Desde el viernes pasado, con la salida de la magistrada Gloria Stella Ortiz, la Corte Constitucional quedó coja. La jurista cumplió su período de ocho años y dejó en encargo al abogado Hernán Correa, mientras la Corte Suprema de Justicia arma la terna de candidatos a reemplazarla y el Senado elige al ganador. Aunque desde hace unos años estos procesos de elección tardan más de lo esperado, principalmente por presiones políticas e ideológicas, esta vez la situación no tiene precedentes y revela un problema que tiene a las altas cortes, incluyendo al Consejo de Estado, pasando por tiempos de altísima tensión sin que se vea una solución pronta y clara en el horizonte.
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La crisis tiene su explicación en un expediente que podría sacar de la Corte Suprema a siete magistrados, desbaratando el quórum que necesitan para tomar decisiones, como la de definir la terna para la vacante que dejó Ortiz en la Corte Constitucional. Los juristas que están en la cuerda floja son: Fabio Ospitia, Hugo Quintero, Ómar Ángel Mejía, Luis Benedicto Herrera, Iván Mauricio Lenis, Gerson Chaverra y Francisco Ternera. Según los recursos que estudia el Consejo de Estado, todos ellos fueron elegidos mal, pues, dice el recurso, la Suprema se equivocó al interpretar su propio reglamento.
Para los demandantes, entre ellos León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación; Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, e Iván Velásquez, exmagistrado y hoy asesor en temas de justicia del presidente electo, Gustavo Petro, la Suprema no podía elegir a ninguno de los siete jueces, pues en el momento en que lo hizo no tenía los suficientes magistrados para completar el quórum que se requería para elegir. En concreto, a los magistrados los escogió en 2020 una Sala Plena que tenía 15 integrantes y, según el reglamento, el número mínimo de votos para tomar decisiones, precisamente como esa, debía ser de 16 (2/3 partes de la Corte completa).
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En ese momento la Corte Suprema resolvió el asunto explicando que tuvo que interpretar su reglamento para salir de la crisis, además porque justamente en ese momento debía elegir al reemplazo de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, quien renunció a su cargo en medio de una tormenta política por sus nexos con el escándalo de Odebrecht. Para elegir a la cabeza del ente investigador, la Suprema sí contó con 16 votos, pero para elegir a sus miembros, solo 15. Aunque a simple vista esa situación solo parece pasarle factura a la Suprema, lo cierto es que ahora, sin Gloria Ortiz en la Constitucional, la situación es más amplia.
El expediente está en manos del consejero de la Sección Quinta Luis Álvarez, quien todavía no ha presentado a sus compañeros la ponencia para poder discutir una decisión de fondo. Mientras el magistrado se decanta por un proyecto de fallo, en los pasillos del Palacio de Justicia la situación está tensa. Fuentes explicaron que las altas cortes viven elevados “niveles de incertidumbre”. Una, la Corte Constitucional, porque ve “embolatadísimo” el reemplazo de una magistrada. La otra, el Consejo de Estado, porque tiene en sus manos la orden de sacar a siete colegas de la Suprema y, en pocas palabras, decirle a toda la Sala Plena que se equivocó.
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Y por último, la Corte Suprema de Justicia, porque, dependiendo de la decisión de sus vecinos, podría quedarse sin quórum y no faltarían quienes quieran refutar decisiones que tomaron los siete magistrados que podrían salir de la entidad. Como si fuera poco, a la incertidumbre del momento se le suma otra pregunta: si el Consejo de Estado decide anular la elección de los magistrados y, en consecuencia, sacarlos, ¿quién debería completar el quórum de la Corte Suprema? La respuesta no es clara, no solo porque su reglamento no lo tiene previsto, sino porque sería la primera vez que el alto tribunal enfrentaría una situación así desde que la Constitución de 1991 determinó que sería la misma Sala Plena la encargada de elegir a sus magistrados.
Para el profesor David Andrés Murillo Cruz, también investigador y miembro del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, si el Consejo de Estado tumba la elección de los siete magistrados en la Corte Suprema, “podría darse una crisis al interior de esta alta Corte, pues habría un vacío normativo que generaría la imposibilidad de elegir en su interior nuevos magistrados. Para evitar esa crisis habría dos soluciones: la primera, que la Sala Plena, con los 19 magistrados actuales, destrabara la elección de los cuatro magistrados que hacen falta. Y la segunda, que la Sala Plena adecuara su reglamento interno en estos momentos para prever una solución en caso de que el Consejo de Estado declare la nulidad de la elección de los siete magistrados”.
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Para el profesor Murillo, quien es doctor en Derecho Público, “a todas luces la solución más transparente y adecuada es la primera, esto es, escoger los cuatro magistrados faltantes, reunir los 23 magistrados de la Corte Suprema, para que, si eventualmente se declara la nulidad de siete de sus miembros, quede un total de 16 magistrados que cumplirían el quórum necesario para nuevas elecciones, según lo reglado por el artículo 6 del Reglamento de la Corporación”.
Mientras el Consejo de Estado avanza en el debate que podría definir el futuro de sus colegas, la tensión sigue acumulándose en el Palacio de Justicia. La Sala Plena de la Corte Suprema ya tiene una lista de 69 aspirantes para definir la terna, de donde saldrá el candidato que elija el Senado para ocupar la plaza que dejó la exmagistrada Ortiz, pero hasta el próximo 19 de julio volverán a hablar del tema. A la discusión, que es puramente jurídica, no se le han escapado las aristas políticas, pues el único antecedente similar de una situación así ocurrió en 1986, después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando el presidente Belisario Betancur nombró casi de inmediato a 11 magistrados para reemplazar a quienes habían sido asesinados.
Aunque lo inédito en ese momento fue la premura por elegir a tantos miembros de una alta corte, pues según la Constitución de entonces era el presidente el encargado de nombrarlos, muchos dicen hoy que sería el jefe de Estado el llamado a elegir a los jueces. Situación que genera todavía más tensión, no solo por las implicaciones políticas de una decisión así, sino porque tampoco es claro si sería el saliente Iván Duque o el recién electo Gustavo Petro. Ante este panorama, la decisión que pueda tomar el Consejo de Estado será crucial. La atención está puesta en el consejero Álvarez y en la Sección Quinta.
