Conseguir la condena de Diana Alexandra Gutiérrez, exfuncionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es el siguiente gran objetivo de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía. En contra de Gutiérrez, hay un voluminoso expediente, que la pone contra las cuerdas, por el denominado caso de la Red Atenea, una macroinvestigación que ha permitido descubrir el modus operandi de 1.970 personas y empresas que defraudaron fiscalmente al Estado, a través de operaciones ficticias de facturas falsas. La ficha secreta, según pudo concluir la Fiscalía, sería Gutiérrez, quien desde dentro de la DIAN habría intentado sanear las mañas de los delincuentes fiscales descubiertos.
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El caso contra Gutiérrez es una pieza del rompecabezas de la Fiscalía en su carrera por lograr la condena de los involucrados de la Red Atenea. En principio, cayó Olga Lucía Díaz, alias la Patrona, quien en la década pasada creó un grupo de empresas falsas en el barrio Ricaurte (Bogotá) que vendía facturas falsas, las cuales le permitían a miles de empresas engañar a la DIAN y quedarse con millonadas por concepto de devolución del IVA e impuesto a la renta. Uno de los eslabones claves que se enriqueció de este estema corrupto fue Jairo Lesmes Salaz, quien hace unos días aceptó cargos. El representante legal del Instituto Colombiano de Aprendizaje (Incap), especializado en educación técnica, buscó embolsarse $500 millones. Se estima que empresas como el Incap se han enriquecido en hasta $320.000 millones.
Gutiérrez, presa en la URI de Puente Aranda mientras avanza su caso, es, para la Fiscalía, quien cerraba el ciclo de la defraudación a través del encubrimiento institucional. Investida en su cargo en la División de Cobranzas de la DIAN, donde trabajó desde 2011, adquirió un notable conocimiento del mundo tributario, que habría puesto al servicio de Olga Lucía Díaz, la Patrona. Según la acusación, el investigado Cristian Eduardo Zafra, asesor contable de esta última, ha revelado todo lo que sabe de la Red Atenea y salpicó a Gutiérrez. Su conocimiento, con el que se juega beneficios judiciales, le permitió concluir a la Fiscalía, junto con otras pruebas, que la exfuncionaria Gutiérrez habría trabajado para la red entre 2017 y 2019, y que, por ello, obtuvo hasta $110 millones.
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Según la fiscal del caso, mensajes de WhatsApp entre el asesor contable Zafra y la exfuncionaria Gutiérrez develan un lenguaje cifrado entre ambos. “Palabras como ‘talla de zapatos’ o ‘modelo de zapatos’ fueron usadas para hablar de precios que se deben pagar por trámites al interior de la DIAN u obtención de información”, explicó la Fiscalía. Las capacidades de la acusada en la institución eran calificadas como parte del “catálogo”. El ente investigador acusó a Gutiérrez, en principio, por haber develado información secreta a la Patrona a cambio de $3,500.000. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2017, la funcionaria habría enviado por correo datos que únicamente la DIAN conocía sobre la empresa falsa Inversiones y Comercializadora Díaz SAS.
Entre las empresas constituidas por la Patrona estaba, también, Comercializadora Mundial GD, cuya matrícula mercantil fue cancelada en 2018. Aunque su objeto social mencionaba que entregaba productos a cantidades industriales, en realidad, era una oficina con un escritorio y un puñado de empleados, quienes expedían facturas falsas a favor de empresas constituidas en el campo de la construcción, productos ferreteros, textiles y hasta instituciones educativas, como el INCAP. Para que jamás se conocieran las irregularidades, según la acusación, la Patrona pagó $35 millones a la exfuncionaria Gutiérrez para el “ocultamiento del expediente” en la DIAN, en 2018. La idea era que Comercializadora Mundial GD no quedara fichada como empresa de papel y siguiera operando.
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Pero esa no fue la única vez que presuntamente Gutiérrez quiso meter el polvo debajo del tapete. En junio de 2018, habría hecho el mismo favor para ocultar las andanzas de una empresa de ferroeléctricos Remax, por un costo de $35 millones. Como diría la fiscal del caso, un número 35 en talla de zapato. De otro lado, para evitar que la empresa Comercializadora Mundial GD quedara fichada en la DIAN como proveedor ficticio de mercancía, en octubre de 2018, la exfuncionaria Gutiérrez habría cobrado $24 millones. Los chats en poder de la Fiscalía permitirían ver el “desespero en que se encuentra Olga Lucía Díaz (la Patrona) por los múltiples requerimientos de la DIAN”.
Al final, en julio de 2019, la dirección seccional bogotana de la DIAN consolidó su investigación interna para determinar que las empresas de la Patrona no eran reales, dirigiéndose a la fuente del fraude: las bodegas en Ricaurte. Y aunque el panorama era desolador y el engaño al Estado palpable, 14 días después del registro al inmueble, la exfuncionaria Gutiérrez, a solicitud del asesor contable Zafra, habría gestionado nada más y nada menos que decretar la nulidad de lo actuado. Buscaba el cierre del proceso “bajo el argumento de que la DIAN se excedió en el registro del inmueble” y que a la Patrona le fueran devueltos “todos los elementos que se habían llevado”, acusó la Fiscalía. Dicho trámite nunca se efectuó y, de hecho, la Patrona fue capturada, en agosto de 2019.
La Fiscalía aclaró, a solicitud del juez del caso, que todo el entramado habría sido en las narices de las oficinas de la DIAN en Bogotá, en reuniones desarrolladas en cafeterías cercanas. El abogado de la acusada, Andrés Orjuela, reprochó que no hay información precisa sobre cómo, supuestamente, se produjo la información reservada de la que se favoreció la Patrona. En síntesis, que la Fiscalía no es clara en las circunstancias de tiempo, modo y lugar contra su cliente, de quien no se tendría la forma en que participó de este entramado. No obstante, cuando la fiscal reveló las cartas que se jugará en el juicio, aseguró que testificará el propio asesor Zafra. Con la agravante de que la Patrona lleva tres años aportando información que develaría cómo logró infiltrarse en la DIAN por años.
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