Los departamentos de Guainía y Vichada suman una extensión de 172.480 kilómetros cuadrados, comparten el cauce del río Atabapo, que demarca parte de la frontera en Colombia y Venezuela, y tienen también una problemática en común: la minería ilegal de coltán y estaño, los llamados minerales de la transición, que ahora están en la lista de intereses ilícitos de los grupos armados.
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Un documento de inteligencia militar conocido por El Espectador revela cómo la facción disidente de la Segunda Marquetalia y un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fraguaron un acuerdo de acción delictiva coordinada para someter el territorio, explotar ilegalmente yacimientos mineros y evadir los controles del Estado.
Según el informe, elaborado por agencias de inteligencia y contrainteligencia que tienen agentes infiltrados en esa estructura delictiva, desde enero de 2025 funciona un pacto entre el frente José Daniel Pérez Carrero del frente de guerra oriental del ELN, y el frente Acacio Medina de la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, para operar en complicidad en Guainía y Vichada.
“Estas dos estructuras estarían delinquiendo unidas en esta zona de la Orinoquía colombiana, con el objetivo de poder adelantar coordinaciones estratégicas para obtener millonarios recursos que alimenten sus redes de finanzas ilegales”, se lee en el documento. A ese acuerdo habrían llegado tras una reunión realizada en territorio venezolano.
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El informe detalla que, tras el aumento de los operativos de las Fuerzas Militares y la Policía para replegar a los grupos armados en el suroriente del país, los líderes de ambos grupos armados se encontraron en Venezuela para llegar a un pacto de no agresión y de respeto a las redes de apoyo de cada estructura armada.
“Decidieron unir esfuerzos delictivos para minimizar las millonarias pérdidas que venían sufriendo tras las continuas incautaciones de coltán”. Según información de las Fuerzas Militares entregada a este diario, entre el 1 de enero y el 6 de abril de este año en el país se han incautado 81.74 toneladas de ese mineral, un amento comparado con las incautaciones en 2024, que fueron de poco más de 58 toneladas.
Inteligencia determinó que a la reunión en la que se consolidó la alianza entre ELN y disidencias de las Farc asistieron alias Pedro Pablo o Copete, líder del Frente José Daniel Pérez Carrero, del ELN; y Gener García Molina, alias Jhon 40 y jefe de la estructura Acacio Medina, de las disidencias al mando de alias Iván Márquez.
La comisión del ELN también la acompañaron Lilibeth Cifuentes Ruiz, de la comisión de finanzas, y José Joaquín Cáceres, alias Juaco. Por parte de la Segunda Marquetalia asistieron también José Miguel Díaz Sanmartín, alias Amado, y otro sujeto conocido con el alias de Indio Duvan; “quienes se encargan del manejo de las rentas ilegales de la estructura”, como señala la investigación.
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La base de ese pacto, según reza el documento, es la no agresión entre estructuras armadas, el respeto a sus redes de apoyo, la suspensión de las amenazas y asesinatos de integrantes, familiares, amigos y personas relacionadas con cada grupo ilegal, y el respeto a sus bienes y zonas de incidencia.
Esto, con el objetivo de facilitar el camino para “explotar, extraer, transportar, movilizar y comercializar juntos el coltán”; un mineral que, según ha reseñado la Fiscalía, tiene un costo aproximado de $98.000 pesos por kilogramo, $98 millones cada tonelada en el mercado nacional. De ese modo, ambos grupos también evaden de forma articulada los controles de las autoridades y buscan caminos para sacar el mineral de la región.
Para llevar el coltán al mercado ilegal, señala el documento, las disidencias y el ELN “estarían buscando establecer corredores de movilidad estratégicos”, como lo es la Ruta 38. Un trayecto que inicia en jurisdicción del departamento del Vichada, en el corregimiento de Puerto Nariño, pasando por las poblaciones de Santa Rita y Palmarito, hasta llegar a Cumaribo, el municipio más extenso de Colombia.
De allí, el camino sigue por la Inspección La 14, en jurisdicción de Cumaribo, pasando luego por el corregimiento de Tres Matas, hasta llegar a jurisdicción del departamento del Meta. Además del uso de esa ruta para el tráfico de coltán, los grupos armados se hacen a una segunda ganancia con las rentas de la extorsión.
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“Según se ha podido establecer (...) querían imponer el cobro de millonarias sumas de dinero por concepto de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores terrestres y fluviales”, señala el documento. Concluye además que no se trata de una fusión de ambas estructuras amadas, sino de una alianza a conveniencia en la que cada guerrilla sigue manteniendo “su autonomía, jerarquía y objetivos particulares”.
El Espectador consultó a los gobernadores de los departamentos de Guainía y Vichada sobre la situación; aunque desde sus despachos indicaron que sí tienen conocimiento sobre el tema, decidieron no pronunciarse por ahora al respecto.
Las autoridades tienen bajo la lupa también a una red de empresas, en apariencia legalmente constituidas, que estarían comprando el coltán traficado por los grupos armados. Aunque aún no hay detalles de esa investigación, desde las Fuerzas Militares indicaron que continúan también sus indagaciones y operaciones en territorio para desarticular la red de explotación ilegal de yacimientos mineros que tiene importantes impactos ambientales sobre la Amazonía.
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El más reciente golpe fue el pasado 3 de abril, cuando 48 toneladas de coltán, avaluadas en al menos $5.000 millones, fueron incautadas en la vereda Caño Negro (Cumaribo), en la vía que comunica a los departamentos de Vichada y Meta. Una cifra que se suma a las 283.9 toneladas de ese mineral incautadas entre agosto de 2022 y abril de 2024 en todo el país.
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Por Gustavo Montes Arias
