En 2012, el Estado colombiano reconoció parte del corregimiento de La Boquilla, en Cartagena (Bolívar), como territorio colectivo de las comunidades negras que allí residen. El título fue entregado, ni más ni menos, que por el expresidente estadounidense Barack Obama durante su única visita al país. No obstante, desde esa fecha, el título colectivo de los boquilleros estuvo demandado y hasta hace poco se tomaron cartas en el asunto. El 31 de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió declarar la nulidad de la titulación colectiva, debido a que ninguna autoridad administrativa defendió la causa en el juicio que tardó ocho años.
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Fuentes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le dijeron a este diario que apelarán la decisión del Tribunal pero las dudas en torno al proceso hacen que el caso atreviese por su momento más álgido. Fuentes de la Agencia Nacional de Tierras aseguraron que muy temprano esta mañana, la directora de la entidad, Myriam Carolina Martínez, viajó a Cartagena para reunirse con la comunidad y recoger insumos para armar la defensa en la apelación, recurso que para los boquilleros no tiene validez luego de que los términos judiciales para impugnar se vencieran hace una semana.
Fuentes de la ANT le dijeron a El Espectador que los términos fueron congelados al solicitar la aclaración de algunos puntos de los cuales el Tribunal basó su decisión. El pasado 24 de agosto, la Agencia cuestionó al Tribunal sobre el carácter rural que posee desde hace años de La Boquilla, los derechos de las comunidades negras ya que el fallo no los menciona.
En el documento presentado ante el Tribunal por la ANT se puede leer que “de igual manera consideramos que el Tribunal Administrativo de Bolívar debe señalar y aclarar las competencias referentes al territorio, su administración, las medidas de policía y demás que se deben adoptar producto de la nulidad de la Resolución 467 de 2012 y los efectos de la decisión, de tal manera se debe indicar el alcance de la nulidad para el Distrito de Cartagena, el Consejo Comunitario, la comunidad y la Agencia Nacional de Tierras”.
Para la comunidad el asunto no está claro. Desde hace años es un secreto a voces que el corregimiento de La Boquilla es apetecido por la élite del gremio hotelero y turístico que controla gran parte de la Heroica. Allí, más de 9.000 boquilleros viven entre la pobreza y las playas hermosas, caracterizadas por la pureza del agua y un mar tranquilo, que convierte la zona en un diamante en bruto listo para ser pulido. ¿El impedimento? El título colectivo de 2012 que no permite vender o arrendar por millonarias sumas de dinero los lotes y que cobijó un total de 39 hectáreas. Ahora, La Boquilla representa un enorme lío judicial que, con un proceso sin defensa ni representación, ha dividido a la comunidad que manifiesta sentirse abandonada.
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Benjamín Luna recibió de las propias manos de Obama el título de La Boquilla en 2012. Fue él quien en 2010 presentó la solicitud ante el Instituto Colombiano de Desarrollo (INCODER) para que se titulará a favor de las comunidades negras de la Boquilla el territorio colectivo que han habitado historicamente y en el cual, han venido desarrollando sus prácticas tradicionales de producción, siendo la pesca una de las más representativas y de conocimiento público por parte de la sociedad cartagenera. Una vez, el señor Benjamin tuvo conocimiento del proceso judicial que cursaba en contra de la legalidad del titulo colectivo que tanto representa para la integridad étnica y cultural de su comunidad y, al advertir la ausencia de defensa judicial dentro del proceso por quiénes tenían el deber jurídico de hacerlo, solicitó ante el Tribunal Administrativo de Bolivar que se reconociera su participación en calidad coadyuvante de la parte demandada, hoy Agencia Nacional de Tierras. “En ese pleito el único que tuvo la oportunidad de representar a la comunidad fui yo y en calidad de coadyudante pero sin la participación real de la entidad demandada, uno queda maniatado”, expresó Luna.
Para el representante legal de los boquilleros, existe un gran riesgo de que la comunidad negra desaparezca ahogada por un desarrollo turístico voraz. La preocupación no es para menos, La Boquilla está en medio de dos grandes megaproyectos: Por la costa norte de Cartagena, la “ciudad soñada” ya es una realidad y es conocida como Serena del Mar. Se trata de una lujosa urbanización con fama de ser el proyecto turístico más grande de Latinoamérica. Al otro lado de la costa, en el sur, se levantan los edificios de los consorcios hoteleros más poderosos del país.
Benjamín Luna le dijo a este diario que “debemos luchar, pelear y quedarnos aquí porque así no tengamos la capacidad económica para competir con los grandes gremios turísticos si lo podemos hacer con un turismo ecológico y étnico porque hemos estado aquí desde hace más de tres siglos”. Pero con la noticia acerca del vencimiento de los términos, Luna aseguró que no asistirá a las reuniones convocadas pro la ANT.
Luego de ser adjudicado el título colectivo a favor de las comunidades negras de la Boquila, dos particulares demandaron al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Alegaron una falsa tradición ancestral y que, con la decisión de la entidad, se separó a un territorio de la ciudad de Cartagena sin tener en cuenta que La Boquilla es zona urbana y no rural, asunto que no está claro. Tras la liquidación del polémico Instituto por corrupción en 2016, el caso pasó a manos de la Agencia Nacional de Tierras que, por su parte, le dio el poder a un tercero para ejercer la defensa judicial de su propia decisión.
