La historia del lío del procurador que ordenó investigar la “bodeguita” uribista

Al procurador Alejandro Pérez Martínez, que hace unos días ordenó abrir una investigación en contra de cinco de los protagonistas del caso conocido como la “bodeguita” uribista, se le vino encima una avalancha judicial. Según lo denunció la propia procuradora Margarita Cabello, él no podía tomar esa decisión porque, además de que ella no se había sido posesionado en el cargo, el día que firmó esa orden, ella misma designaba a la procuradora que tenía el aval para actuar en ese caso. El episodio rápidamente escaló y Cabello anunció una investigación; además, dijo que le comentaría el caso al fiscal Francisco Barbosa.

Al procurador Alejandro Pérez Martínez, que hace unos días ordenó abrir una investigación en contra de cinco de los protagonistas del caso conocido como la “bodeguita” uribista, se le vino encima una avalancha judicial. Según lo denunció la propia procuradora Margarita Cabello, él no podía tomar esa decisión porque, además de que ella no se había sido posesionado en el cargo, el día que firmó esa orden, ella misma designaba a la procuradora que tenía el aval para actuar en ese caso. El episodio rápidamente escaló y Cabello anunció una investigación; además, dijo que le comentaría el caso al fiscal Francisco Barbosa.

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Sin embargo, el tema tiene otras aristas que lo hacen más complicado. La primera es que el caso que prendió las alarmas en la Procuraduría sea el de la “bodeguita” uribista. “De no ser por la cercanía de la procuradora con el Gobierno y los implicados en ese escándalo, lo referente al procurador Pérez no sería otra cosa que un tema interno”, explicó un procurador cercano a la nueva administración. El funcionario añadió que este caso tiene incidencia política, pues, en su opinión, lo que Cabello ha dado a entender en los medios de comunicación es que la decisión de abrir investigación por la “bodeguita” uribista es ilegal, porque quien la tomó no estaba posesionado.

Aunque la Procuraduría no ha dicho qué camino va a tomar en el caso, uno de los personajes en ese expediente, el senador Antonio Sanguino, que presentó una queja en contra de los investigados en febrero de 2020, ya manifestó su preocupación a Cabello. En un memorial radicado la semana pasada, el congresista explicó que vio con sorpresa lo sucedido con el procurador del caso, que tomó decisión el 22 de enero, y que solo le fue notificada el 25 de ese mismo mes, en horas de la tarde. Las fechas son claves en el asunto, pues el día en el que el procurador estaba firmando la orden se estaba posesionando la nueva delegada, Sonia Téllez.

“No se entiende cómo se notificó esa decisión el día 25 de enero de 2021 a las 2:20 p.m., cuando lo cierto es que, en ese momento, teóricamente, ya habría entrado a regir en propiedad la posesión de la doctora Sonia Téllez. La pregunta que se hace esta representación es ¿cómo pudo permitirse la notificación de una decisión hasta el 25 de enero de 2021 a las 2:20 p.m., si la misma se consideraba ilegal en virtud del nombramiento de una nueva procuradora delegada?”, dice el memorial de Sanguino. Aunque la tardanza en la notificación podría responder a que de por medio hubo un fin de semana, el 25 de enero (el día de la notificación) Téllez ya estaba en su despacho.

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Lo cierto es que el expediente que llegó a Pérez Martínez lo arrancó la propia Procuraduría en febrero de 2020, en respuesta a una queja de Sanguino y del senador Gustavo Bolívar, a raíz de una investigación de La Liga Contra el Silencio. La publicación reveló que en un grupo de WhatsApp de uribistas se planeaban estrategias para atacar a opositores, medios de comunicación y periodistas, y que detrás de esas maniobras estaban seis funcionarios públicos, tres del Gobierno y tres integrantes de unidades de trabajo legislativo (UTL). Aunque el trabajo periodístico no daba cuenta de la comisión de delitos, dio pie para un debate ético y disciplinario.

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Los investigados resultaron siendo: Claudia María Bustamante, cónsul en Orlando (EE. UU.); Víctor Muñoz, consejero presidencial; Juan Pablo Bieri, asesor del Gobierno; Stephanie Carrillo y Hernán Cadavid, de la UTL del expresidente Álvaro Uribe, y Camilo Martínez, de la UTL del congresista Juan David Vélez. Lo que se les cuestionó fue que, a través de esa “bodeguita”, impulsaran causas políticas, pues un funcionario del Gobierno, como aclaró uno de los autores de la investigación, es un funcionario de todos los colombianos y no puede dedicarse a “cosas que desnivelan, que manipulan a las audiencias de cierta manera, a ataques directos y frontales a personas específicas de la oposición”.

