Han pasado dos años desde que el Gobierno Nacional expidió un decreto que ordenaba la creación y puesta en marcha de una política pública nacional que garantizara los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, esta tarea, que debía cumplirse en un término de seis meses, se quedó en veremos. Ante la situación, a comienzos de este mes, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá profirió un fallo en el que ordenó que se realicen las acciones pertinentes por parte del Ministerio del Interior (órgano rector de la política pública) para que el Estado salde la deuda histórica que tiene con esta minoría.
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El 7 de mayo de 2018, la comunidad LGBTI celebró y aplaudió la expedición del decreto 762, a través del cual se adoptó la política pública nacional para la garantía de los derechos de las personas que integran los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Parecía, entonces, que la lucha que desde años atrás había emprendido esta población por la igualdad y la libertad estaba dando fruto. (Un libro para entender la violencia contra la población LGBT en el conflicto armado)
Dicho decreto contempla dos mecanismos fundamentales para que, lo que está escrito, se convierta en una realidad. Por un lado, ordena la conformación del Grupo Técnico para la Garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de las Personas LGBTI, que tiene como principal labor monitorear el avance y el progreso de la implementación de la política pública para la comunidad LGBTI. Y, por otro, el Ministerio del Interior debía formular el plan de acción de esta política pública en un plazo de seis meses, posteriores a la expedición del decreto, y presentarlo ante el Grupo Técnico que debía dar su visto bueno.
El 7 de noviembre de 2018 se cumplieron los seis meses y nada se concretó. El tiempo pasó y, a la fecha, ni se ha conformado el Grupo Técnico, ni se aprobado un plan de acción de política pública para la población LGBTI. En vista de que el decreto parecía haberse quedado en letra muerta, Laura Weinstein, mujer trans y directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Gaat), instauró una tutela en contra del Ministerio del Interior en la que solicitó que “se amparen los derechos a la igualdad, a la participación y a vivir una vida libre de violencias de la población LGBTI” y a que se le ordene a la entidad que expida un Plan de Acción y conforme el Grupo Técnico.
Para Weinstein, las omisiones del Mininterior constituyen una “grave vulneración a los derechos fundamentales de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales de Colombia, personas que, por sus circunstancias específicas, se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, una población que continúa siendo histórica y estructuralmente discriminizada”. Agregó que instauró una tutela y no un desacato porque lo que busca es la protección de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI y el impacto que ha traído en los derechos de esta población la no implementación del decreto. (El miedo de ir al colegio por ser LGBT)
El 17 de junio pasado, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la tutela y 13 días después aceptó la coadyuvancia de tres asociaciones que respaldaron la petición de Weinstein. Se trata de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Académico Asociación Plataforma LGBTIQ Santander y la Clínica Jurídica Grupo Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. De igual forma, solicitó el concepto del Ministerio del Interior y de la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo.
Defensoría, en desacuerdo
La representante del Ministerio del Interior solicitó que se negaran las pretensiones de Weinstein, asegurando que desconocía las actividades desarrolladas por la entidad. Primero, manifestó que el 6 de noviembre de 2019 se instaló el Grupo Técnico de Política Pública conformado por 21 entidades, entre las que se registran la Consejería Presidencial para lo Derechos Humanos, Minjusticia, Mintrabajo, Mineducación, Minsalud, Mincultura, Fiscalía, Policía, Icbf, Inpec, entre otros. Agregó que en esa primera sesión, se evaluó cómo iba a funcionar el Grupo Técnico.
Segundo, que la aprobación del plan de acción se programó para la segunda sesión en el año 2020, pero no se realizó por causa de pandemia por el COVID-19. El 17 de junio de 2020 (mismo día en que admitió dar trámite a esta tutela) se concretó la primera sesión virtual para aprobar el plan de acción, pero -una vez más- no fue posible porque algunos integrantes del Grupo Técnico solicitaron ajustes a las acciones y a la estructura del decreto 762 de 2018. (Asciende a 12 las personas asesinadas de la comunidad LGBTI en el Caribe durante la cuarentena)
Por último, se activó la Mesa de Casos Urgentes (también creada por el decreto) que funciona de manera permanente y atiende situaciones imperiosas que vulneren los derechos a la vida, la seguridad e integridad de esta población. Asimismo, refirió que ese año la entidad tuvo 19 encuentros con organizaciones y representantes de los sectores LGBTI, en los que socializó el contenido de la política pública y el estado de su implementación. La entidad entregó al Juzgado los documentos que soportan dichas acciones.
