Emberá Dobidá significa “gente de río”. Este es el nombre de un pueblo indígena, en el que más del 60 % vive en Chocó y usa los ríos como medio de subsistencia y transporte. Los afluentes también fueron su vía de escape de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. A las 5:30 de la tarde del 1 de noviembre, 258 indígenas de Villanueva Jurubirá, en Nuquí (Chocó), se vieron obligados a desplazarse en canoas, luego de estar ocho días confinados y sin comunicación para alertar sobre la situación. Se trata del primer desplazamiento de toda una comunidad indígena en ese municipio. Los indígenas hoy están en el casco urbano y no tienen garantías para volver a su territorio.
El confinamiento de esta comunidad inició el pasado 24 de octubre. Una persona del municipio, que por seguridad pidió no mencionar su nombre, relató a El Espectador que ese día hombres del Clan del Golfo llegaron a Villanueva Jurubirá para secuestrar a siete habitantes, a quienes acusaron de presuntamente ser colaboradores del Eln. Entre las víctimas estaban el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo, Elmer Forastero. Cuatro días después, el 28 de octubre, sus cuerpos fueron encontrados por la comunidad y los otros cinco permanecen desaparecidos. Durante ese tiempo, los indígenas pasaron hambre, ya que el Clan del Golfo les prohibió salir a pescar y adentrarse en la selva a recoger frutos.
El grupo armado, según la fuente mencionada, también destruyó las antenas de comunicación para dejar sin internet a la población. Al gobernador del cabildo indígena y a los profesores de la comunidad los amenazaron de muerte si alguno llegaba a alertar a las autoridades de la situación. Un líder indígena de la región, que también pidió mantenerse en anonimato, aseguró que el detonante que llevó a la comunidad a desplazarse fue el asesinato del líder Forastero. “El señor Ramiro era una persona muy tranquila. Cuando llegábamos a su comunidad, él nos recibía con mucho cariño y respeto. Siempre estaba al tanto de los procesos culturales y de organizar los encuentros entre comunidades”, describió el líder.
Pero a la persona que más llegó a conocer fue a su hijo, Elmer Forastero: “Nosotros estudiamos juntos el bachillerato en Nuquí. Todas las mañanas hacíamos el recorrido de dos horas, ida y vuelta en lancha, desde nuestras comunidades para llegar a la escuela en la cabecera municipal. Recuerdo a Elmer como un chico muy callado, pero muy amigable cuando uno se acercaba a él”. Los caminos de estos amigos se separaron cuando uno salió del territorio a hacer la universidad y Elmer se quedó. “ Cuando regresé a Nuquí, nos encontrábamos en el mercado y nos saludábamos. Elmer no siguió los pasos de su papá en temas de liderazgo, pero era una buena persona y no se metía en problemas”, narró el líder.
Este mismo líder indígena denunció que, por años, las comunidades han resistido a la presión armada de los grupos ilegales y a los señalamientos que, en ocasiones, como en este episodio, han llevado a la muerte de autoridades ancestrales. “Nosotros nos hemos regido bajo el principio de la unidad, la cultura y la autonomía. Siempre hemos dicho que nuestra defensa es el diálogo. Y cuando un gobernador se opone a que utilicen nuestro territorio para mover sus armas y drogas, terminan amenazados y señalados. Ahora estos grupos quieren reclutar a nuestros niños e incluirnos en su guerra, pero nosotros hemos tratado siempre de mantener la firmeza de no aceptar ese tipo de acciones”, sostuvo el líder.
El éxodo de la comunidad de Villanueva se une al complejo mapa de la crisis humanitaria que vive Chocó desde hace años. De acuerdo con la persona del municipio que contó los detalles del secuestro de los siete indígenas, las comunidades de Puerto Indio, El Chorro y La Loma actualmente están confinadas y los grupos armados han prohibido el ingreso de organizaciones humanitarias que buscan llevar insumos y brindar atención médica a las poblaciones. Incluso, el 5 de noviembre, el resguardo indígena Chory Jurubirá, en Alto Baudó, pidió ayuda urgente del Estado por la presión armada que padece. La fuente que habló con este diario sostuvo que ese resguardo vive en confinamiento desde hace tres años.
La Defensoría del Pueblo denunció que el desplazamiento en Villanueva ocurrió apenas dos días después de que la entidad señalara que la crisis que había advertido en abril de 2024 ya era una realidad. En su momento, la Defensoría alertó el alto riesgo humanitario que enfrentaban los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí por la disputa territorial, el repliegue y el fortalecimiento entre el Bloque Pacífico del Clan del Golfo y el Frente de Guerra Cimarrón del Eln. La entidad fue enfática en que esta guerra “está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades, y es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios”.
Aunque por décadas el Pacífico estuvo bajo el control de las Farc, con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el territorio que ocupó la antigua guerrilla fue tomado por el Eln, que vieron la oportunidad de apropiarse de las rutas estratégicas por tierra y agua para traficar drogas y armas. Sin embargo, la expansión del Clan del Golfo, que tiene estos mismos intereses, mantiene una disputa en la que las poblaciones indígenas y afrodesencientes han sido las más golpeadas. “Durante el gobierno de Iván Duque es donde se fortalece de manera desproporcionada el Clan del Golfo, que empieza a tener hegemonía y casi que son los únicos que controlan toda la subregión del Bajo Atrato”, sostuvo la fuente anónima de Nuquí.
