El departamento del Guaviare fue escenario de una grave violación a la libertad de prensa el pasado 5 de julio, cuando el periodista Gustavo Chicangana, corresponsal del servicio informativo de Caracol Radio, fue víctima de un ataque armado junto a su esposa. El hecho ha encendido las alertas sobre las precarias condiciones de seguridad para ejercer el periodismo en esa región del país.
Chicangana, quien dirige la emisora Guaviare Estéreo, asociada a Caracol Radio y que hace parte de la Red de Corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recibió cuatro disparos, mientras que su esposa, Ana Milena Torres, fue herida en dos ocasiones. El ataque ocurrió a las afueras de su vivienda, en San José del Guaviare, cuando la pareja salía en una motocicleta. Por la gravedad de las heridas, el periodista fue trasladado a un hospital en Bogotá, donde se encuentra bajo observación médica y en condición estable.
“La agresión contra Gustavo, quien además es la voz de referencia departamental para alertar sobre agresiones contra la prensa, deja a la región más expuesta, más silenciada y con menos garantías para informar”, manifestó la FLIP. Además de rechazar el ataque, la organización resaltó que el caso de Chicangana ocurre en medio de un creciente ambiente de hostilidad contra la prensa en Guaviare.
La organización dijo que se ha documentado un patrón de amenazas, intimidaciones y censura impuestas por actores armados ilegales, incluidos grupos disidentes de las antiguas Farc, como las estructuras al mando de Iván Mordisco y Calarcá, así como redes de delincuencia común.
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De acuerdo con el reporte de la FLIP, entre enero y junio de 2025 se han registrado 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales el 42% son amenazas. La organización señala que en Guaviare, la información “se ha convertido en un campo de batalla, donde periodistas enfrentan presiones, intimidaciones y vigilancia”.
Los avances del caso de Gustavo Chicangana
Las autoridades capturaron a dos hombres señalados de ejecutar el atentado: Wilmer Alexander Perea, quien habría disparado contra las víctimas, y Alberto Antonio Araújo, señalado como la persona que condujo la motocicleta utilizada en el ataque. Ambos fueron imputados por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, y se encuentran privados de la libertad por orden judicial.
Aunque hasta el momento no se ha establecido un vínculo directo entre los agresores y algún grupo armado ilegal, la hipótesis más sólidas del caso, según la FLIP, es que el ataque estaría relacionado con presiones de estructuras criminales para obligar a periodistas a publicar contenidos favorables a sus intereses.
En semanas previas al atentado, Chicangana y otros comunicadores de la emisora habrían sido amenazados por integrantes de la estructura armada Renacer ERPAC, quienes exigían la difusión de sus mensajes bajo amenazas directas: “si no lo suben vamos y le hacemos visita a cada uno” (sic).
La FLIP también cuestionó fuertemente el desempeño de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al señalar que, pese a que Chicangana contaba con un esquema asignado, el escolta no se encontraba presente al momento del atentado.
Este hecho se suma a otros casos recientes en los que la falta de medidas adecuadas de protección ha terminado en tragedias. En octubre de 2022, el periodista Rafael Moreno fue asesinado en Montelíbano (Córdoba) y en abril de 2024 Jaime Vásquez fue ultimado en Cúcuta (Norte de Santander). Ambos tenían esquemas de seguridad deficientes.
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La FLIP enfatizó que el caso de Chicangana no solo representa un atentado contra un comunicador, sino contra la red de periodistas territoriales que dan voz a zonas históricamente silenciadas por el conflicto. La fundación exigió a la UNP priorizar las alertas de riesgo, activar trámites de emergencia y fortalecer los esquemas de protección, especialmente en territorios apartados, donde el periodismo enfrenta condiciones extremas de vulnerabilidad.
Además de sus críticas a la UNP, la FLIP hizo un llamado a la Fiscalía para que avance con celeridad en la investigación del atentado y logre identificar no solo a los autores materiales, sino también a los posibles determinadores del crimen, teniendo en cuenta los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de violencia contra la prensa.
Asimismo, se pidió a la Policía de San José del Guaviare que adopte medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Chicangana, de su familia y del resto del equipo periodístico local, que también podría estar en riesgo.
Para la FLIP, este atentado representa un punto de quiebre. En casi 30 años de trabajo, nunca antes un miembro de su red de corresponsales había sido blanco de un ataque armado de esta magnitud. “Sin el trabajo y apoyo de los corresponsales, nuestra misión no sería posible”, reiteró la organización, al tiempo que denunció el vacío de garantías estatales para quienes informan desde los márgenes del país.
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