Pero durante el juicio, el caso avanzó con tropiezos. La abogada de la defensa renunció pasado un tiempo y prueba de ello quedó registrada en el fallo en el cual se puede leer que la Agencia Nacional de Tierras “guardó silencio” y que la Procuraduría “no emitió concepto” sobre los argumentos de los demandantes. Luego de los ocho años trascurridos, fuentes de la Agencia Nacional de Tierras le dijeron a este diario que en el proceso encontraron varias irregularidades, que catalogaron como “vicios” y se abstuvieron de revelar más información por protección del litigio en segunda instancia.
Salvamento de voto
El expediente llegó a la Sala de Decisión N.2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Allí, uno de los tres magistrados que la conforman se apartó de la decisión y salvó su voto. Se trató del magistrado José Rafael Guerrero, para quién la decisión atenta en contra del derecho a la tierra de las comunidades negras. De acuerdo con lo expresado por el magistrado Guerrero, el Tribunal no tuvo en cuenta una certificación de la Secretaría de Planeación más reciente, en la cual, si es claro que La Boquilla no hace parte la zona urbana en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena.
En el documento de seis páginas se puede leer que “la comunidad negra asentada en la Boquilla es reconocida como un asentamiento de pescaderos, que cuenta con unas costumbres y tradiciones ancestrales, modo de vida que se acopla más a las definiciones de suelo suburbano y rural”. Según el magistrado, declarar el territorio de la Boquilla como zona urbana de Cartagena requería de pruebas contundentes para dejar sin efecto la titulación colectiva. Por el contrario, la Sala del Tribunal analizó opiniones del antiguo Incoder y “una certificación imprecisa de la Secretaría de Planeación del año 2007 (…) pruebas que no confieren ese grado de certeza”.
En ese sentido y a pesar de no haber emitido un concepto durante el juicio, fuentes de la Procuraduría señalaron que el martes pasado apelaron a la decisión del Tribunal al ser un mal precedente para todos los títulos colectivos otorgados en el país. De acuerdo con el documento, “no vincular formal y en debida forma al Consejo Comunitario de la comunidad rural de la Boquilla, configura una violación a los derechos fundamentales y garantías procesales como el Debido Proceso, el derecho a la contradicción y defensa, frente a la posibilidad de anulación del acto administrativo que le dio vida jurídica, concreción y materialización a su derecho fundamental al Territorio que, para las comunidades étnicas, va más allá de la simple descripción física o georreferenciación del mismo”.
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El asunto es grave pues, según Indepaz, en el país se han titulado un total de 5 millones de hectáreas. De acuerdo con Lena Acosta, abogada especializada en derecho étnico de la Universidad de Cartagena, el territorio adjudicado a comunidades negras en el país, en calidad de títulos colectivos, representa un 5% del total del territorio nacional, del cual, solo un 0.06% se encuentra en jurisdicción del departamento de Bolívar, lo cual evidencia la precariedad en el acceso a este tipo de derechos por parte de las comunidades negras de la región Caribe.
Fuentes de la Procuraduría manifestaron que la decisión del Tribunal es un mal precedente para la titulación de los territorios y temen que otros reconocimientos también demandados.
Las irregularidades
Durante los ocho años del juicio, el proceso sobre la titulación de La Boquilla avanzó sin una defensa clara. El Ministerio público no emitió concepto y la ANT guardó silencio, hoy estas actuaciones tienen en camisa de once varas a las entidades que abiertamente han declarado su compromiso por proteger a la comunidad.
El Espectador habló con Lena Acosta, exdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT quien aseguró nunca haber recibido en su despacho el proceso en contra del título colectivo de La Boquilla. “Durante el tiempo que desempeñe el cargo en 2019, la Dirección de Asuntos Étnicos constantemente fue requerida por parte de la Oficina Jurídica, para que se suministrara información técnica que les permitiera ejercer en debida forma la defensa de la Entidad en los diferentes procesos judiciales de los cuales hacia parte e involucraban el reconocimiento de derechos étnicos-territoriales; no obstante, no tuve conocimiento de la existencia del proceso de nulidad contra el titulo colectivo otorgado a favor del Consejo Comunitario de la Boquilla, por lo que lo sucedido me resulta desconcertante”.
Acosta no es la única, fuentes de la ANT aseguran que todo el entramado judicial se debe a los actos de corrupción que salpicaron al Incoder y que desencadenaron su liquidación. De acuerdo con fuentes de la ANT, no es claro cómo llegó el caso a la entidad. Por otro lado, en el expediente en contra de la titulación, el magistrado José Rafael Guerrero (el único en salvar su voto) aparece como delegado de la Procuraduría, información confirmada por el ente de control.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, Guerrero fue procurador judicial administrativo y llegó a este cargo en septiembre de 2016. Hace aproximadamente dos años, se fue para el Tribunal “al ganarse un concurso”, señalaron. Lo que causa dudas es el por qué siendo parte del proceso no se emitió un concepto y siendo magistrado del Tribunal, se apartó de la decisión. La participación de Guerrero en el caso tampoco está clara para los líderes de las comunidades de La Boquilla, quienes le dijeron a este diario que seguramente se trató de un error en la transcripción pues siempre lo han conocido por ser parte de la Sala N. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Este diario intentó comunicarse con el magistrado Guerrero pero no pudo localizarlo.