Según fuentes de la Procuraduría, la noticia de la apertura de la investigación a los vinculados a la “bodeguita” uribista se supo solo cuando fue divulgada en varios medios. Nadie en el Ministerio Público tenía en el radar el caso del procurador Pérez, ni del resto de funcionarios que designó el saliente procurador Fernando Carrillo antes de cumplir su período. De hecho, en la Procuraduría ya fueron identificados otros cinco procuradores encargados que estarían en la misma situación de Pérez. Con una diferencia fundamental: Pérez tomó más de veinte decisiones en 18 días, lo que llamó la atención. El Espectador trató de comunicarse con él, pero dijo que no consideraba pertinente hacerlo.

“No encuentro que en este momento resulte correcto referirme a lo sucedido a través de los medios. Por tanto, estimo suficiente indicar que ya he rendido un informe a la Secretaría Privada acerca de lo acontecido, a efecto de que se vayan surtiendo los trámites adecuados para esclarecer la situación presentada”, señaló Pérez. Al margen de este caso específico, quienes estuvieron durante los últimos días de la administración de Carrillo contaron a este diario que hubo momentos tensos en las reuniones de empalme con Margarita Cabello. En concreto, varios funcionarios refirieron que, en lugar de encuentros, la procuradora decidió enviar a un grupo de expertos para hacer esa labor.

Esa delegación fue conformada por académicos y funcionarios experimentados de la Universidad del Rosario, lo que, según los procuradores, no derivó en una transición armónica. Uno de los problemas más graves que enfrentaron Carrillo y su administración antes de salir es que varios procuradores delegados renunciaron a sus cargos y, por falta de comunicación con la comitiva de Margarita Cabello, no pudieron ponerse de acuerdo de qué debía suceder con esos puestos. Con la advertencia de que si no se posesionaban en encargo o de manera provisional, podía existir falta disciplinaria, Carrillo firmó varios decretos en los que designó a funcionarios en encargo.

Es el caso del procurador Pérez. Su designación quedó firmada por el exprocurador en el Decreto 055 de 2021 del 13 de enero pasado y estaba planeado realizar su posesión el 19 de ese mismo mes, con Margarita Cabello ya posesionada. En el fondo, el lío sobre su verdadera potestad para tomar decisiones se reduce a los documentos: mientras que el Decreto de su nombramiento sí tenía la firma de Carrillo, el de la posesión no, lo que ha dado para afirmar que no sucedió y, en consecuencia, no podía tomar decisiones. Este último es el argumento de Margarita Cabello; pero esa posición tiene otra arista: un fallo de 2013 del Consejo de Estado.

De acuerdo con esa providencia, cuando se trata de nombramientos en encargo o provisionales en la Procuraduría no es necesario realizar una posesión para que el funcionario pueda comenzar a trabajar. “Puede ocurrir con o sin desprendimiento de las funciones propias y para cuyo ejercicio no requiere posesión del cargo, basta con asumirlas, en cumplimiento del mandato que hace el representante legal de la entidad [que en este caso es Carrillo]”, dice la sentencia que en su momento resolvió un pleito entre el Ministerio Público y un exprocurador que salió de la entidad por orden de la exprocuradora Martha Isabel Castañeda, encargada por Alejandro Ordóñez.

Con esta sentencia bajo el brazo, los funcionarios cercanos a Carrillo están seguros de que ni en el caso del procurador Pérez ni en ninguno de los otros cuatro hay ninguna irregularidad. “Esto más bien empieza a oler a una campaña de desprestigio en su contra y de persecución, porque ya anunció que va a meter a bordo de todo este lío al fiscal Barbosa”, agregó una fuente. Sin embargo, desde la administración de Margarita Cabello se insiste en que sí son sospechosas las actuaciones del procurador Pérez, sobre todo porque, en los siete días en los que estuvo como encargado, tomó 18 decisiones, “algo completamente fuera de lo normal”, explicó una persona cercana a la procuradora.

Mientras se resuelve qué va a pasar con el delegado Pérez, en especial con su decisión de investigar a los funcionarios involucrados en la “bodeguita” uribista, el senador Sanguino ya pidió transparencia. “Así las cosas, preocupa mucho este tipo de pronunciamientos en prensa [los de Cabello sobre el caso de Pérez], por cuanto de ninguna manera se duda que esta nueva administración de la Procuraduría tomará decisiones absolutamente imparciales, a pesar de que los disciplinados sean miembros muy cercanos al partido de Gobierno”, concluyó el congresista Sanguino. La próxima semana se espera que Cabello se reúna con Barbosa para discutir este y otros temas claves.