Juicio disciplinario contra patrulleros por caso Javier Ordóñez, en su recta final

La vida de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda dio un giro de 180° el pasado 9 de septiembre, cuando ambos policías redujeron con violencia a Javier Ordóñez, a través de golpes y descargas con pistola taser en el barrio Villaluz de Bogotá. El abogado habría muerto por hemorragia interna tras el estallido de su riñón derecho, luego de recibir una fuerte golpiza en el CAI Villaluz. Un mes después, el juicio disciplinario que ambos enfrentan en la Procuraduría está a punto de culminar. Hoy, 13 de octubre, fue escuchado el último testimonio de un perito de la Policía experto en dispositivos taser.

En contexto: “Le dije a mi compañero que no le pegara más a Javier Ordóñez”, admite patrullero.

Una vez se conoció el pliego de cargos disciplinarios contra los policías, por homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto, la Procuraduría ha venido armando el rompecabezas del caso a través de las pruebas testimoniales recogidas en diferentes audiencias virtuales. El último en hablar fue el uniformado Víctor Alfonso Nova, quien esta mañana aportó sus conocimientos en el uso del dispositivo taser que los patrulleros usaron en varias oportunidades contra Javier Ordóñez.

“Soy docente policial en la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional”, dijo el uniformado Víctor Alfonso Nova, citado a petición de la defensa del patrullero Juan Camilo Lloreda, abogado que Lloreda despidió en plena audiencia la semana pasada. El experto aseguró ante el Ministerio Público que cuenta con diplomados relacionados con el uso de la fuerza, en derechos humanos, en pedagogía para el servicio de policía y en enseñanza del uso de armas no letales.

“Es un dispositivo de control eléctrico (el taser), que genera una descarga y le permite al funcionario usarla de dos modos: el primero es por contacto, que va directamente a la piel, y el segundo es por medio de un cartucho a distancia, que genera la misma descarga”, expresó el uniformado Víctor Alfonso Nova. Aseguró que el dispositivo es considerado no letal porque está pensado para paralizar un sujeto y, por tanto, reducirlo sin necesidad de accionar un arma de fuego.

La Procuraduría invitó al perito para que explicase el protocolo del uso del taser, dado que la necropsia de Ordóñez reveló alrededor de una decena de impactos. Sobre ese asunto, el uniformado Nova indicó que toda decisión depende del funcionario. “El policía está en la capacidad de ponderar y de observar que, dependiendo de la amenaza latente, utilizará el elemento del servicio que menos cause daño”, puntualizó.

“La utilización de la fuerza solo empezará cuando sea estrictamente necesario y otros medios menos violentos no puedan ser utilizados o no causen el efecto que se quiere”, agregó el perito experto en taser, quien se remitió a reglamentos internos de la institución policial. Además, Víctor Alfonso Nova reveló que los cursos de este armamento oficial duran alrededor de 20 horas y cada uniformado debe actualizar sus conocimientos entre dos y cuatro años después de cada curso.

En la diligencia estuvo presente el abogado Vadith Gómez, quien funge como representante de Alejandro Ordóñez, hermano de Javier Ordóñez. Tras la primera intervención del delegado de la Procuraduría, Gómez le preguntó al perito sobre las zonas prohibidas para la utilización del dispositivo de descargas eléctricas. “No está permitido realizarse en la frente, es contraproducente. Los principios del uso de la fuerza y de la dignidad humana nos dice que solo puede usarse en las partes con mayor índice de masa muscular”, respondió el uniformado Nova.

“¿Usted cómo catalogaría el despliegue contra una persona ya está reducida?”, le respondió el abogado Vadith Orlado Gómez, en su última intervención en la diligencia de este martes. Ante el cuestionamiento, el perito experto en taser fue contundente: “Si una persona ya está reducida, esposada y demás, ya se pierden todos los principios. Ya no habría necesidad de generarlos (los disparos eléctricos) dado que la persona ya está indefensa”.

Lea también: Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”.

La diligencia fue guiada por Herman Rincón Cuellar, procurador delegado ante la Fuerza Pública, para decidir en el juicio disciplinario de los patrulleros Rodríguez y Lloreda. A lo largo del presente mes, Rincón atendió el testimonio de Henry Bonilla, policía adscrito al CAI Villaluz y que presenció la noche en que Ordóñez fue presuntamente torturado por los procesados. Asimismo, el delegado recogió las versiones de los mismos patrulleros, del testigo y mejor amigo de Ordóñez, Wilder Salazar, y de Francisco José Calle, médico forense que rindió el informe de necropsia.

