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El Consejo de Estado dio la última palabra en un pleito jurídico de vieja data por la reubicación de más de 1.200 familias que conviven en puntos cercanos a las minas de carbón de El Hatillo y Cerro Largo, en el Cesar. La alta corte confirmó una decisión de 2023, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligó a la minera Vale Coal a darle un nuevo hogar a estos pobladores que han estado históricamente afectados por la explotación de ese mineral en los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico.
Antecedentes: Tribunal confirma que mineras del Cesar deben reubicar comunidades de El Hatillo
Vale Coal, antes conocida como Emcarbón S.A., es el primer productor de hierro en el mundo y, en 2012, vendió sus operaciones en la mina denominada El Hatillo, la cual ha tenido por más de una década a los campesinos de la región en riesgo de muerte. Así lo advirtió un informe del Ministerio de Ambiente, que hace más de 15 años determinó que hay campesinos en veredas que, incluso, soportan el doble del material particulado permitido. La operación de El Hatillo fue comprada por Colombian Natural Resources.
En 2010, a las empresas presentes en la explotación de ambos puntos el Ministerio de Ambiente les exigió, mediante resolución, reubicar a los campesinos gravemente afectados por el material particulado. Un trabajo que nunca hicieron y que siguen esperando las comunidades de la zona. Tan incómodo estuvo Vale Coal con la directriz gubernamental que demandó la misma resolución de la cartera de Ambiente, buscando tumbarla, y aparte exigió una indemnización que a la fecha supera los $223.000 millones.
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Sin embargo, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, “respaldando las resoluciones emitidas en 2010 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales obligaban a varias empresas mineras a participar en el reasentamiento de comunidades afectadas por la explotación de carbón en el departamento del Cesar”, como explicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Quedó demostrada la legalidad de las resoluciones demandadas, como manifestación legítima del poder de policía ambiental del Estado.
Vale Coal aseguró en su demanda, lo cual no resultó probado, que el Ministerio de Ambiente había excedido sus facultades al imponer obligaciones de reasentamiento a los pobladores. Además, cuestionó la existencia de pruebas técnicas que sustentaran la medida. Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado concluyeron que dicha obligación estaba prevista desde el inicio en la licencia ambiental otorgada a la compañía.
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“En su decisión, el Consejo de Estado recalcó que la disposición ministerial fue legítima y proporcional, en defensa del interés general y la salud pública, al proteger a las comunidades expuestas a los impactos de la actividad minera”, agregó la Agencia de Defensa en un comunicado de prensa. Con la orden judicial en firme, ahora resta saber si Colombian Natural Resources cumplirá las antiguas resoluciones del Ministerio de Ambiente y los habitantes afectados son reubicados a zonas donde puedan respirar un aire mejor.
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