La acción popular para que Inassa reintegre dinero a Barranquilla

La Procuraduría quiere que la justicia colombiana obligue a la empresa española Inassa a devolver hasta el último centavo que ha obtenido por un contrato que pactó con la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A en el año 2000, y que le ha representado hasta ahora más de US$80 millones (unos $237.000 millones). Inassa, socio mayoritario de la Triple A, consiguió al tiempo hacerse a una asesoría técnica por la cual la Triple A le ha pagado, en promedio, unos $1.600 millones mensuales. “(Eso), en principio, no es ilegal, aunque sí evidentemente leonino para el distrito de Barranquilla”, señaló el Ministerio Público.

(Lea: Operación Lezo: un escándalo que no se detiene)

Hace un par de días, el procurador Fernando Carrillo anunció que su entidad iba a presentar un recurso en aras de recuperar el dinero que recibió Inassa y que tiene origen público también. Ese recurso, una acción popular, se va a radicar en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca este martes. En el documento de 28 páginas, conocido por El Espectador, la Procuraduría pide igualmente “dejar sin efectos el contrato de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que pactaron la Triple A e Inassa hace 18 años, “y todos aquellos actos jurídicos tendientes a adicionar, modificar, ampliar el referido negocio jurídico”. 

A Inassa, solicita la Procuraduría, se le debe ordenar que adopte “medidas inmediatas de restitución de recursos” a través de un plan de recuperación que “se realice con cargo a la participación accionaria, las utilidades y otros derechos y rentas o bienes de Inassa en Colombia o en el exterior” y, además, que con esa recuperación de dinero “se mejore la calidad del servicio o se logre la estabilización o disminución de las tarifas” para los barranquilleros. Asimismo, el organismo de control pidió la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en este asunto, con “medidas inmediatas y eficaces que sean necesarias para el ejercicio de labores de vigilancia y control efectiva y eficaz sobre la operación”.

(También lea: Las claves para entender el caso Inassa)

Según el Ministerio Público, una acción popular era necesaria porque se violaron “los derechos colectivos y la moralidad administrativa” con el cuestionado contrato. Esta indagación disciplinaria ha andado de la mano con la Fiscalía, la cual, en marzo de este año, abrió investigación formal contra 11 directivos o exdirectivos de la Triple A y de Inassa por el contrato de asesoría técnica en cuestión. Una lista compuesta por el actual gerente y el presidente ejecutivo de Inassa, el segundo suplente de este último, un expresidente y dos exgerentes de esa empresa, el gerente actual de la Triple A y cuatro exgerentes de esa misma entidad. 

La Procuraduría concluye que contratos como el que hoy se cuestiona los firmó Inassa con un propósito ulterior: “La Triple A S.A. E.S.P. e Inassa S.A. presuntamente ejecutaron de forma intencional una serie de actividades tendientes a descapitalizar al Distrito de Barranquilla, para de esta forma vincular y fortalecer empresarialmente a Inassa S.A., y posteriormente ejecutar actos de abuso de la posición dominante y del derecho al elaborar un entramado jurídico bajo apariencia de legalidad, a efectos que la sociedad Inassa S.A. obtuviera un provecho indebido e injustificado en calidad de socio controlante de Triple A”, expone el Ministerio Público. 

Una de las mayores críticas de la Procuraduría a Inassa, plasmada en esta acción popular también, ha sido la falta de soportes de la empresa española para sustentar los pagos que recibió por la “prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Al parecer, lo que Inassa respondió fue que la prestación misma del servicio que ha hecho la Triple A en todos estos años era la prueba de la asesoría, pues esta se prestó “de forma inmaterial”. Para la Procuraduría, esa respuesta ausente de evidencias “es a todas luces un exabrupto”.

(Lea: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa)

“La asistencia técnica por definición es precisamente eso, una asistencia o acompañamiento efectivo en el desarrollo de una actividad, por lo que no se entiende como se asegura haberse prestado dicha asesoría, pero al mismo tiempo se señala que la misma fue de forma intangible e inmensurable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que como se demostrará con la documentación anexa, tales como el informe rendido por la División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y con pruebas testimoniales, está demostrado que mes a mes los honorarios pactados se pagaban por Triple A SA ESP a Inassa S.A sin soportes algunos”, resaltó la Procuraduría. 

Para el Ministerio Público, el hecho de que la Triple A e Inassa pactaran tal acuerdo resultó siendo perjudicial para los habitantes de Barranquilla, quienes, estima esta entidad, vienen pagando tarifas más altas por el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo debido a que son ellos, en sus recibos, quienes asumen el pago de la asesoría. La Triple A le ha dicho a la Procuraduría que es de todo su interés colaborar con las autoridades, pero esas son palabras que se lleva el viento, de acuerdo con el organismo de control, pues no se han tomado soluciones “drásticas” para acabar con el contrato que se viene cuestionando desde el año pasado.

