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22 Sep 2021 - 4:58 p. m.

Juicio disciplinario contra altos mandos de MinTIC y cabeza de Centros Poblados

La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al director de infraestructura, a la subdirectora de Gestión Contractual y a la secretaria general de MinTIC, por el escándalo de presunta contratación irregular para intentar llevar internet a zonas rurales de Colombia. También fue vinculado Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados.
Instituto Rural del Sur - Conectividad MInTic
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Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra cinco personas salpicadas en el escándalo de posible contratación irregular en el acuerdo entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías y de la Información, por $1,07 billones, para intentar llevar internet a las zonas marginadas de Colombia. Entre los referenciados está Luis Fernando Duque, representante legal del contratista, a quien se le alcanzaron a entregar $70.000 millones de anticipo y quien ayer 21 de septiembre fue imputado penalmente en la justicia ordinaria.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los cinco investigados, bien sea por acción u omisión, habrían permitido la presentación de documentos falsos para asegurar que Centros Poblados se quedara con el “Contrato de Aporte 1043” de 2020. El acuerdo buscaba alzar 7.000 centros digitales, pero a la fecha, se quedó en promesas manchadas por presunta corrupción. Fueron llamados a juicio disciplinario, además, Adriana Meza, secretaria general del MinTIC, Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual de MinTIC, Camilo Jiménez, director de Infraestructura de MinTIC y Paola Izquierdo, representante de la interventora Consorcio PE 2020 C Digitales.

Sobre Adriana Meza, secretaria general de MinTIC, la Procuraduría tendría como probar que cometió una falta gravísima, tras participar en la etapa precontractual o contractual en detrimento del patrimonio público. Fue ella quien abrió la licitación, el 23 de septiembre pasado, y adjudicó la “Región B” del acuerdo a la Unión Temporal Centros Poblados. Además, celebró con ese contratista el contrato de aporte, “con estudios previos insuficientes y pliegue de condiciones carentes de reglas objetivas y completas”.

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El pasado 6 de septiembre, la Procuraduría inició investigación contra la exministra Karen Abudinen, quien renunció hace dos semanas a su cargo, pero no fue referenciada en la presente comunicación. El Ministerio Público, sin embargo, concluye que funcionarios de la cartera habrían permitido que se modificaran las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el consultor Telbroad-Profit. ¿Y para qué? Según la Procuraduría, darle luz verde a Centros Poblados.

En el caso de Carlos Alberto Jiménez, director de infraestructura de MinTIC y supervisor del contrato, se sabe que tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso contractual. Sin embargo, “aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profit, sin mediar estudios que sustentaran la modificación, desconociendo supuestamente el principio de responsabilidad”.

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A Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual de MinTIC, se le endilga haber incurrido en irregularidades en la etapa precontractual tras habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por Centros Poblados. Según la Procuraduría, la unión temporal debió haber caído en ese filtro, pues al parecer presentó garantías bancarias falsas, para soportar la seriedad de la oferta, utilizando sin ningún tipo de justificación el logo y la palabra de Itaú. La misma hipótesis presentó la Fiscalía ayer en audiencia de imputación, pero sostuvo que Centros Poblados habría conducido al error al MinTIC.

Luis Fernando Duque y Paola Andrea Izquierdo, los particulares enjuiciados

Ayer inició el proceso penal contra Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, y hoy la Procuraduría lo llama a juicio disciplinario. El Ministerio Público fue claro: “falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo (por $70.000 millones), el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente, del contrato estatal de Aporte No. 1043 de 2020, con el fin de acreditar la existencia de las mismas y posibilitar el inicio de la etapa de ejecución contractual y el desembolso del valor pactado contractualmente a título de anticipo”.

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La Fiscalía asegura que Centros Poblados necesitaba un documento para presentar su oferta en la licitación del ministerio: una póliza de seriedad de la oferta. Ahí, Duque habría acudido a Juan José Laverde, funcionario de la agencia de seguros Rave, con quien se gestionó una garantía bancaria. Incluso, habría falsificado el logo de Itaú para colgar el documento en la página de contratación SECOP y, así, cumplir con los requisitos. La Fiscalía asegura que fueron tres las garantías bancarias falsificadas y, para fortuna de Orjuela Méndez, de gestión contractual, desde lo penal se tiene la hipótesis que los particulares indujeron al error a ella y a los funcionarios públicos.

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Por último, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a la particular Paola Andrea Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales. Según explica la entidad, sería responsable por no haber verificado, vía interventoría, el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer “Comité Fiduciario” del 26 de marzo de este año, en el que se gestionó la entrega del primer anticipo por $70.000 millones. No garantizó la presencia en el comité del Banco Itaú, donde eventualmente hubiese caído la mentira que la Fiscalía y la Procuraduría le endilgan a Centros Poblados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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