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23 Feb 2022 - 11:41 p. m.

Juez ordena garantizar seguridad en espacio de reincorporación de exFarc en Arauca

Cuatro excombatientes solicitaron garantías de seguridad para quienes permanecen en el espacio de capacitación y reincorporación Filipinas, ubicado en Arauquita (Arauca). El juez ordenó a la UNP reevaluar la seguridad de los desmovilizados, en un contexto de violencia armada en crecimiento.
Desmovilizados de las FARC ondean banderas blancas en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. EFE.
Desmovilizados de las FARC ondean banderas blancas en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. EFE.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Desde el primer fin de semana de 2022, Arauca vive el crecimiento del conflicto armado, el cual se materializa en homicidios, desplazamientos, confinamientos e intimidaciones por la guerra entre el Eln y las disidencias Farc. En medio de ello no solo están los civiles, también aquellos desmovilizados tras el Acuerdo de Paz que intentan darle un nuevo rumbo a su vida en el Espacio de Capacitación y Reincorporación Filipinas, en Arauquita. Por orden de un juez, distintas autoridades nacionales y departamentales deberán garantizar que, en medio del caos, no les pase nada.

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El Juzgado Primero para Adolescentes de Arauca resolvió a favor una tutela propuesta por cuatro excombatientes, entre ellos Pastor Alape y Rodrigo Granda, antiguos altos mandos de las Farc y hoy líderes políticos de Comunes. Ante el evidente contexto de violencia en la región, que solo el primer fin de semana del año dejó más de 30 homicidios, el despacho judicial protegió los derechos a la vida, seguridad e integridad personal de los accionantes, así como su reincorporación en condiciones dignas y de paz.

Los accionantes mencionaron que “los hombres y mujeres firmantes de paz, ubicados en Filipinas – Centro Poblado Villa Paz, del municipio de Arauquita y en general todos los firmantes del departamento de Arauca, como medida de autoprotección ante los hechos, hemos decidido concentrarnos y no salir hasta tanto terminen las hostilidades”. Hay 187 personas que apostaron por la paz en ese territorio, sin embargo, solo representan el 40% de los civiles que inicialmente quedaron ubicados allí tras la firma del Acuerdo, en 2016.

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Aseguraron, en principio, que el 26 de agosto de 2021 el Ejército habría retirado el puesto de control que estaba ubicado en la entrada del Espacio. Además, que los esquemas de seguridad han sufrido distintos ataques y se ven disminuidos en relación con lo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debería brindar. Incluso, para fortalecer su tutela, citaron el reciente Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional, en la cual se declaró que los firmantes de la paz sufren una amplia violación de derechos humanos.

Si bien el Juzgado reconoció los esfuerzos de la UNP, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Arauca, señaló que la nueva realidad en el departamento obliga a las autoridades locales y nacionales a tomar nuevas medidas. Entonces, ordenó a la Unidad Nacional de Protección a hacer una revaluación del riesgo que enfrentan los pobladores de Filipinas, pues en la respuesta que allegó no contempla la última arremetida armada que se vive en el lugar fronterizo.

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“Aunque la UNP continúa prestando protección nen la zona, no se han establecido criterios propios evaluativos que respondan, en concreto, a la nueva y grave situación de orden público que se ha vivido durante el mes de enero y lo corrido del mes de febrero, del año en curso”, explicó el Juzgado. La UNP, por su parte, consideró que la tutela era improcedente dado que el riesgo de todos los pobladores se está evaluando de manera individual, para determinar la protección idónea que deben recibir.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo deberá emitir una alerta temprana que registre el panorama de violencia que se ha vivido en la región durante el inicio del año. Según el Juzgado, más de 84 homicidios y 2.687 desplazamientos, de los cuales 51 son exintegrantes de las Farc. La Defensoría, por su parte, respondió que en el último tiempo ha emitido seis alertas tempranas y que la respuesta de las autoridades locales y nacionales ha sido escasa.

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Por tanto, “el Ministerio de Defensa, que no do contestación a la acción de tutela, el Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca, la UNP, el comando de Policía de Arauca, deberán de inmediato coordinar y ejecutar las medidas necesarias en el marco de su competencia funcional, para garantizar la seguridad al Centro Poblado Villa Paz y de sus pobladores. Se evidencia la descoordinación y desconexión que existe entre las entidades y el alcance de sus propósitos institucionales”.

Las entidades deberán conformar una comisión de alto nivel, que deberá ser supervisada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La misma comisión deberá reunirse en las siguientes 72 horas a la notificación de la sentencia. Por otro lado, se le ordenó a la Fiscalía, si no lo ha hecho, adelantar las investigaciones pertinentes por la violencia en Arauca. Ha señalado el ente investigador que entre las muertes están beligerantes de la frontera. Hace poco, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que se trataría de “bandidos ajusticiando bandidos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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