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Este 1 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició la audiencia en la que el general (r) Mario Montoya Uribe rinde versión voluntaria en el marco de la fase nacional de la investigación que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate entre 2005 y 2008. Esta diligencia hace parte del Caso 03, que investiga los llamados falsos positivos y no se veía públicamente al militar desde 2020.
La audiencia, que se extenderá hasta el próximo 2 de junio, es presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez. Durante la diligencia, los togados interrogarán al general (r) sobre hechos ocurridos cuando se desempeñó como comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe Número uno y del Ejército Nacional, cargos que ocupó entre finales de 2003 y noviembre de 2008.
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Según explicó la jurisdicción, la diligencia busca recaudar “información que permita esclarecer si los patrones macrocriminales documentados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional”.
En el marco de la investigación, la Sala encontró que entre 2005 y 2008 el Comando General de las Fuerzas Militares emitió directivas y circulares en las que ordenaba el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, la JEP señaló que las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate continuaron ocurriendo en distintas regiones del país.
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Además, según la Sala, la práctica criminal conocida como falsos positivos “se detuvo en octubre de 2008, cuando 27 oficiales fueron llamados a calificar servicios por el entonces presidente de la República”, Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conocieran los resultados de la inspección realizada por una comisión transitoria liderada por el mayor general (r) Carlos Arturo Suárez Bustamante.
La JEP rechazó la recusación del general (r) Montoya contra la magistrada Catalina Díaz
Dentro del expediente que se sigue en esa jurisdicción en contra del general (r) Montoya, el pasado 9 de abril, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad rechazó una solicitud de recusación presentada por exuniformado contra la magistrada Díaz Gómez, una de las instructoras del Caso 03. Montoya argumentó que la magistrada, supuestamente, ya tenía una posición previa sobre su responsabilidad por haber sido correlatora del macrocaso y eso, según él, “transgrede el principio del juez imparcial”.
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La petición del exmilitar llegó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que el pasado 15 de mayo emitió un auto de 17 páginas con el que le cerró la puerta a la petición de Montoya. En la decisión, esa instancia aclaró que, aunque el caso 03 se divide en diferentes fases, se trata de un solo proceso integral. “La división metodológica adoptada para la instrucción del Caso 03 (...) no implica una ruptura procesal del caso, sino una organización estratégica de su investigación”, señaló la jurisdicción.
¿Quién es el general (r) Mario Montoya Uribe?
El general (r) Mario Montoya Uribe fue comandante del Ejército durante la recta final del segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Actualmente es investigado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP, por su presunta responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Según las indagaciones en su contra, esos casos de falsos positivos habrían ocurrido cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2002 y 2003.
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El caso de Montoya Uribe es uno de los más sonados de la justicia transicional. Durante cuatro décadas hizo parte del Ejército, dirigió diez unidades militares y llegó a la comandancia general de esa institución en 2006. En 2018, el general (r) se acogió a la JEP y su expediente fue incluido en el caso 03. Pese a las evidencias en su contra, el exalto oficial ha negado su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. Por eso, en 2024 la JEP envió su caso a la UIA, que desde entonces analiza si llevarlo a juicio adversarial o no.
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