La historia de un colombiano buscado en Brasil por ejercer la medicina sin autorización

El 4 de abril de 2013, las autoridades de Brasil llegaron a un cuarto de un hotel en São Paulo de Olivença, municipalidad del estado del Amazonas, ubicada al norte de ese país, que limita con la ciudad fronteriza de Tabatinga. Buscaban verificar una serie de denuncias sobre supuestos falsos médicos que estaban atendiendo gente con consultas que valían 20 reales. Allí encontraron a Alberto Guinand Buitrago y a Jhim Paolo Rodríguez Atehortúa con una cantidad de medicamentos importados y sin registro sanitario, que al parecer habían ingresado clandestinamente al país.

Según un fiscal de la República de Brasil, entre el 25 de febrero y el 4 de abril de 2013, estas dos personas se habrían lucrado por trabajar como médicos sin autorización legal, siendo ese cuarto del Hotel Suites Paulivenses su consultorio, con secretarias incluidas. Las autoridades les encontraron jeringas, guantes, ampollas, un escáner, un sello que registraba a Rodríguez como “homeópata especialista”, dinero y un balde con basura quirúrgica. El expediente señala que Guinand y Rodríguez (aún libre) montaron toda una estructura “destinada a la práctica ilegal de la medicina”.

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Ambos están solicitados para comparecer ante el Juzgado Federal de la Subdirección Judicial de Tabatinga por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, estafa, falsificación, corrupción, adulteración o alteración de productos destinados a fines terapéuticos o medicinales. Y aunque parecía que Guinand, nacido en 1959, iba a responder ante la justicia, ya no será posible. ¿La razón? La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de extradición que elevó la justicia de ese país.

Para entender esta historia hay que remitirse a 2013. Según el fiscal brasileño, los indicios para hallar responsables a estos dos hombres parten de una serie de testigos, de los elementos que les fueron encontrados en dicho hotel, así como por testimonios de al menos nueve personas. Se le señala de lucrarse por ejercer la medicina sin autorización legal y de hacerlo, además, provocando perjuicios a terceros con indebidos diagnósticos.

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“Valiéndose de la supuesta condición de médicos y de la ignorancia de la población sobre el área de la medicina, los acusados llevaban a cabo diagnósticos sobre una serie de problemas sin realizar exámenes, indicando seguir un tratamiento dispendioso”, asegura la petición. Supuestamente utilizaban el escáner para realizar diagnósticos de varias enfermedades, como problemas de riñones, en la próstata, de úlcera, de falta de calcio, problemas cardíacos, de mala circulación, colesterol elevados, entre otros. A cambio cobraban alrededor de 700 reales por tratamientos que se limitaban a inyecciones.

Así sucedió con Elías Miranda Dos Santos, quien pagó 300 reales por dos inyecciones para supuestos problemas en los riñones y en la próstata. Udilane Aparicio Costa fue diagnosticada de un “ovario inflamado y úlcera gástrica”, pero desistió del tratamiento “cuando vio a uno de los acusados salir de una sala llena de inyecciones”. Aroldo Ramírez Jacuana pagó 500 reales por tres inyecciones por una “piedra en la vesícula”. Nubia María Cardoso de Lima recibió diez inyecciones en el estómago y cuello para una supuesta dolencia en la tiroides, útero e hígado por 100 reales.

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Antonio Braz de Carvalho pagó 500 reales por tres inyecciones que le habría aplicado Guinand en marzo de 2013 para sanar dolencias de próstata, mala circulación, de hígado y de corazón. En otro caso más dramático, un menor de edad fue atendido por Rodríguez en su casa en el barrio Campiñas por colesterol elevado, tensión alta, infección en la orina, “mala circulación sanguínea cerebral”, entre otras. Después de entregarle seis medicamentos, entre los cuales estaba ginko biloba y “limpieza china”, el joven siguió enfermo y Rodríguez tuvo que pedir que lo llevaran al hospital. Tenía malaria.