Sin embargo, en su intervención, la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo admitió que comparte la preocupación de Weinstein respecto a la falta de expedición del plan de acción de la política pública para la comunidad LGBTI, pues “no es una mera formalidad, sino una herramienta de la que depende la realización de los derechos fundamentales de las personas LGBTI en Colombia”. Agregó que, desde 2018, ha manifestado esta inquietud al Ministerio del Interior, el cual ha respondido que el plan de acción se encuentra en construcción.
Agregó que, si bien se convocó al Grupo Técnico a una sesión para aprobar el mencionado plan de acción y el reglamento del Grupo Técnico, ninguno de los dos objetivos se concretó. No obstante, sostiene que advirtió la persistencia de casos de violencia hacia esta población, pues “a lo largo de 2019, las Duplas de Género -un programa de atención psico-jurídico de la Defensoría- atendieron 285 casos de violencia por prejuicio y discriminación contra personas LGBT. (Experto de la ONU pide prohibir “terapias de conversión” a población LGBT)
El juzgado también recibió conceptos del Colectivo Feminista Diversas Incorrectas, la Corporación FEMM y la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras. En su análisis, la jueza Olga Ximena González Melo consideró que, tal como aseguró el Ministerio, en 2019 se instaló el Grupo Técnico, pero su funcionamiento se aprobó parcialmente porque los integrantes no se pusieron de acuerdo en ciertos puntos. Además, el despacho confirmó que hubo una discusión del plan de acción de política pública, pero, a la fecha, no ha sido aprobado.
“Si bien el Ministerio del Interior (...) ha adelantado algunas actuaciones encaminadas a su implementación; lo cierto es que las acciones desplegadas por la accionada no han resultado ser lo suficientemente efectivas para poner en marcha los principales instrumentos que el referido - decreto 762 de 2018 - contempló para la implementación, seguimiento y evaluación de dicha Política Pública (...) es necesario que la Política Pública pueda materializarse y el punto de partida no es otro que la aprobación del Plan de Acción y la reglamentación del Grupo Técnico”, manifestó la jueza.
En ese sentido, concluyó que en este caso se configura una clara vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana y a una vida libre de violencias de Laura Weinstein en su condición de mujer trans, quien además actuó en calidad de directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. En consecuencia, el 1° de julio emitió un falló a favor de la accionante y le ordenó al Ministerio que, en un término de 48 horas, iniciara gestiones para la reglamentación del Grupo Técnico. (Lo difícil que es ser LGBT en las calles de Bogotá: informe de Temblores)
Además, que, en un plazo de cinco días, elaborara un programa de trabajo, con fechas claras, sobre acciones para avanzar en la formulación del plan de acción de la política pública en cuestión. Asimismo, exhortó a la entidad para que estableciera mecanismos que permitieran que las organizaciones que representen los intereses de esta población participar en la elaboración de dicho plan de acción. “El Ministerio debe proceder sin dilaciones a dar cumplimiento de esta sentencia teniendo en cuenta que se encuentra vencido el plazo de los 6 meses consagrado en el decreto”, concluyó.
¿Cumplió el Ministerio?
Ya casi se cumple un mes desde que se emitió este fallo. Laura Weinstein le dijo a El Espectador que cuando indagó si el Ministerio del Interior cumplió con lo que se le ordenó, conoció que la entidad sí logró aprobar el reglamento del Comité Técnico dentro de las 48 horas, tal como lo ordenó la jueza. Sin embargo, hasta el momento, “no conocemos el cronograma para la elaboración del plan de acción que debía realizarse en cinco días. Estamos a la espera de que el juzgado nos cuente cómo fue este avance”.
Agregó que fue invitada a una reunión con la entidad en la que se discutieron las acciones y los planes que se vienen desarrollando por parte del Gobierno. “Como organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en función de que esta política pública responda realmente a las necesidades que tenemos como población. Nosotros no paramos”, expresó la mujer quien, junto con la fundación que lidera, está realizando una campaña sobre la Pública para la comunidad LGBT en las regiones del país. Los conversatorios se transmiten a través de las redes sociales de la Fundación Gaat y, este jueves, el turno es para Medellín.
