Juez ordena nueva circular roja contra jefes del Eln por secuestro y asesinato de agentes del CTI
La decisión obedece a una nueva condena, a más de 32 años de prisión, en contra de los líderes guerrilleros por su responsabilidad en el crimen de los funcionarios de la Fiscalía Edilbrando Roa López y John Alejandro Morales.
Redacción Judicial
El juzgado tercero especializado de Medellín condenó a 385 meses de prisión a los miembros del Comando Central de la guerrilla del Eln por su responsabilidad en la muerte de los investigadores del CTI de la Fiscalía Edilbrando Roa López y John Alejandro Morales. Los funcionarios fueron secuestrados en Sonsón (Antioquia) el 2 de septiembre de 1998 por hombres de este grupo armado mientras realizaban labores de investigación y, tras comprobarse que fue una acción planeada desde lo más alto de la organización, la justicia hizo responsables a Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Eliecer Herlindo Chamorro, alias Antonio García, y Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas.
(En contexto: Comandantes del ELN a juicio por, presuntamente, ordenar la muerte de agentes del CTI)
El 2 de septiembre de 1998, a la altura del corregimiento de San Miguel, el vehículo en el que se movilizaban Roa y Morales fue detenido en un retén ilegal. Los hombres armados, pertenecientes al frente Carlos Alirio Buitrago del Eln se percataron que eran funcionarios de la Fiscalía y los secuestraron. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de los agentes del CTI fueron encontrados en la carretera veredal. Tras comprobar la responsabilidad del Coce, y condenarlos como reos ausentes, el juez ordenó que se tramite una nueva circular roja en la Interpol para capturar a todos los líderes guerrilleros.
Desde el comienzo del proceso, la Fiscalía había señalado que el secuestro y posterior asesinato de Roa y Morales fue planeado y ordenado por el Comando Central del Eln (COCE), estructura que lideran los cuatro condenados. Y, para probarlo, aportaron el testimonio del entonces comandante del frente que llevó a cabo la acción criminal, Héctor Hugo Ramírez Zuluaga, alias Esteban. Según informó el ente investigador, este hombre “reconoció haber comandado el frente que se atribuyó el secuestro y en ese sentido haber cumplido la orden de secuestrar y asesinar a los dos funcionarios de la Fiscalía”.
(Le puede interesar: “La Fiscalía nos dejó solos”: familia de Edilbrando Roa)
La sentencia asegura que Esteban “recibió una orden (de asesinar a Roa y a Morales) cuando puso en conocimiento de sus superiores que tenían en su poder a estos dos funcionarios, recibiendo la orden de darles muerte, es decir, que estas conductas se cometieron por disposición del Comando Central”. El juez, así, encontró que Gabino, Pablo Beltrán, Antonio García y Ramiro Vargas deben responder por el crimen en tanto “cualquier acción bélica o terrorista en contra de la Fuerza Pública o la población civil con ocasión o desarrollo del conflicto armado interno es responsabilidad del Comando Central, quienes planean, diseñan y ordenan la ejecución de estas actividades”.
Para el momento de los hechos, Roa documentaba la relación entre el dirigente deportivo y dueño del Envigado, Gustavo Upegui, con grupos ilegales, y apoyaba la pesquisa por el sonado allanamiento del Parqueadero de Padilla, que en 1997 develó las entrañas del paramilitarismo y su relación con la Oficina de Envigado. El agente del CTI fue enviado a Medellín a recaudar pistas del caso, y el 2 de septiembre, junto con su compañero John Alejandro Morales, viajó a realizar labores de inspección a Sonsón. Por esto, en un principio, la familia Roa culpó al paramilitarismo del crimen.
(Lea también: Investigarán a miembros del Coce del ELN por asesinato de dos miembros del CTI)
En agosto de 2018 la Fiscalía explicó cómo iba la investigación de este caso. Al respecto, se informó que José Luis Mejía Ramírez, alías Bayron, comandante militar del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln se encontraba detenido. “Yo recuerdo el hecho, pero no sé quiénes lo hicieron. Eso fue hace mucho tiempo y, además, no estuve directamente”, aseguró el exguerrillero. Aunque Mejía Ramírez negó ser el autor intelectual del asesinato, asumió la responsabilidad por haber sido comandante del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln y apuntó hacia una nueva persona que operaba en la región.
El juzgado tercero especializado de Medellín condenó a 385 meses de prisión a los miembros del Comando Central de la guerrilla del Eln por su responsabilidad en la muerte de los investigadores del CTI de la Fiscalía Edilbrando Roa López y John Alejandro Morales. Los funcionarios fueron secuestrados en Sonsón (Antioquia) el 2 de septiembre de 1998 por hombres de este grupo armado mientras realizaban labores de investigación y, tras comprobarse que fue una acción planeada desde lo más alto de la organización, la justicia hizo responsables a Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Eliecer Herlindo Chamorro, alias Antonio García, y Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas.
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El 2 de septiembre de 1998, a la altura del corregimiento de San Miguel, el vehículo en el que se movilizaban Roa y Morales fue detenido en un retén ilegal. Los hombres armados, pertenecientes al frente Carlos Alirio Buitrago del Eln se percataron que eran funcionarios de la Fiscalía y los secuestraron. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de los agentes del CTI fueron encontrados en la carretera veredal. Tras comprobar la responsabilidad del Coce, y condenarlos como reos ausentes, el juez ordenó que se tramite una nueva circular roja en la Interpol para capturar a todos los líderes guerrilleros.
Desde el comienzo del proceso, la Fiscalía había señalado que el secuestro y posterior asesinato de Roa y Morales fue planeado y ordenado por el Comando Central del Eln (COCE), estructura que lideran los cuatro condenados. Y, para probarlo, aportaron el testimonio del entonces comandante del frente que llevó a cabo la acción criminal, Héctor Hugo Ramírez Zuluaga, alias Esteban. Según informó el ente investigador, este hombre “reconoció haber comandado el frente que se atribuyó el secuestro y en ese sentido haber cumplido la orden de secuestrar y asesinar a los dos funcionarios de la Fiscalía”.
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La sentencia asegura que Esteban “recibió una orden (de asesinar a Roa y a Morales) cuando puso en conocimiento de sus superiores que tenían en su poder a estos dos funcionarios, recibiendo la orden de darles muerte, es decir, que estas conductas se cometieron por disposición del Comando Central”. El juez, así, encontró que Gabino, Pablo Beltrán, Antonio García y Ramiro Vargas deben responder por el crimen en tanto “cualquier acción bélica o terrorista en contra de la Fuerza Pública o la población civil con ocasión o desarrollo del conflicto armado interno es responsabilidad del Comando Central, quienes planean, diseñan y ordenan la ejecución de estas actividades”.
Para el momento de los hechos, Roa documentaba la relación entre el dirigente deportivo y dueño del Envigado, Gustavo Upegui, con grupos ilegales, y apoyaba la pesquisa por el sonado allanamiento del Parqueadero de Padilla, que en 1997 develó las entrañas del paramilitarismo y su relación con la Oficina de Envigado. El agente del CTI fue enviado a Medellín a recaudar pistas del caso, y el 2 de septiembre, junto con su compañero John Alejandro Morales, viajó a realizar labores de inspección a Sonsón. Por esto, en un principio, la familia Roa culpó al paramilitarismo del crimen.
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