Más de 8.700 infiltraciones a su celular. Al menos 124 accesos irregulares a cámara y micrófono. Y más de 2,3 gigas de información sensible. Este es el resumen de la reciente denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la que señaló directamente al Ministerio de Defensa de haber destinado dineros de las Fuerzas Militares para interceptarlo y ordenar un informe de contrainteligencia.
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Además, aseveró que su teléfono fue infectado con el software espía Pegasus, entre agosto y noviembre de 2025, sin que hasta ahora sea claro quién ordenó esa interceptación. El señalamiento desató una nueva tensión en el gobierno Petro y puso a dar respuestas al ministro Pedro Sánchez.
El escándalo arrancó en la mañana del 13 de enero, cuando el ministro Idárraga dijo públicamente que tiene pruebas suficientes para señalar que desde la cartera de Defensa se habría adelantado una “campaña de desprestigio” en su contra.
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Los hechos corresponden al tiempo en el cual Idárraga era Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, un cargo en el que le puso la lupa a presuntos casos de corrupción relacionados con gastos reservados de las Fuerzas Militares; posibles vínculos de estructuras armadas con miembros de la fuerza pública; pérdida de material bélico de Indumil y hasta y una posible red de corrupción en Sanidad del Ejército.
El alto funcionario dijo que, al advertir problemas con su celular y percibir posibles errores en chats y archivos durante los últimos meses, puso la investigación en manos de Forensic Strategic Group (Incoseg), un laboratorio de los Estados Unidos, cuyo análisis inicial arrojó que el celular del ministro encargado habría sido infectado con el software Pegasus, adquirido durante el gobierno de Iván Duque.
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“Creemos que Pegasus lo tenía la Policía y ahora con esta situación intentamos verificar si esa institución está ligada al caso o si otras entidades del Estado, como el Comando de Contrainteligencia del Ejército, porque también tiene operación de espionaje”, dijo Idárraga.
En esa misma línea, expuso un informe de contrainteligencia, que habría sido ordenado por el Ministerio de Defensa y según el cual, señaló Idárraga, todo haría parte de un plan al interior del sector Defensa para evitar golpes en la reputación de sus instituciones que podrían estar relacionados con las investigaciones de posible corrupción que adelantaba el ahora ministro encargado en la Secretaría de Transparencia.
Sin embargo, aseguró que los seguimientos fueron extensivos a toda su familia, lo que genera dudas sobre el verdadero objetivo que tenían las interceptaciones: “No coincide con el hecho de que también hayan llevado a cabo seguimiento a mi familia, en especial a mis hijas que son menores de edad”.
En sus declaraciones, el jefe de la cartera de Justicia también señaló un nombre concreto: el sargento viceprimero Darwin Rodríguez. El militar, según Idárraga, estaría relacionado con la orden de contrainteligencia dada al Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim) cuyo objetivo, al parecer, era frenar las filtraciones de información reservada de las Fuerzas Militares que estarían yendo a parar a la Secretaría de Transparencia.
“Fuentes de información lo señalan como el principal sospechoso de haber llevado a cabo las órdenes que salieron desde el Ministerio de Defensa (...) Que sea la Fiscalía la que determine si hay órdenes y de quién, para llevar a cabo situaciones que abiertamente son ilegales”, indicó.
El Cacim, la unidad militar mencionada por el ministro Idárraga y de dónde habría salido la orden de seguir al ministro de Justicia, está ubicada en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá.
Según organigramas del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por este diario, en esa dependencia militar funcionan dos batallones que, durante el gobierno Duque, protagonizaron uno de los peores escándalos de ese cuatrienio y que también tiene que ver con seguimientos ilegales: espionaje y perfilamiento de más de 130 ciudadanos, entre ellos, periodistas y figuras de la política que eran críticas con la gestión del primer mandatario de ese momento.
En esas labores irregulares de seguimientos, realizadas en 2019, recolectaron masivamente toda la información posible de sus “objetivos” para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, fuentes de información, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles.
Un asunto muy similar al que denunció Idárraga a través de redes sociales. Por cuenta de ese escándalo, conocido como las Carpetas Secretas, la Procuraduría General tomó medidas sobre el asunto y el caso le costó el cargo al entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez.
El Ministerio Público suspendió a 13 militares y los llamó a juicio disciplinario por esas labores que tenían como objetivo perfilar a personas que eran incómodas para el Gobierno Duque.
Entre ellos, el general (r) Gonzalo Ernesto García Luna, conocido durante décadas como uno de los oficiales más curtidos en operaciones de inteligencia militar. Además, en medio de ese escándalo, el entonces presidente relevó del cargo el general Nicacio Martínez del comando del Ejército Nacional. Sin embargo, aseguró que su determinación, tomada en enero de 2020, tenía motivaciones distintas a la revelación de las Carpetas Secretas.
El caso de las presuntas interceptaciones al ministro Idárraga ya está en manos de Fiscalía, Contraloría y escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Por su parte, el ministro de Defensa le reiteró el respaldo y disposición a Idárraga para esclarecer los hechos y anunció una Junta de Inteligencia Conjunta para apoyar las investigaciones y garantizar su seguridad.
No obstante, el ministro encargado le aseguró a este diario que no confía en Pedro Sánchez y que no entiende cómo el sargento viceprimero Darwin Rodríguez, quien habría estado detrás de la orden de contrainteligencia, está adscrito al despacho del ministro. Este miércoles continuarán las diligencias en las que la Fiscalía recibirá todas las pruebas que tiene Idárraga y en las que, además, se espera que se conozcan más nombres de altos oficiales involucrados en el caso.
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