El fiscal del caso insiste en que la presencia de los supuestos médicos se divulgó en la ciudad mediante el empleo de un carro de sonido y que todos los pacientes pagaron por lo menos la cuantía de 20 reales por la consulta. “Pese a que los acusados posean formación en el área de la medicina y estén autorizados a practicarla en otro país, los diagnósticos efectuados con base en la ejecución de exámenes superficiales hacen que se concluya de modo concreto que decirse médicos era algo llevado a cabo como una confabulación para obtener ventajas ilícitas sobre los pacientes”, dice la petición.

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Y aunque fueron encontrados con las medicinas en la diligencia judicial del 4 de marzo de 2013, ambos quedaron en libertad provisional y se fugaron del radar de las autoridades. Pero fue a mediados de 2016 cuando se ordenó “quebrar la fianza” y su detención con circular roja de Interpol para que comparecieran a audiencia de instrucción y enjuiciamiento fijada inicialmente para febrero de este año. Guinand fue capturado el 28 de enero de 2018 en Puerto Concordia, Meta, por la Policía Nacional, y se le informó de la petición de extradición el 2 de febrero siguiente.

La Corte Suprema analizó la petición de extradición contendida en la Nota Verbal No. 093 del 15 de marzo de 2018 y señaló que los delitos por los cuales Guinand está requerido en Brasil ya prescribieron. La Sala Penal dijo que, si bien en Brasil ejercer la medicina sin autorización legal da una pena de hasta dos años de prisión, en Colombia la falsedad personal solo tiene pena de multa. Además, dijo que la acción penal por ese delito ya prescribió, “si se tiene en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos, el 4 de abril de 2013, y no se ha emitido una decisión equivalente a la formulación de imputación”.

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Sobre la estafa, la Corte dijo que el monto por el que se busca a Guinand es de 500 reales, es decir, $407.735 para 2013, lo que implicaría una pena máxima de tres años. “Es claro que, a la fecha, de haberse juzgado el delito en Colombia, la acción penal estaría prescrita”. Y sobre la distribución de medicamentos sin registro, la Corte dijo que el equivalente en Colombia sería envenenar, contaminar o alterar producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, pero que no obra prueba alguna que permita indicar que los medicamentos hallados a Guinand hayan estado contaminados. Por eso, la Corte negó la extradición y se espera que Guinand quede en libertad.

El 4 de abril de 2013, las autoridades de Brasil llegaron a un cuarto de un hotel en São Paulo de Olivença, municipalidad del estado del Amazonas, ubicada al norte de ese país, que limita con la ciudad fronteriza de Tabatinga. Buscaban verificar una serie de denuncias sobre supuestos falsos médicos que estaban atendiendo gente con consultas que valían 20 reales. Allí encontraron a Alberto Guinand Buitrago y a Jhim Paolo Rodríguez Atehortúa con una cantidad de medicamentos importados y sin registro sanitario, que al parecer habían ingresado clandestinamente al país.

Según un fiscal de la República de Brasil, entre el 25 de febrero y el 4 de abril de 2013, estas dos personas se habrían lucrado por trabajar como médicos sin autorización legal, siendo ese cuarto del Hotel Suites Paulivenses su consultorio, con secretarias incluidas. Las autoridades les encontraron jeringas, guantes, ampollas, un escáner, un sello que registraba a Rodríguez como “homeópata especialista”, dinero y un balde con basura quirúrgica. El expediente señala que Guinand y Rodríguez (aún libre) montaron toda una estructura “destinada a la práctica ilegal de la medicina”.

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Ambos están solicitados para comparecer ante el Juzgado Federal de la Subdirección Judicial de Tabatinga por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, estafa, falsificación, corrupción, adulteración o alteración de productos destinados a fines terapéuticos o medicinales. Y aunque parecía que Guinand, nacido en 1959, iba a responder ante la justicia, ya no será posible. ¿La razón? La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de extradición que elevó la justicia de ese país.

Para entender esta historia hay que remitirse a 2013. Según el fiscal brasileño, los indicios para hallar responsables a estos dos hombres parten de una serie de testigos, de los elementos que les fueron encontrados en dicho hotel, así como por testimonios de al menos nueve personas. Se le señala de lucrarse por ejercer la medicina sin autorización legal y de hacerlo, además, provocando perjuicios a terceros con indebidos diagnósticos.

