcionarios del gobierno nacional contra quienes han difundido esta información. Reiteramos que de ninguna manera se les puede responsabilizar por lo que pase con el plan de vacunación”.