Finalizada la intervención del abogado de las víctimas, el procurador delegado Herman Rincón Cuellar dio por finalizada la etapa probatoria, específicamente de recolección de testimonios, en este proceso disciplinario contra los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. El Ministerio Publico decretó la próxima audiencia de presentación de alegatos, que se desarrollará el próximo 22 de octubre al medio día. Luego se conocerá el futuro de ambos policías, quienes podrían ser destituidos de la institución e inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La vida de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda dio un giro de 180° el pasado 9 de septiembre, cuando ambos policías redujeron con violencia a Javier Ordóñez, a través de golpes y descargas con pistola taser en el barrio Villaluz de Bogotá. El abogado habría muerto por hemorragia interna tras el estallido de su riñón derecho, luego de recibir una fuerte golpiza en el CAI Villaluz. Un mes después, el juicio disciplinario que ambos enfrentan en la Procuraduría está a punto de culminar. Hoy, 13 de octubre, fue escuchado el último testimonio de un perito de la Policía experto en dispositivos taser.

En contexto: “Le dije a mi compañero que no le pegara más a Javier Ordóñez”, admite patrullero.

Una vez se conoció el pliego de cargos disciplinarios contra los policías, por homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto, la Procuraduría ha venido armando el rompecabezas del caso a través de las pruebas testimoniales recogidas en diferentes audiencias virtuales. El último en hablar fue el uniformado Víctor Alfonso Nova, quien esta mañana aportó sus conocimientos en el uso del dispositivo taser que los patrulleros usaron en varias oportunidades contra Javier Ordóñez.

“Soy docente policial en la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional”, dijo el uniformado Víctor Alfonso Nova, citado a petición de la defensa del patrullero Juan Camilo Lloreda, abogado que Lloreda despidió en plena audiencia la semana pasada. El experto aseguró ante el Ministerio Público que cuenta con diplomados relacionados con el uso de la fuerza, en derechos humanos, en pedagogía para el servicio de policía y en enseñanza del uso de armas no letales.

“Es un dispositivo de control eléctrico (el taser), que genera una descarga y le permite al funcionario usarla de dos modos: el primero es por contacto, que va directamente a la piel, y el segundo es por medio de un cartucho a distancia, que genera la misma descarga”, expresó el uniformado Víctor Alfonso Nova. Aseguró que el dispositivo es considerado no letal porque está pensado para paralizar un sujeto y, por tanto, reducirlo sin necesidad de accionar un arma de fuego.

La Procuraduría invitó al perito para que explicase el protocolo del uso del taser, dado que la necropsia de Ordóñez reveló alrededor de una decena de impactos. Sobre ese asunto, el uniformado Nova indicó que toda decisión depende del funcionario. “El policía está en la capacidad de ponderar y de observar que, dependiendo de la amenaza latente, utilizará el elemento del servicio que menos cause daño”, puntualizó.

“La utilización de la fuerza solo empezará cuando sea estrictamente necesario y otros medios menos violentos no puedan ser utilizados o no causen el efecto que se quiere”, agregó el perito experto en taser, quien se remitió a reglamentos internos de la institución policial. Además, Víctor Alfonso Nova reveló que los cursos de este armamento oficial duran alrededor de 20 horas y cada uniformado debe actualizar sus conocimientos entre dos y cuatro años después de cada curso.

En la diligencia estuvo presente el abogado Vadith Gómez, quien funge como representante de Alejandro Ordóñez, hermano de Javier Ordóñez. Tras la primera intervención del delegado de la Procuraduría, Gómez le preguntó al perito sobre las zonas prohibidas para la utilización del dispositivo de descargas eléctricas. “No está permitido realizarse en la frente, es contraproducente. Los principios del uso de la fuerza y de la dignidad humana nos dice que solo puede usarse en las partes con mayor índice de masa muscular”, respondió el uniformado Nova.

“¿Usted cómo catalogaría el despliegue contra una persona ya está reducida?”, le respondió el abogado Vadith Orlado Gómez, en su última intervención en la diligencia de este martes. Ante el cuestionamiento, el perito experto en taser fue contundente: “Si una persona ya está reducida, esposada y demás, ya se pierden todos los principios. Ya no habría necesidad de generarlos (los disparos eléctricos) dado que la persona ya está indefensa”.

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La diligencia fue guiada por Herman Rincón Cuellar, procurador delegado ante la Fuerza Pública, para decidir en el juicio disciplinario de los patrulleros Rodríguez y Lloreda. A lo largo del presente mes, Rincón atendió el testimonio de Henry Bonilla, policía adscrito al CAI Villaluz y que presenció la noche en que Ordóñez fue presuntamente torturado por los procesados. Asimismo, el delegado recogió las versiones de los mismos patrulleros, del testigo y mejor amigo de Ordóñez, Wilder Salazar, y de Francisco José Calle, médico forense que rindió el informe de necropsia.

Finalizada la intervención del abogado de las víctimas, el procurador delegado Herman Rincón Cuellar dio por finalizada la etapa probatoria, específicamente de recolección de testimonios, en este proceso disciplinario contra los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. El Ministerio Publico decretó la próxima audiencia de presentación de alegatos, que se desarrollará el próximo 22 de octubre al medio día. Luego se conocerá el futuro de ambos policías, quienes podrían ser destituidos de la institución e inhabilitados para ejercer cargos públicos.