El investigador de conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla le explicó a este diario las razones por las que esta zona es de gran interés para los grupos armados. “En Nuquí y Bahía Solano, que están en la subregión del Pacífico Norte, hay toda una lógica de extorsión alrededor del turismo. También es una de las rutas más importantes para el narcotráfico, teniendo en cuenta todo el despliegue militar que hay hoy en el Caribe por parte de Estados Unidos”. En ese contexto, Mantilla aseguró que esta región costera “tiene cada vez más importancia y particularmente esta zona de Chocó está muy cerca de Panamá, que es un enclave importante para el tráfico de armas y drogas a Centroamérica”.
En paralelo, la persona del municipio que habló con El Espectador señaló que los grupos armados también han utilizado las rutas de Nuquí para sacar madera y la minería ilegal de oro que se explota en el Bajo Atrato, subregión que abarca los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó; y Turbo, Apartadó y Mutatá, en Antioquia. “Incluso, hoy es más rentable para los grupos armados la explotación de oro, que el año pasado alcanzó un valor nunca antes visto de COP 2.700.000 por cada castellano, que son 4,6 gramos. Por eso la confrontación armada también ha aumentado. El interés principal no es la droga ni la siembra de coca, sino el aprovechamiento de recursos como la minería y la madera”, agregó.
Mantilla señaló que, además del interés por las rutas para negocios ilegales, los grupos armados ven en estos territorios selváticos la posibilidad de evadir la persecución estatal. “Teniendo en cuenta la ofensiva que ha lanzado el nuevo gobierno, esta región se convierte en zonas muy importantes para los grupos porque son de difícil acceso. Son ideales en términos geográficos para resguardarse, por ejemplo, de operaciones aéreas, de ser objetivos de vigilancia con drones y de desembarcos y operaciones militares”, explicó el experto. En esa línea, advirtió que el interés de los grupos por controlar este territorio termina representando mecanismos de guerra con un profundo impacto humanitario en la población.
“Precisamente, porque las lógicas de confinamiento y desplazamiento son utilizadas como estrategias para contener el avance de otros grupos, bien sea un grupo rival o bien sea el Estado. En esto se incluyen mecanismos como los campos minados, lo que fractura aún más el territorio”, explicó Mantilla. Ahora, frente al crimen del líder Ramiro Forastero y su hijo, el experto advirtió que “tratándose de una comunidad indígena, el asesinato de líderes tiende a ser mucho más profundo, disruptivo y perturbador de la vida cotidiana de esas poblaciones que cuando hablamos de comunidades de otras etnias. Justo por esa lógica de gobierno propio y de liderazgos que están muy asociados a su cultura y a su territorio ancestral”.
Los impactos humanitarios para la comunidad de Villanueva Jurubirá no terminaron una vez huyeron de sus hogares, pues ahora tienen que enfrentarse a las limitaciones institucionales para atender a las víctimas. La fuente de Nuquí explicó que Chocó tiene 31 municipios y en ninguno existen albergues o refugios comunitarios. “Ahora la gente llegó a Nuquí, pero se está quedando en el polideportivo a la intemperie, al agua, en condiciones inhumanas e indignas, y el problema es que no existe una ruta de atención”, explicó la persona del municipio. La situación se vuelve más compleja porque, señaló la fuente, la Alcaldía de Nuquí ya no tiene más recursos para atender a la comunidad indígena.
A una semana de su desplazamiento, la población de Villanueva Jurubirá pasa sus días en el polideportivo de Nuquí, donde reciben alimentación y actividades para “intentar distraerlos un poco del impacto emocional que genera esta situación”, explicó el líder indígena de la región. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, dijo esta semana que ya enviaron asistencia humanitaria, de salud y de emergencia a Nuquí para atender a las víctimas de desplazamiento. Además, advirtieron que todavía 16 personas están en riesgo inminente dentro del territorio, por lo que solicitaron apoyo aéreo de la Policía para lograr sacarlos de allí y rechazaron la acción violenta de los grupos armados dentro de los territorios.
La comunidad espera una respuesta del Gobierno Nacional que les garantice las condiciones para volver a su hogar, el líder indígena de la región hizo un llamado al presidente para que se pronuncie sobre la situación: “Los pueblos indígenas estamos cansados de resistir ante el conflicto. Pedimos que tanto el Estado como los grupos armados respeten nuestra autonomía y hacemos un llamado al diálogo para superar esta situación”. Mientras tanto, en Villanueva Jurubirá y en sus 40 casas quedaron solo las pertenencias y los animales que los habitantes no pudieron sacar esa tarde del 1 de noviembre, cuando tuvieron que salir por el río Villanueva, huyéndole a la guerra solo con lo que tenían puesto.
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