En Colombia existe una ley que, al parecer, excluye a personas con discapacidad de cargos en entidades como la Fiscalía, la Registraduría o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esa es, en esencia, el problema que este miércoles 6 de mayo podría resolver la Corte Constitucional, que estudia una demanda contra una norma que buscó ampliar la inclusión laboral de esta población en empleos del Estado, pero que, según el demandante, dejó intactas las reglas que siguen estas entidades para contratar su personal. Lo que resuelva la Sala Plena podría obligar a las entidades más poderosas del país a replantear sus mecanismos de acceso de funcionarios y abrirles puertas a quienes no han podido acceder a estos cargos, muchas veces, por perjuicios.
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El caso tiene como ponente a la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien desde septiembre del año pasado lidera el estudio del recurso contra un artículo de la ley 2418 de 2024, norma que modificó el sistema de acceso y ascenso en la carrera administrativa estatal, pero no habría incluido la misma regla para cargos, por ejemplo, en la Fiscalía. La reforma, dice la demanda, creó acciones afirmativas para personas con discapacidad, como garantizar cierto número de cupos para esta población y que sus inscripciones a concursos públicos sean gratis. Sin embargo, el demandante sostiene que esa protección quedó incompleta porque solo cobija al sistema general de la carrera, y no a los regímenes especiales y específicos.
Es decir, que mientras algunas entidades están obligadas a garantizar esos beneficios, otras como el ente investigador o el Ministerio Público seguirían funcionando con sus propias reglas. De acuerdo con el demandante, esa ley “configura una omisión legislativa”, porque aunque trató de proteger a las personas con discapacidades, se le olvidó incluir en esa norma a todo el sistema de contratación de funcionarios públicos. Por eso, le pidió a la Corte Constitucional que revise la ley y, si decide dejarla con vida, la condicione, para que también aplique a quienes quieren ser fiscales, asistentes de investigación, procuradores, inspectores o contralores, o cualquier trabajo relacionado a las “ías”.
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Para resolver este caso, la Corte invitó a las entidades directamente relacionadas con el tema para que participaran. Para la Fiscalía y la DIAN, la demanda no debe prosperar. La Dirección de Impuestos envió un concepto al alto tribunal en el que explicó que la omisión legislativa que menciona el demandante no existe realmente en su caso. Según la entidad, su régimen propio y normativa interna “ya prevé el mecanismo de integración normativa que hace extensivas las medidas de la Ley 2418 de 2024 a sus procesos de selección”. Es decir, que sus propias reglas ya incluyen la protección a personas discapacitadas que buscan aspirar a cargos en la DIAN.
Por su parte, la Fiscalía expresó que “establecer porcentajes de los empleos para ser provistos con ciertos grupos poblacionales no exalta el mérito”. Agregó que “el diseño normativo actual del sistema general que establece acciones afirmativas o políticas de discriminación positiva para conservar un porcentaje determinado de empleos para ser provistos con personas con discapacidad, no puede confundirse con el cumplimiento del mérito como principio rector de la carrera de los distintos regímenes exceptuados como el que ostenta la Fiscalía, por lo tanto, la aplicación de la norma no debe ser extensiva a los regímenes especiales, aunado al hecho de la especificidad con el que cuenta el ente investigador”.
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A pesar de la postura de las dos entidades, el demandante tiene el apoyo del Ministerio de la Igualdad. Esa cartera le envió un documento a la Corte señalando que, a su parecer, “la exclusión contenida en la ley, no encuentra una justificación objetiva ni razonable puesto que las barreras de acceso al trabajo que enfrentan las personas con discapacidades son estructurales”. Por eso, señaló que la protección debe estar en todo régimen, porque al estar dividida, como dice el demandante, se vulneran derechos fundamentales. Agregó que “la protección de los derechos laborales de estas personas no puede depender del tipo de régimen de carrera, sino de su condición de vulnerabilidad”.
Otro espaldarazo lo dio la Procuraduría, que señaló que “aunque los regímenes especiales atienden a misiones institucionales diversas, las personas que participan en ellos enfrentan las mismas exigencias de mérito, los mismos procesos competitivos de selección y, sobre todo, los mismos obstáculos estructurales cuando se encuentran en situación de discapacidad”. Según el Ministerio Público, que la actual ley no incluya regímenes especiales, no permite que se garanticen los derechos a “la igualdad, la protección reforzada y la inclusión laboral de esta población”. Agregó que “aunque la norma tiene como finalidad promover la igualdad real y efectiva, su alcance resulta incompleto”.
Por eso, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que le dé la razón al demandante y que determine que la protección y beneficios que tienen las personas con discapacidades en el régimen general, se extienda también a las que aspiren a cargos públicos en la Fiscalía, la DIAN, la Registraduría o cargos en la Rama Judicial y entes de control. Serán entonces los nueve magistrados de la Sala Plena los que revisen cada una de las posturas presentadas y determinen si realmente la ley que salió del Congreso es excluyente y debe extenderse, o si por el contrario, los regímenes especiales deben ser autónomos para establecer a quiénes reciben en sus entidades, como lo pidió la Fiscalía.
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Por Jhordan C. Rodríguez
