:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/4_scMcO4QwTK9wb7l1Dp_9J3AQo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WUCJEANJARFZZCP2FQIANN2CSM.jpg)
Luego de que el exgobernador de Santander y uno de los políticos más poderosos de esa región, Hugo Heliodoro Aguilar, solicitara que la Fiscalía cesara el proceso penal por lavado de activos, este viernes 9 de octubre la jueza tercera especializada de Bogotá aprobó la solicitud de Aguilar y determinó suspender la investigación por parte de la Fiscalía, para remitirla a la Jurisdicción Especial para la Paz “teniendo en cuenta que la JEP conoce una investigación en su contra”, señaló la Fiscalía.
Con esa decisión, el expediente de Aguilar pasa a manos de los magistrados de la JEP para que esa corporación defina si tiene competencia para conocer la investigación sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un caso que inició con una una imagen suya conduciendo un vehículo de alta gama, un Porsche negro convertible, por las calles de Bucaramanga, en 2017.
El escándalo surgió porque el coronel (r), a quien se le atribuye el operativo que acabó con Pablo Escobar, le había dicho a la justicia que no tenía dinero para pagar la multa de más de $6.000 millones que le impusieron cuando fue sentenciado por parapolítica a nueve años de prisión, en agosto de 2013. Sin embargo, su imagen manejado el Porsche prendió las alarmas en la Fiscalía, que empezó a indagar sus propiedades. Aguilar fue detenido el 21 de febrero de 2018 y el vehículo y otras propiedades suyas fueron incautados.
El ente investigativo señaló entonces que un “equipo de peritos judiciales, tributarios y financieros analizó un crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo”, y que concluyó que el político pudo haber realizado “presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas”. Esas movidas tenían un fin específico, según la Fiscalía: “legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas”.
Luego de su captura, en febrero de 2018, y aunque luego quedó en libertad, la Fiscalía llamó a juicio a Aguilar por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El organismo investigativo sostiene que Aguilar no tiene los soportes para justificar su patrimonio, que supera los $2.500 millones, y que, incluso, el divorcio con su hoy exesposa, Mónica María Barrera, fue tan solo una estrategia para ocultar sus bienes -y esquivar así el pago de la multa que se le impuso-. Él, por su parte, se declara inocente de las acusaciones en su contra.
Ese expediente terminó afectando la libertad condicional que le fue otorgada por su condena por parapolítica, la cual consiguió el 4 de mayo de 2015 con un juzgado de ejecución de penas de San Gil (Santander). En 2017, luego de que la foto del Porsche se hiciera famosa, la Procuraduría pidió que se revocara la libertad del exgobernador, pero el juzgado rechazó la petición. El asunto terminó en manos de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual la Procuraduría alegó que Aguilar “incumplió la obligación de buena conducta a la que se comprometió”.
La Corte dejó claro que no estaba exigiendo el pago de la multa, sino que estaba evaluando de parte del exgobernador “un comportamiento de engaño a la administración y a la misma judicatura, el cual tienen relevancia para el derecho penal y el trámite de la revocatoria de la libertad condicional”. La corporación reiteró que Aguilar incumplió su compromiso de mostrar buena conducta, que aplicaba para “los aspectos personal, familiar y social”, y, así las cosas, en diciembre de 2019 perdió su libertad condicional y fue recluido en el Centro de Reclusión Militar del Batallón de Policía Militar en Bogotá.