13 Aug 2018 - 2:43 a. m.

“La Fiscalía nos dejó solos”: familia de Edilbrando Roa

La familia de este agente del CTI, asesinado en 1998 cuando investigaba el paramilitarismo en Antioquia, asegura que no hay resultados sobre quién fue responsable de su muerte.

Catalina Vargas Vergara - @catavargas93

El 3 de septiembre de 1998 fue asesinado el agente del CTI Edilbrando Roa López, junto con su compañero John Alejandro Morales. El hecho ocurrió entre Sonsón y La Unión (Antioquia) mientras realizaban labores de investigación. En su momento fueron considerados mártires y la Fiscalía prometió dar con los responsables. Pero 20 años después, las pesquisas no concluyen quiénes fueron los autores y sus familiares advierten que el caso va a prescribir y solo va a quedar un saldo de impunidad.

A sus 33 años, Roa documentaba la incursión del paramilitarismo en Antioquia. En concreto, la relación entre el dirigente deportivo y dueño del Envigado, Gustavo Upegui, con grupos ilegales. Además apoyaba la pesquisa por el sonado allanamiento del Parqueadero de Padilla, que en 1997 develó las entrañas del paramilitarismo y su relación con la Oficina de Envigado. “Había adelantado mucho, tanto que un mes después de su muerte fue capturado Upegui”, aseguró María Celia Rodríguez, su esposa.

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A mediados de agosto de 1998, Roa fue enviado a Medellín a recaudar pistas del caso, y el 2 de septiembre, junto con su compañero John Alejandro Morales, viajó a realizar labores de inspección a Sonsón. Sin embargo, a la altura del corregimiento de San Miguel, el vehículo en el que se movilizaban fue detenido en un retén ilegal. Al percatarse de que eran agentes de la Fiscalía, fueron secuestrados y después asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en la misma vía en la que fueron plagiados.

En su momento, el crimen provocó rechazo nacional e internacional. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, envió al entonces presidente Andrés Pastrana un mensaje para expresar su desconcierto. “Nos preocupan las amenazas que siguen llegando a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, una de las dependencias que más ha hecho para combatir la impunidad en Colombia. Varios fiscales adscritos a esa unidad han tenido que dejar Colombia”, señaló en ese momento Vivanco.

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Del mismo modo, Susan Lee, directora de Amnistía Internacional para América, envió una nota al jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Virgilio Hernández, expresando su indignación: “Este aleve ataque contra funcionarios de la Fiscalía se suma a una larga cadena de crímenes contra personas que luchan por defender los derechos humanos en Colombia”, aseguró enviando sus condolencias a las familias de los dos agentes del CTI asesinados.

Entre tanto, María Celia Rodríguez y sus hijos Natalia, Brando y Eddy empezaron a ser amenazados. Desconocidos merodeaban su casa en Bogotá y les llegaron sufragios. Incluso intentaron secuestrar al hijo menor cuando salía de su colegio. Según describió el joven, varios hombres llegaron en una camioneta con placas de Medellín y esperaron a que saliera del plantel. Cuando ocurrió, le pidieron que subiera a la camioneta. El menor se negó y, por fortuna, terminó custodiado por una de sus profesoras.

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María Celia pidió asilo en el extranjero y tuvo que huir con sus hijos. A pesar de su exilio, nunca desatendieron el proceso, que ha cambiado dos veces de fiscal y en 20 años no tiene avances significativos. “No los hemos visto. Todo el mundo habla de que fueron los paramilitares, pero la Fiscalía dice que fue el Eln. ¿Por qué los iba a asesinar el Eln? No lo sabemos. Además Edilbrando no tenía investigaciones contra este grupo guerrillero”, afirmó María Celia Rodríguez.

Hasta el momento, la Fiscalía solo cuenta con dos testimonios de excomandantes del Eln detenidos por crímenes diferentes al de Roa. El primero fue recaudado el pasado 5 de abril en la cárcel La Paz en Itagüí (Antioquia) a José Luis Mejía Ramírez, alias Bayron. La diligencia fue practicada por el fiscal 66 especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien preguntó al exguerrillero si tuvo conocimiento de lo ocurrido con Edilbrando Roa y John Alejandro Moreno.

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Alias Bayron respondió: “Yo recuerdo el hecho, pero no sé quiénes lo hicieron. Eso fue hace mucho tiempo y, además, no estuve directamente. Es bueno que entrevisten a Esteban o El Cuñado, que está detenido. No estoy seguro si él participó en el hecho, pero es posible que tenga información porque él sí operó en esa región”, aseguró el exguerrillero. Aunque Mejía negó ser el autor intelectual del asesinato, asumió la responsabilidad por haber sido comandante del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln.

El segundo testimonio se recibió el 26 de abril. A Héctor Hugo Ramírez Zuluaga, alias Esteban o El Cuñado, detenido en la cárcel de Cómbita (Boyacá). Ramírez aseguró que estuvo bajo el mando de alias Bayron y conoció del asesinato de los agentes. “El retén lo hizo gente bajo mi mando. Estuve en los hechos y los reporté. Recibí la orden de matarlos y así se hizo”, afirmó alias Esteban. Cuando se le preguntó quién más había participado, el exguerrillero señaló a alias Oliver y a Victicor M, que ya están muertos.

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En la lucha por no dejar en la impunidad el crimen, María Celia y sus hijos demandaron al Estado. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de reparación a la familia, argumentando que Roa, como agente del CTI, desempeñaba una actividad de alto riesgo. El tribunal citó un fallo del Consejo de Estado en el que se indica que solo hay reparación cuando los daños causados se hayan producido por falla del servicio o cuando se someta al funcionario a riesgo excepcional.

“Él siempre pidió que lo sacaran del caso del Parqueadero Padilla, porque veía las cosas muy difíciles. Además no tenía que viajar a Sonsón, una zona roja, y lo hizo sin seguridad. Nos preocupa la incertidumbre. ¿Fueron los elenos o los paramilitares quienes lo asesinaron? La Fiscalía no lo tiene claro”, insiste la esposa de Edilbrando. Por eso ahora pide que se declare el asesinato como crimen de lesa humanidad, debido a que el caso está a punto de prescribir y esta sería la única forma de que la investigación judicial continúe en pie y no quede en la impunidad.

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“La Fiscalía nos ha dejado solos porque no busca la verdad. Nunca hemos tenido acompañamiento”, reitera María Celia Rodríguez. Por ahora, lo único que han recibido del Estado son $20 millones de indemnización ordenados por el Tribunal de Justicia y Paz, tras varios años de pelea jurídica. Cabe recordar que tras el allanamiento al Parqueadero de Padilla en Medellín, en 1997, se puso al descubierto la estructura económica del paramilitarismo y, en menos de dos años, fueron asesinados 12 investigadores.

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