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La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informó a través de un comunicado que fue víctima de un ciberataque. Luego del primer sondeo sobre esta situación, la entidad advirtió a sus usuarios sobre el secuestro de información de configuraciones de los servicios de red y comunicaciones a nivel nacional, y de información de carácter administrativo y jurisdiccional.
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El órgano de justicia castrense reportó el hecho a las autoridades y aseguró estar dispuesta a realizar planes de contingencia, buscando la recuperación y estabilización de los servicios tecnológicos. Además, buscarán la normalización del servicio de administración de justicia. Esto, en colaboración de las empresas dueñas de las tecnologías afectadas.
Debido a esta situación, que se presentó ayer en la madrugada, se suspendieron los trámites que se encuentran bajo el régimen del Código Penal Militar hasta que se logre restablecer los servicios de forma segura para los usuarios y la ciudadanía en general.
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Sin embargo, las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, memoriales y denuncias se recibirán presencialmente, en el Centro de Servicios Judiciales, sedes judiciales y fiscalías, en todo el país.
Aunque no existen datos actualizados en relación con ciberataques a entidades públicas en el último año, este tipo de delitos han sido motivo de preocupación del sector empresarial del país en los últimos años. El informe de Sophos, firma global especializada en ciberseguridad y en conjunto del medio especializado en tecnología y seguridad digital en América Latina (ADN Sureste), reveló que luego de México, con un 82%, y Francia, con 79%, Colombia es el tercer país con mayor índice de cibercriminalidad, a nivel mundial, con un 76%.
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Para los años 2023 y 2024, según estudios realizados por El Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force, informe anual que analiza las ciberamenazas, Colombia ocupó el primer lugar en América Latina, siendo las empresas pequeñas las más afectadas por estos ataques.
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