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“Valiéndose de la supuesta condición de médicos y de la ignorancia de la población sobre el área de la medicina, los acusados llevaban a cabo diagnósticos sobre una serie de problemas sin realizar exámenes, indicando seguir un tratamiento dispendioso”, asegura la petición. Supuestamente utilizaban el escáner para realizar diagnósticos de varias enfermedades, como problemas de riñones, en la próstata, de úlcera, de falta de calcio, problemas cardíacos, de mala circulación, colesterol elevados, entre otros. A cambio cobraban alrededor de 700 reales por tratamientos que se limitaban a inyecciones.

Así sucedió con Elías Miranda Dos Santos, quien pagó 300 reales por dos inyecciones para supuestos problemas en los riñones y en la próstata. Udilane Aparicio Costa fue diagnosticada de un “ovario inflamado y úlcera gástrica”, pero desistió del tratamiento “cuando vio a uno de los acusados salir de una sala llena de inyecciones”. Aroldo Ramírez Jacuana pagó 500 reales por tres inyecciones por una “piedra en la vesícula”. Nubia María Cardoso de Lima recibió diez inyecciones en el estómago y cuello para una supuesta dolencia en la tiroides, útero e hígado por 100 reales.

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Antonio Braz de Carvalho pagó 500 reales por tres inyecciones que le habría aplicado Guinand en marzo de 2013 para sanar dolencias de próstata, mala circulación, de hígado y de corazón. En otro caso más dramático, un menor de edad fue atendido por Rodríguez en su casa en el barrio Campiñas por colesterol elevado, tensión alta, infección en la orina, “mala circulación sanguínea cerebral”, entre otras. Después de entregarle seis medicamentos, entre los cuales estaba ginko biloba y “limpieza china”, el joven siguió enfermo y Rodríguez tuvo que pedir que lo llevaran al hospital. Tenía malaria.

El fiscal del caso insiste en que la presencia de los supuestos médicos se divulgó en la ciudad mediante el empleo de un carro de sonido y que todos los pacientes pagaron por lo menos la cuantía de 20 reales por la consulta. “Pese a que los acusados posean formación en el área de la medicina y estén autorizados a practicarla en otro país, los diagnósticos efectuados con base en la ejecución de exámenes superficiales hacen que se concluya de modo concreto que decirse médicos era algo llevado a cabo como una confabulación para obtener ventajas ilícitas sobre los pacientes”, dice la petición.

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Y aunque fueron encontrados con las medicinas en la diligencia judicial del 4 de marzo de 2013, ambos quedaron en libertad provisional y se fugaron del radar de las autoridades. Pero fue a mediados de 2016 cuando se ordenó “quebrar la fianza” y su detención con circular roja de Interpol para que comparecieran a audiencia de instrucción y enjuiciamiento fijada inicialmente para febrero de este año. Guinand fue capturado el 28 de enero de 2018 en Puerto Concordia, Meta, por la Policía Nacional, y se le informó de la petición de extradición el 2 de febrero siguiente.

La Corte Suprema analizó la petición de extradición contendida en la Nota Verbal No. 093 del 15 de marzo de 2018 y señaló que los delitos por los cuales Guinand está requerido en Brasil ya prescribieron. La Sala Penal dijo que, si bien en Brasil ejercer la medicina sin autorización legal da una pena de hasta dos años de prisión, en Colombia la falsedad personal solo tiene pena de multa. Además, dijo que la acción penal por ese delito ya prescribió, “si se tiene en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos, el 4 de abril de 2013, y no se ha emitido una decisión equivalente a la formulación de imputación”.

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Sobre la estafa, la Corte dijo que el monto por el que se busca a Guinand es de 500 reales, es decir, $407.735 para 2013, lo que implicaría una pena máxima de tres años. “Es claro que, a la fecha, de haberse juzgado el delito en Colombia, la acción penal estaría prescrita”. Y sobre la distribución de medicamentos sin registro, la Corte dijo que el equivalente en Colombia sería envenenar, contaminar o alterar producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, pero que no obra prueba alguna que permita indicar que los medicamentos hallados a Guinand hayan estado contaminados. Por eso, la Corte negó la extradición y se espera que Guinand quede en libertad.