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10 Aug 2021 - 11:00 a. m.

La historia de Ismael Quintero, falso positivo asesinado y culpado por el Ejército

Una familia de Aguachica (Cesar) será indemnizada pues en julio de 2008, un humilde trabajador, quien sostenía a su madre y a su sobrina, fue engañado con una promesa laboral y asesinado en Norte de Santander por miembros del Batallón de Infantería N.15 de Ocaña. Esta es la historia de Ismael Quintero.
Letreros de falsos positivos "6402" en el centro de Bogotá, después de las protestas generadas por el Paro Nacional.
Letreros de falsos positivos "6402" en el centro de Bogotá, después de las protestas generadas por el Paro Nacional.
Foto: Óscar Pérez

A Ismael Quintero, quien estaba desempleado, en 2008 le dijeron que había una buena oferta laboral en Río de Oro (Cesar). Lo condujeron a ese departamento, sin embargo, resultó asesinado y reportado como supuesto guerrillero del Frente 33 de las Farc. Ahora, 13 años después, su familia será indemnizada por el Ejército y la Nación, pues todo indica que miembros del Batallón de Infantería N. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), de Ocaña, orquestaron su muerte.

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La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Ismael Quintero. La madre de la víctima, quien dependía de los aportes de quien fue engañado y asesinado, recibió una millonaria indemnización, así como sus otros nueve hijos. Además, la sobrina de Quintero, quien vivía en la misma casa con el trabajador, recibió una compensación por daños morales.

Todo inició el 10 de julio de 2008, cuando Quintero estaba en su casa en Aguachica. Allí, llegó una persona desconocida, quien le preguntó si necesitaba trabajo. Como en ese momento Quintero estaba desempleado, dijo que sí y le preguntó de qué se trataba. Supuestamente, iría a arreglar unas cercas en una finca en Río de Oro, que necesitaban trabajadores con urgencia por, al menos 15 días y que la paga sería jugosa. El reclutador le explicó que tenía 15 minutos para decidirse, sin embargo, la víctima le respondió que necesitaba tiempo para alistar la maleta.

A las 3:00 p.m. de ese mismo 10 de julio, el reclutador regresó en una moto. Se lo llevó. “Desde la ventana de la casa una de sus sobrinas alcanzó a ver cómo su tío se marchaba con un sujeto de tez morena. Esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida. La madre y los demás familiares de la víctima estaban confiados en que una vez pasados los quince días que supuestamente demoraba el trabajo su pariente iba a regresar”, explicó el Consejo de Estado.

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Sin embargo, pasaron las horas, los días y los meses, pero Ismael Quintero no regresó. Cuando llegó la navidad y la víctima no dio señales de vida, los familiares emprendieron su búsqueda. La hermana de Quintero, referenciada en la indemnización, interpuso denuncia ante las autoridades de Aguachica, luego fue hasta la Fiscalía de Ocaña (Norte de Santander), donde la remitieron al Instituto de Medicina legal. El 18 de mayo de 2009, de esa institución le dijeron que se reportara en las instalaciones, pues habían identificado un cadáver con las características de su hermano.

Ismael Quintero había encontrado un crudo destino. Su cadáver quedó reportado con varios impactos de arma de fuego, entre ellos uno en la cabeza, otro en la pierna y otro en uno de sus glúteos. Le pusieron una pistola calibre 45, con la cual quisieron hacerlo pasar como un criminal. Le dijeron a la hermana de la víctima que, según información oficial del Ejército, el trabajador era guerrillero del frente 33 de las antiguas Farc y había caído en combate por tropas de la BISAN en Bucarasica (Norte de Santander).

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“En el informe de patrullaje presentado por el señor sargento viceprimero Orlando Vargas Burgos, señala el referido militar que a las 2:15 am del 11 de julio de 2008 tuvieron un combate con miembros de la guerrilla de las FARC en donde resultó muerto el soldado Miguel Anaya Pava y un sujeto NN que posteriormente fue identificado por Medicina Legal - Ocaña como Ismael Quintero Díaz”, agregó el Consejo de Estado.

Además, en el informe de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía quedaron registradas las 26 fotografías de la diligencia de inspección técnica a cadáveres. Una de ellas muestra la posición en la que quedaron los cuerpos, quedando demostrado que el militar asesinado estaba detrás de Ismael Quintero. En versión libre, el entonces sargento viceprimero Orlando Vargas Burgos explicó que se había dado un combate de entre 10 y 15 metros de distancia, teoría desacreditada una vez se conoció el informe. Cuando el CTI inspeccionó los cuerpos, la víctima no tenía prendas alusivas a la guerrilla.

Tampoco se demostró que hubiera residuos de disparo en las manos de Quintero, lo que demostró que no accionó el arma que le ubicaron al costado. La víctima no tenía registrados antecedentes judiciales y, como explicaron testigos vecinos, durante los últimos años de su vida vivió en casa con su madre y su sobrina. La Nación, por su parte, explicó que está libre de toda responsabilidad, pues se cumplió la causal de “culpa de la víctima”. Según dijeron las instituciones demandadas, Quintero intentó entorpecer las acciones de seguridad del Ejército y fue asesinado para garantizar la seguridad de la Nación.

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“Estos medios probatorios demuestran fehacientemente que la actividad delictiva emprendida por señor Ismael Quintero, al asumir un comportamiento que no corresponde con el de un ciudadano de bien, era participe de la actividad; desplego una conducta al margen de la ley; fue por su actuación que se expuso al Peligro y a la reacción por parte de los miembros del Ejército Nacional”, agregaron las instituciones demandadas, como lo plasmó el Consejo de Estado en el expediente.

El Tribunal Superior de Norte de Santander, el 10 de diciembre de 2015, declaró responsable al Ejército y a la Nación, pues aunque no se hayan dictado sentencias desde lo penal, la víctima no tenía ningún tipo de relación con el municipio de Bucarasica, no hay prueba que permita concluir que fue guerrillero y su muerte fue ambientada en terreno. El Consejo de Estado llegó a conclusiones similares, agregando que era deber del Estado proteger la vida de los civiles en medio del conflicto armado.

“Para la Sala es claro que no existió enfrentamiento armado, y que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al causar la muerte de manera dolosa a una persona ajena al conflicto armado interno, que se encontraba en estado de indefensión o inferioridad, lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución sumaria o extrajudicial. La entidad demandada no probó que la víctima hiciera parte de algún grupo armado al margen de la ley; por el contrario, lo que aparece demostrado es que el señor Ismael Quintero no tenía antecedentes penales ni órdenes de captura”, agregó el Consejo.

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Así las cosas, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad de la Nación y el Ejército por la cruda muerte de Quintero. Ordenó mantener las indemnizaciones contra la madre de la víctima, pero ordenó reducir a la mitad las percibidas por los demás familiares. Esta decisión se conoce un mes después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputara cargos y llamara a reconocimiento de verdad a 10 militares, entre ellos el general Paulino Colorado, por la ejecución extrajudicial de 120 personas en el Catatumbo (Norte de Santander).

Es el primer auto de imputación en el macrocaso de “falsos positivos”, que según un reciente documento de la JEP, corresponde a 6.402 víctimas en el periodo 2002-2008. En concreto, la JEP imputó al general Coronado como comandante de la Brigada 30 del Ejército y a militares de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), de Ocaña, quienes responderían por al menos 120 ejecuciones extrajudiciales. Fue justamente en ese municipio donde decenas de jóvenes de Soacha fueron llevados, bajo engaños, para asesinarlos y engrosar los números del Ejército.

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