
Los bombardeos como estrategia para atacar a los grupos criminales sigue siendo un punto sensible en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Abogados y ciudadanos han puesto el debate sobre la mesa y los casos han llegado a juzgados y tribunales que buscan poner límites o por lo menos exigir respuestas sobre las operaciones militares aéreas que se han desarrollado y en las que han muerto menores de edad. Desde que el jefe de Estado asumió el poder, van por lo menos seis bombardeos en diferentes puntos del país. Para hacerle seguimiento a estos casos, dentro de las acciones recientes, un juzgado de Popayán y otro de Cúcuta le pidieron al gobierno tener las cuentas claras sobre las operaciones aéreas.
Dentro de estas acciones están los recursos que ha interpuesto la abogada constitucionalista Natalia Bernal Cano para que tanto el jefe de Estado como el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tengan en cuenta los territorios y sus comunidades al momento de adelantar ofensivas aéreas. En ese contexto, el juzgado octavo administrativo del circuito de Cúcuta admitió inicialmente una tutela en la que ordena adoptar medidas de precaución y verificación antes de cualquier operación aérea ofensiva en zonas donde exista información de inteligencia objetiva o duda razonable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes o población civil resguardada.
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Esa misma tutela del pasado 29 de septiembre le pide al gobierno tener en cuenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para reducir el riesgo de un daño a menores de edad reclutados y prohibir la presunción automática de combatiente sobre esos menores por la sola condición de su presencia en campamentos de estructuras armadas ilegales. Posteriormente, en una acción más reciente, una jueza de Cúcuta (Norte de Santander) admitió un incidente de desacato en contra del jefe de Estado, el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares por, supuestamente, no cumplir con la orden que les dictaron en septiembre sobre la especial protección a menores de edad que puedan estar en las zonas donde se llevarán a cabo las operaciones militares.
La jueza revisó y admitió el recurso de la abogada Bernal, quien expuso ante el despacho que supuestamente seguirían sin respetarse los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en zonas de conflicto armado. Aunque la abogada también pedía que se suspendieran provisionalmente los bombardeos, la jueza negó de plano esa petición al considerar que el incidente de desacato solo puede revisar lo que se ordenó en el fallo de tutela anterior, en el que ya se había negado frenar las operaciones militares. En ese mismo incidente de desacato, el juzgado ordenó una respuesta en máximo 48 horas en la que se pruebe que el protocolo sí se está implementando.
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“Este Juzgado considera pertinente admitir el incidente de desacato propuesto en contra de: Abelardo de la Espriella en su calidad de Presidente de la República de Colombia y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López en su calidad de Ministro de Defensa de la República de Colombia, Mayor General Erik Rodríguez Aparicio en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, para que ejerzan el derecho de defensa e informen acerca de la negativa en realizar todas las actuaciones que conlleven a dar cumplimiento al fallo de tutela del 29 de septiembre de 2026”, se lee en el documento.
A la par de esto, la abogada Bernal interpuso otra acción de tutela ante un juzgado en Popayán en representación de personas de especial protección que forman parte de la población civil, habitante de zonas aledañas de los lugares en los cuales hubo, hay o puede haber bombardeos y ataques militares; por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la Vida, Paz, Derecho Internacional Humanitario y el derecho colectivo a la seguridad pública. Según se lee en ese fallo con fecha del 24 de septiembre, el juzgado ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares observar y aplicar estrictamente los principios de precaución, distinción, humanidad y protección reforzada de la niñez durante la planeación, autorización, ejecución y evaluación de operaciones militares.
“En cumplimiento de tales deberes, deberán asegurar la adopción y/o implementación de mecanismos eficaces de análisis de inteligencia, valoración integral del riesgo, identificación de la posible presencia de población civil y menores de edad, así como de medidas de prevención y mitigación orientadas a reducir al máximo posible la afectación de niños, niñas, adolescentes y población civil no combatiente, de conformidad con la Constitución Política, el Derecho Internacional Humanitario y los instrumentos internacionales aplicables”, dicta el fallo del juzgado de Popayán. En esa misma decisión se negó la pretensión de ordenar la suspensión general, indefinida e indeterminada de los bombardeos y demás operaciones aéreas militares.
Frente a este recurso, el pasado 3 de noviembre, el juzgado de Popayán admitió un incidente de desacato en contra del comandante de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa por el incumplimiento de la tutela. Además, ordenó al presidente De la Espriella para que dentro de los próximos tres días haga cumplir la orden a cargo de los funcionarios responsables y de ser necesario abra el correspondiente procedimiento disciplinario en su contra.
El juzgado tuvo en cuenta los señalamientos de la accionante sobre la persistencia de operativos militares y bombardeos posteriores. Entre los hechos expuestos se incluyen el bombardeo del 10 de octubre en Norte de Santander con el fallecimiento de una menor de edad, reportes de afectaciones en el Catatumbo y el hallazgo de artefactos explosivos cerca de una escuela rural en Ortega, Cauca. Según se lee en el documento, las Fuerzas Militares deben “acatar estrictamente los principios de distinción, precaución, proporcionalidad y la protección reforzada de la infancia exigidos en el ordinal segundo. El control judicial busca verificar la efectividad material de dichos mecanismos preventivos en el planeamiento militar”.
Para el juzgado, las autoridades accionadas no allegaron pruebas o evidencias que acrediten la adopción e implementación de los mecanismos exigidos. Específicamente, no demostraron la aplicación de protocolos eficaces de análisis de inteligencia, valoración integral del riesgo e identificación de la presencia de civiles y menores de edad para reducir al máximo posible su afectación. Finalmente, el juzgado argumentó que, si bien en la sentencia de tutela se denegó la pretensión de prohibir u ordenar una suspensión general e indefinida de las operaciones aéreas, dicha decisión no atenúa ni relaja la obligación imperativa de la Fuerza Pública de acatar estrictamente los principios del DIH.
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Ptolomeo(73769)•04 de noviembre de 2026 – 10:45Felicitaciones a la dra Natalia Bernal y al juzgado por poner en cintura al comeduante payaso que tenemos de presidente. Recordarte que la Constitutcion del 91 no se puede seguir violando impunemente.