Juez tumbó preacuerdo firmado entre Emilio Tapia y la Fiscalía General por lavado de activos
Esto al considerar que no se tuvieron en cuenta a las víctimas. El excontratista de Bogotá había aceptado su responsabilidad en los cargos imputados por el ente investigador.
Redacción Judicial
El juez quinto especializado de Bogotá negó el preacuerdo firmado entre el contratista Emilio Tapia Aldana y la Fiscalía General, en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos. El funcionario judicial consideró que en el documento presentado en la diligencia de este jueves no se tuvieron en cuenta a las víctimas del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
Tapia Aldana, quien se encuentra privado de la libertad, reconoció su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía General. “La víctima deberá ser oída y tomada en cuenta en este proceso”, precisó el despacho judicial, quien consideró que no se cumplían con los requisitos exigidos por la ley a la hora de firmar este preacuerdo.
“No haberse permitido y facilitado a la víctima a la participación en los términos del proceso. En este caso no se ha reconocido y el distrito capital podría descrestarse como tal pues los dineros perdidos fueron del Distrito”, precisó el juez, quien consideró que en el documento presentado no se le dio ninguna participación a los representantes de las víctimas acreditadas.
En este sentido se indicó que no se pudo determinar que el contratista reparará a las víctimas mediante la entrega de bienes. “Los procesados –haciendo referencia a un familiar de Tapia procesado por estos hechos- tuvieron un incremento patrimonial, pero la Fiscalía no ha informado de manera clara cuáles son estos incrementos”.
Ante esto, le pidió a la Fiscalía General que a la hora de firmar un preacuerdo tenga en cuenta que se haga una reparación del 50% a las víctimas reconocidas y se firme un acuerdo para la entrega de la otra mitad, por lo que se deberá revisar el documento.
Emilio Tapia fue condenado por el delito de concierto para delinquir dentro del ‘carrusel de la contratación’ y enfrenta otro proceso por este escándalo de corrupción administrativa en la capital de la República.
Se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel de máxima de seguridad de Cómbita (Boyacá).
El juez quinto especializado de Bogotá negó el preacuerdo firmado entre el contratista Emilio Tapia Aldana y la Fiscalía General, en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos. El funcionario judicial consideró que en el documento presentado en la diligencia de este jueves no se tuvieron en cuenta a las víctimas del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
Tapia Aldana, quien se encuentra privado de la libertad, reconoció su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía General. “La víctima deberá ser oída y tomada en cuenta en este proceso”, precisó el despacho judicial, quien consideró que no se cumplían con los requisitos exigidos por la ley a la hora de firmar este preacuerdo.
“No haberse permitido y facilitado a la víctima a la participación en los términos del proceso. En este caso no se ha reconocido y el distrito capital podría descrestarse como tal pues los dineros perdidos fueron del Distrito”, precisó el juez, quien consideró que en el documento presentado no se le dio ninguna participación a los representantes de las víctimas acreditadas.
En este sentido se indicó que no se pudo determinar que el contratista reparará a las víctimas mediante la entrega de bienes. “Los procesados –haciendo referencia a un familiar de Tapia procesado por estos hechos- tuvieron un incremento patrimonial, pero la Fiscalía no ha informado de manera clara cuáles son estos incrementos”.
Ante esto, le pidió a la Fiscalía General que a la hora de firmar un preacuerdo tenga en cuenta que se haga una reparación del 50% a las víctimas reconocidas y se firme un acuerdo para la entrega de la otra mitad, por lo que se deberá revisar el documento.
Emilio Tapia fue condenado por el delito de concierto para delinquir dentro del ‘carrusel de la contratación’ y enfrenta otro proceso por este escándalo de corrupción administrativa en la capital de la República.
Se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel de máxima de seguridad de Cómbita (Boyacá).