Una de las grandes incógnitas que ha acompañado la vacunación contra el COVID-19 en el mundo tiene que ver con el precio que cada país pagó por ellas. Es una pregunta que aún no tiene respuestas claras, pues los contratos que firmaron con las farmacéuticas han permanecido confidenciales y con ellos el valor de cada dosis. Sin embargo, poco a poco han sido publicadas algunas pistas sobre esas sumas en algunos países. Colombia, ayer, entró a ese grupo gracias a una revelación que hizo el Instituto Anticorrupción y que muestra detalles del acuerdo al que llegó el Gobierno con Pfizer-BionTech y con AstraZeneca. (¿Qué sabemos sobre la variante que predominó en Colombia en el tercer pico?)
De acuerdo con el documento, publicado en Twitter por Camilo Encizo, director de ese Instituto, el Gobierno habría pagado US $12 (dólares) por cada dosis de Pfizer, es decir, alrededor de $35.000 (pesos colombianos), y US$ 6 por cada dosis de AstraZeneca (unos $20.000).
La revelación fue hecha luego de que el Consejo de Estado negó una tutela a Janssen en medio de un proceso jurídico que había liderado Encizo para que fuesen revelados los contratos de las vacunas. (En este artículo puede conocer más sobre ese proceso). Inmediatamente, como era de esperarse, generó inquietud al interior del Gobierno.
“Esos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”, le respondió en Twitter Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia, a Camilo Encizo. De hecho, el link original donde estaba publicado el contrato ya no funciona y no se puede acceder a él.
¿Pero qué secretos mostraba ese documento? En las 132 páginas hay varios detalles sobre los puntos fundamentales que pactó Pfizer con Colombia. Uno tiene que ver con la forma en que el Gobierno debía realizar los pagos y las condiciones para que fueran enviadas vacunas al país. Entonces, acordaron que el comprador debía dar un anticipo de US$19 millones 999 mil 980 (dólares).
“Pfizer”, se lee, “no estará en la obligación de despachar o entregar producto hasta no recibir el pago del anticipo y del precio de entrega”. Además, señala, el “comprador deberá pagar todos los montos adeudados en dólares americanos a Pfizer por cada lote de la vacuna a más tardar 10 días antes de la fecha estimada de arribo al puerto de ingreso a Colombia (...) El pago total de cada lote es condición para suministrar cada lote futuro”.
En caso de que el monto pactado no hubiese sido pagado en la fecha acordada, causará intereses del 5% por encima de la tasa LIBOR o la que la reemplace. En total, Colombia había firmado ese documento para adquirir 9 millones 999 mil 990 dosis. Hasta ayer en la noche, habían llegado al país 7 millones 814 mil 504 al país.
Otro de los puntos más llamativos es que, como se intuía, el Gobierno tuvo que renunciar a la posibilidad de hacer reclamos en caso de que Pfizer no cumpliera con el cronograma de entrega de las dosis compradas. “Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega”, escribieron en el documento. “Sin perjuicio de la Sección 4.4, el comprador reconoce que Pfizer no aceptará bajo ninguna circunstancia, ninguna devolución del Producto (ni de ninguna dosis del mismo)”, apuntaron.
Así mismo, Colombia, representada por Saúl Hernando Suancha Talero, representante legal de Fiduprevisora S.A., la cual administra el “Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se comprometió a asumir de manera integral los “riesgos e incertidumbres conforme a las obligaciones de indemnidad”. Una de las razones, reconocían es que, en medio del proceso de desarrollo de la vacuna había incertidumbre.
En un apartado ambas partes dejan claro que la información que están consignando en el documento es confidencial. “Cada receptor y sus representantes deberán mantener bajo estricta reserva la información confidencial que disponen o que les haya sido entregada (..) y no la darán a conocer a terceros”, añaden. “Ningún receptor usará o dará a conocer dicha información confidencial, salvo lo permitido a la luz de este acuerdo”.
En el contrato son enfáticos en aclarar que por ningún motivo se puede revelar el precio de las dosis o cualquier información financiera: “El comprador no podrá revelar ninguna de las disposiciones de carácter financiero o sobre indemnización contenidas en este Acuerdo, incluido,sin limitación, el precio por dosis del producto o la posibilidad de reembolso del anticipo o cualquier información que pudiera fijar de manera razonable el precio por dosis del producto, sin consentimiento previo por escrito de Pfizer”, escribieron los representantes del Gobierno y de la multinacional.
Sin embargo, en caso de que se necesite revelar alguna información debido a una orden judicial, el Gobierno estaría en la obligación de advertir a Pfizer sobre esa solicitud antes de que sea mostrada. Así, “la parte reveladora puede pedir que se dicte una orden de amparo u otro alivio o dispensar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de este acuerdo”.
Detalles del contrato con AstraZeneca
El documento revelado por el Instituto Anticorrupción también muestra detalles sobre el acuerdo al que llegó Colombia con GAVI y con otra multinacional: AstraZeneca. Esta última compañía, que se había asociado con la Universidad de Oxford para desarrollar su vacuna, esperaba suministrarle a Colombia 9 millones 984 mil dosis, aproximadamente. Hasta el momento han llegado al país 2 millones 59 mil 65.
Sobre el precio pactaron que cada dosis sería vendida a $US 6 (dólares). El monto total por el pedido sería de US$ 59 millones 904 mil y el Gobierno debía pagar en los 30 días siguientes a la expedición de cada factura. En caso de incurrir en algún atraso, AstraZeneca podrá reclamar intereses.
Como en el acuerdo con Pfizer, Colombia tuvo que aceptar algunas responsabilidades y ceder en varias. Por ejemplo, se lee, “el comprador será responsable de todos los costos que se pudieran generar por cualquier retiro de la vacuna del mercado en el territorio, incluyendo costos razonables incurridos por o en nombre de AstraZeneca, sus filiales y subcontratistas”.
También tuvo que prometerle a la empresa indemnidad ante cualquier evento relacionado con el uso de la vacuna. “El comprador mantendrá indemne a AstraZeneca, sus filiales, subcontratistas, licenciantes y sublicenciatarios, y funcionarios, consejeros, empleados de y contra todos y cada uno de los daños y responsabilidades, incluyendo transacciones para las que el comprador haya dado su consentimiento (...) y los costos legales razonables por fallecimiento, daño físico, mental o emocional, enfermedad, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños perjuicios a terceros en sus bienes (...) relacionados con el uso o administración de la vacuna”.
En otro párrafo son claros en explicar que AstraZeneca queda liberada de cualquier reclamación que surja por la seguridad y eficacia de la vacuna. En las últimas páginas recuerdan que ese contrato es confidencial.