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7 Apr 2022 - 7:46 p. m.

Fiscalía y Laude Fernández llegan a preacuerdo por caso chuzadas a Avianca

El exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y antigua cabeza de la multinacional BRG pidió disculpas públicas por los hechos y cumplirá una condena de cuatro años de prisión y una multa de más de $50′000.000.
Ex Jefe de Inteligencia del DAS en audiencia.
Ex Jefe de Inteligencia del DAS en audiencia.
Foto: Cristisan Garavito

Una jueza avaló el preacuerdo entre el exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Laude José Fernández, y la Fiscalía, por el caso en el que se le investiga por haber interceptado conversaciones del sindicato de Avianca, así como de políticos e incluso menores de edad. Fernández, quien aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales, estará cuatro años en prisión y pagará una multa económica.

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Tras el aval del preacuerdo por parte de la jueza del caso, Fernández presentó disculpas públicas por los hechos ilegales de los que fue partícipe. “Le ofrezco disculpas a las víctimas que se vieron involucradas en los hechos que yo estoy aceptando en el día de hoy, porque los lesioné al haber cometido esas conductas”, manifestó el exdirector de inteligencia del DAS.

Laude Fernández Arroyo, era el representante en Colombia de Berkeley Research Group (BRG) una multinacional que presta servicios de seguridad a grandes empresas. Según la hipótesis de la Fiscalía, Avianca y GEB (Grupo de Energía de Bogotá) contrataron a BRG para que les prestara servicios de “inteligencia corporativa” en momentos de crisis. BRG habría interceptado las comunicaciones de los capitanes Julián Pinzón, Jaime Hernández y Jorge Mario Medina, miembros del sindicato (Acdac).

Asimismo, Fernández manifestó dijo que las disculpas son extensivas a “las personas que confiaron en mí en los sitios donde trabajé y a las personas con las cuales trabajaba”. Con esto, el exdirector del DAS será condenado por los hechos que tuvieron lugar en 2017, cuando intervino ilegalmente, como parte de una red de chuzadas, las conversaciones del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac) en el paro que hicieron los trabajadores de esa empresa.

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En este mismo caso estuvieron implicados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía —desde donde se interceptan las comunicaciones—, Luis Carlos Gómez Góngora, y el exfiscal para el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo, a quien hace una semana también le avalaron el preacuerdo con el ente investigador. El ente acusador dijo en primer momento que el exdirectivo del DAS concertó un negocio ilícito con los exfuncionarios Gómez Góngora y Martínez Lugo para “determinar” interceptaciones en las comunicaciones de las personas.

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Por otro lado, mientras el Grupo de Energía de Bogotá se encontraba en una disputa en el tribunal de arbitramento con la empresa Enel-Codensa, la multinacional de seguridad habría accedido a las comunicaciones de Felipe Jaramillo, abogado en el proceso, y de Lucio Rubio, presidente en Colombia de la empresa Enel. En su momento, la Fiscalía dijo que el número de líneas interceptadas por la sala que lideraba Gómez Góngora ascendería a 2.700, dentro de las que no solo habrían chuzado al personaje de interés, sino también a sus hijos (menores de edad) y familiares.

Según la investigación de la Fiscalía claro cómo Fernández tuvo acceso a esa supuesta red ilegal de exmiembros de la Fuerza Pública que realizaban “interceptación informática”. Interceptación informática” bajo una empresa fachada dirigida por el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas. Según el escrito, el enlace de la antigua cabeza de BRG fue Roberto Carlos Montenegro un investigador del CTI, adscrito a una de las salas de interceptaciones de la Fiscalía General.

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Hace una semana, otra de las fichas claves de este caso, el exfiscal Fabio Martínez Lugo, también le fue avalado un preacuerdo por este mismo caso y pidió disculpas públicas. “Con mi actuar irresponsable y desfasado, lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”.

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