El 11 de enero de 2005, los disparos de una pistola 9 mm silenciaron la voz de uno de los periodistas más conocidos en Cúcuta (Norte de Santander): Julio Hernando Palacios Sánchez, director del Radioperiódico El Viento. Hacia las 5:00 de la mañana, dos hombres en una motocicleta le dispararon a su camioneta cuando Palacios se dirigía a la emisora.
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Los hostigamientos y amenazas habían empezado nueve años atrás, cuando también le dispararon al vehículo donde se movilizaba. Fue cuestión de días para que las amenazas telefónicas se materializaran a tal punto de que, incluso, le lanzarán una granada (que nunca explotó) en la sede de Radio Lemas de Colombia, su lugar de trabajo. No obstante, el 3 de noviembre de 2004, la Policía realizó la Evaluación Técnica del Nivel de Riesgo que determinó que su riesgo era Medio Bajo por tratarse de un “riesgo laboral”.
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Ese día a Palacios lo devolvieron para su casa con un folleto de instrucciones de autoprotección que le sugerían “coordinar con la patrulla policial de sector para que, durante sus patrullajes de vigilancia y control, realice revistas esporádicas a la residencia del periodista”. Asimismo, evitar las rutinas, viajar acompañado y dar detalles de sus movimientos únicamente a personas de confianza, entre otras medidas que, a la larga, no fueron suficientes para evitar su asesinato.
El año siguiente a su muerte, ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la familia del periodista demandó al Estado, expusiendo la omisión de las autoridades y pidiendo ser reparadas. En el proceso, Fernando Aníbal Ortiz, otro periodista amenazado y compañero de Palacios, explicó la insuficiencia en la respuesta de las autoridades: “fuimos a la policía y nos dieron un instructivo de seguridad para que lo cumpliéramos: como que no viajáramos solos, etc. Pero, sin embargo, mataron a Julio”.
El crimen de Palacios hizo temer a todo el gremio periodístico en la capital del Norte de Santander. La situación no era para menos, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Cúcuta es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en Colombia. Entre la intolerancia, la violencia y una clase política corrupta, se gestaba el escenario perfecto para silenciar opiniones distintas que incomoden. Este era el escenario donde se movía Palacios y otros colegas, ya que, al parecer, el atentado contra el director de El Viento había desatado todo una ola de periodistas amenazados en Cúcuta.
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La situación de los periodistas se volvió más dramática durante la Gobernación de Luis Miguel Morelli Navia, entre 2003 y 2007, cuando las amenazas se hacían, incluso, a micrófono abierto. James Silva, quien trabajó con Palacios, recordó que “cuando empezamos a trabajar en la emisora empecé a recibir llamadas donde había amenazas que se callaran la boca, que no fueran a hablar, que no se metieran con el Gobernador de turno que era el doctor Morelli porque los iba a volver mierda”.
Palacios informó a la Sijín de la Policía de Santander sobre las amenazas contra su vida (que no eran un secreto para nadie en la ciudad), originadas por las denuncias que hacía sobre la corrupción y las relaciones narcoparamilitares de la clase política local. En tal sentido, los demandantes argumentaron que la reacción de las autoridades desestimó el riesgo en el que estaba el periodista y no tomó cartas en el asunto.
Por su parte, el Estado argumentó que el asesinato del periodista había sido perpetrado por terceros ajenos al gobierno y que, además, “no es predicable afirmar que el Estado es responsable de la seguridad de las personas que viven en circunstancias de riesgo especial”. El Ministerio Público aseguró, en cambio, que el Estado “se encontraba en una posición de garante respecto de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal del periodista (…) por cuanto existía una amenaza cierta en contra de este ciudadano y, pese a ello, la Policía Nacional no adoptó las medidas suficientes”.
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, declaró la responsabilidad del Estado, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía, por omisión en sus funciones. El Alto Tribunal encontró imprecisiones en la Evaluación Técnica del Nivel de Riesgo realizada por la Policía dos meses antes de su muerte. De acuerdo con el fallo, esa Institución no tuvo en cuenta el perfil del comunicador ni el calibre de la información que difundía el periodista en el radioperiódico El Viento y que, según este juzgado, habrían marcado la diferencia en el desenlace de los hechos.
Tampoco, aseguró este tribunal, se tuvo en cuenta el contexto en el que trabajaba el comunicador, lo cual permite afirmar que “las libertades fundamentales de expresión, opinión, información y prensa de dichos profesionales no contaban con las garantías suficientes para el ejercicio tranquilo y seguro del periodismo”.
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“Ante tal panorama, esta Corporación considera que la falta de una investigación diligente de las amenazas y hostigamientos implicó una violación a la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Julio Hernando Palacios Sánchez, y a su vez, constituyó una violación al deber de prevenir, en tanto que, habría podido constituir un medio de prevención para impedir la continuación de las amenazas que llevaron a la trágica muerte del referido periodista”, dice el fallo que ordenó el pago de una indemnización millonaria a los familiares de Palacios.
