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El fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora general Margarita Cabello le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que le piden preservar el orden público para poder cumplir con sus funciones investigativas. En el documento, hacen referencia al ataque que sufrió el helicóptero en el que se movilizaba una comisión de verificación compuesta por miembros de la Procuraduría, la Fiscalía y el Ejército, entre otros, quienes viajaban hacia Tierralta (Córdoba), para investigar los hechos de violencia cometidos contra la población civil de la vereda El Manso y que, al parecer, habrían sido perpetrados por miembros de la Fuerza Pública.
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“Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones”, señalan en la carta Barbosa y Cabello. En el texto, los jefes de las entidades resaltan que hablan, en este caso, de “lo concerniente al acceso a los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los Derechos Humanos”.
En la carta le hacen saber al presidente su preocupación por el “atentado criminal perpetrado la tarde del día de hoy en contra de servidores públicos de la Fiscalía y de la Procuraduría que, de manera oportuna y en cumplimiento de sus funciones, se desplazaban en el helicóptero del Ejército Nacional que fue impactado por armas de largo alcance”.
El fiscal y la procuradora le pidieron al presidente que “la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”. Añadieron que es primordial restablecer el orden público “frente a las circunstancias descritas, en orden a esclarecer, no solo lo sucedido en la vereda El Manso, sino también el atentado en contra de la aeronave en la que se movilizaban nuestros delegados”.
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Barbosa y Cabello advirtieron además que “sin estas garantías de seguridad, señor Presidente, no se podrá hacer efectiva la protección a los ciudadanos colombianos, en su honra y bienes, ni el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pilares de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho”.
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