El juez Hugo Carbonó negó un recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la Nación y ratificó que los interrogatorios hechos a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no serán tenidos en cuneta como pruebas dentro del proceso que se le adelanta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La decisión se produjo luego de que el ente investigador solicitara revocar la resolución mediante la cual fueron declaradas ilícitas las declaraciones de Nicolás Petro. Según la Fiscalía, los interrogatorios fueron rendidos de manera libre, voluntaria y espontánea, y no estuvieron condicionados a ninguna negociación.
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Sin embargo, el juez Carbonó señaló que, tras revisar nuevamente los argumentos expuestos por las partes, no encontró razones para modificar su decisión. Asimismo, indicó que los interrogatorios no pueden analizarse de manera aislada, sino en el contexto de los acercamientos que existieron entre la defensa y la Fiscalía cuando se exploraba la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Además, el juez concluyó que las declaraciones entregadas por Nicolás Petro sí estuvieron ligadas a conversaciones relacionadas con el objetivo de obtener beneficios judiciales. Carbonó también acogió los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, que consideró que admitir dichos interrogatorios vulneraría el derecho del procesado a no auto incriminarse.
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¿Por qué es investigado Nicolás Petro?
El hijo mayor del presidente está bajo la lupa de las autoridades desde 2023, cuando la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público iniciaron investigaciones penales y disciplinarias en su contra por presuntamente haberse apropiado de recursos que, al parecer, estaban destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022. Para entonces, Nicolás Petro se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.
La Fiscalía ha señalado que entre los años 2021 y 2022, cuando Nicolás Petro aún era diputado, habría usado “su influencia social y política” para desviar recursos por COP 111 millones, provenientes de dos contratos para la atención de adultos mayores en el departamento de Atlántico.
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Del primer contrato, dijo la fiscal Lucy Laborde, Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos COP 72 millones, provenientes del pago de anticipos. Del segundo contrato, firmado en 2022, supuestamente se habría apropiado de COP 39 millones que salieron de la contratación de personal con salarios “inflados”.
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