La Procuraduría quiere que la justicia colombiana obligue a la empresa española Inassa a devolver hasta el último centavo que ha obtenido por un contrato que pactó con la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A en el año 2000, y que le ha representado hasta ahora más de US$80 millones (unos $237.000 millones). Inassa, socio mayoritario de la Triple A, consiguió al tiempo hacerse a una asesoría técnica por la cual la Triple A le ha pagado, en promedio, unos $1.600 millones mensuales. “(Eso), en principio, no es ilegal, aunque sí evidentemente leonino para el distrito de Barranquilla”, señaló el Ministerio Público.

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Hace un par de días, el procurador Fernando Carrillo anunció que su entidad iba a presentar un recurso en aras de recuperar el dinero que recibió Inassa y que tiene origen público también. Ese recurso, una acción popular, se va a radicar en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca este martes. En el documento de 28 páginas, conocido por El Espectador, la Procuraduría pide igualmente “dejar sin efectos el contrato de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que pactaron la Triple A e Inassa hace 18 años, “y todos aquellos actos jurídicos tendientes a adicionar, modificar, ampliar el referido negocio jurídico”. 

A Inassa, solicita la Procuraduría, se le debe ordenar que adopte “medidas inmediatas de restitución de recursos” a través de un plan de recuperación que “se realice con cargo a la participación accionaria, las utilidades y otros derechos y rentas o bienes de Inassa en Colombia o en el exterior” y, además, que con esa recuperación de dinero “se mejore la calidad del servicio o se logre la estabilización o disminución de las tarifas” para los barranquilleros. Asimismo, el organismo de control pidió la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en este asunto, con “medidas inmediatas y eficaces que sean necesarias para el ejercicio de labores de vigilancia y control efectiva y eficaz sobre la operación”.

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Según el Ministerio Público, una acción popular era necesaria porque se violaron “los derechos colectivos y la moralidad administrativa” con el cuestionado contrato. Esta indagación disciplinaria ha andado de la mano con la Fiscalía, la cual, en marzo de este año, abrió investigación formal contra 11 directivos o exdirectivos de la Triple A y de Inassa por el contrato de asesoría técnica en cuestión. Una lista compuesta por el actual gerente y el presidente ejecutivo de Inassa, el segundo suplente de este último, un expresidente y dos exgerentes de esa empresa, el gerente actual de la Triple A y cuatro exgerentes de esa misma entidad. 

La Procuraduría concluye que contratos como el que hoy se cuestiona los firmó Inassa con un propósito ulterior: “La Triple A S.A. E.S.P. e Inassa S.A. presuntamente ejecutaron de forma intencional una serie de actividades tendientes a descapitalizar al Distrito de Barranquilla, para de esta forma vincular y fortalecer empresarialmente a Inassa S.A., y posteriormente ejecutar actos de abuso de la posición dominante y del derecho al elaborar un entramado jurídico bajo apariencia de legalidad, a efectos que la sociedad Inassa S.A. obtuviera un provecho indebido e injustificado en calidad de socio controlante de Triple A”, expone el Ministerio Público. 

Una de las mayores críticas de la Procuraduría a Inassa, plasmada en esta acción popular también, ha sido la falta de soportes de la empresa española para sustentar los pagos que recibió por la “prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Al parecer, lo que Inassa respondió fue que la prestación misma del servicio que ha hecho la Triple A en todos estos años era la prueba de la asesoría, pues esta se prestó “de forma inmaterial”. Para la Procuraduría, esa respuesta ausente de evidencias “es a todas luces un exabrupto”.

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“La asistencia técnica por definición es precisamente eso, una asistencia o acompañamiento efectivo en el desarrollo de una actividad, por lo que no se entiende como se asegura haberse prestado dicha asesoría, pero al mismo tiempo se señala que la misma fue de forma intangible e inmensurable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que como se demostrará con la documentación anexa, tales como el informe rendido por la División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y con pruebas testimoniales, está demostrado que mes a mes los honorarios pactados se pagaban por Triple A SA ESP a Inassa S.A sin soportes algunos”, resaltó la Procuraduría. 

Para el Ministerio Público, el hecho de que la Triple A e Inassa pactaran tal acuerdo resultó siendo perjudicial para los habitantes de Barranquilla, quienes, estima esta entidad, vienen pagando tarifas más altas por el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo debido a que son ellos, en sus recibos, quienes asumen el pago de la asesoría. La Triple A le ha dicho a la Procuraduría que es de todo su interés colaborar con las autoridades, pero esas son palabras que se lleva el viento, de acuerdo con el organismo de control, pues no se han tomado soluciones “drásticas” para acabar con el contrato que se viene cuestionando desde el año pasado.