La defensa del magistrado Rojas Ríos en el caso Autorrolings

El alto funcionario de la Corte Constitucional asegura que la petición que hizo a la a Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional la hizo sin conocer a las personas involucradas.

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Redacción Judicial
13 de julio de 2017 - 02:40 a. m.
El magistrado Rojas Ríos es uno de los más veteranos de la Corte Constitucional. / Archivo El Espectador.
El magistrado Rojas Ríos es uno de los más veteranos de la Corte Constitucional. / Archivo El Espectador.
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Luego de que el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, apareciera mencionado en el caso de una mujer involucrada en escándalo de los supuestos sobornos a los magistrados del Tribunal Superior del Meta, el alto funcionario de esa corporación, por medio de un comunicado de prensa, salió al paso. Defendió la insistencia que presentó a la Sala Cuarta de Selección de tutelas de la Corte para pedir que Marbelly Sofía Jiménez, la mujer condenada a 52 años de cárcel por el asesinato de su esposo, Óscar William Parrado y quien habría pagado un soborno a un juez, no fuera a la cárcel.

El documento de 12 páginas que Rojas Ríos presentó en abril del año pasado sostenía que con el envío de la mujer a prisión se estaría afectando los derechos de sus tres hijos y el principio de prevalencia del interés superior del menor. “Es mi obligación advertir que en este asunto se está cometiendo una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad, hijos de la acusada, quienes requieren con urgencia y prontitud la presencia de su madre para tener un desarrollo armónico y pleno”, sostuvo Rojas Ríos. (Un lío más para Alberto Rojas Ríos)

El magistrado aseguró que la solicitud que hizo a la sala de la Corte la hizo sin tener conocimiento concreto de las personas que pudieran estar involucradas “en hechos que impliquen juicios de valor negativos” y a los cuales dijo ser ajeno. “(…) más allá de las vicisitudes particulares de los litigios y la sanción que corresponde a quienes que incurran en sanciones delictivas, los principios, valores y derechos quedan identidad doctrinaria a nuestra constitución política, constituyen un parámetro de protección sobre los derechos fundamentales de sujetos y poblaciones vulnerables y frágiles, en el marco del estado social del derecho”, puntualizó el magistrado en el comunicado de prensa. (El capítulo del magistrado Alberto Rojas en el escándalo del Tribunal Superior del Meta)

 

Por Redacción Judicial

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