Antes de las 2:30 de la tarde del 30 de julio, Adriana Angélica Ruiz, investigadora comisionada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y su equipo de trabajo llegaron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, para adelantar una inspección sobre posibles irregularidades fiscales.
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El ente investigador busca recabar información de un contrato por $2.500 millones que habría sido firmado en 2021 por el entonces defensor, Carlos Camargo, para montar un laboratorio forense. Su objetivo era apoyar la labor de los defensores públicos —abogados de oficio que defienden a quienes no pueden pagar un apoderado—, pero habría sido usado para “chuzar” a funcionarios de la entidad, según el sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep).
Además del presunto uso irregular del sistema, el proyecto habría sido aprovechado por el exdefensor Camargo como la vía para beneficiar económicamente a un viejo amigo suyo y el trampolín para nombrarlo luego en un alto cargo de la entidad. La historia comenzó en 2021, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó un préstamo por US$ 18 —unos $80.000 millones—.
Deese dinero, $2.500 millones habrían sido destinados por Camargo para crear y dotar el Laboratorio Forense de Evidencia Digital de la Defensoría del Pueblo. Una idea, en principio, interesante por el valor que podría aportarte al trabajo de los defensores públicos al adelantar casos de protección de derechos humanos.
En contexto: Fiscalía busca pistas de contrato de $2.500 millones, firmado por exdefensor Camargo
En su momento, la propia Defensoría describió el sistema como una herramienta de avanzada en materia de investigación. “El software instalado en las estaciones de informática forense permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo (computador, celular, cámara, etc.), procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”, señaló la entidad por medio de un comunicado en 2022, durante la presentación oficial del proyecto.
Para la compra de ese software, como lo documentó en su momento la revista Cambio, la Defensoría de Camargo conformó un equipo de evaluación, con 11 personas que asesorarían el negocio: tres funcionarios del despacho del defensor, cuatro más de otras áreas de la Defensoría y tres representantes del BID.
Una de las personas que hizo parte de ese comité fue Nancy Judith Albarracín Rodríguez, quien ejerció como jefe del laboratorio luego de que empezó a funcionar, en marzo de 2022. A la licitación pública solo se habría presentado un oferente que terminó llevándose el contrato de $2.500 millones: el consorcio Adalid-Iacom 2021. Uno de sus fundadores y socios era el abogado Andrés Guzmán Caballero, amigo de Camargo; una relación personal que el propio defensor aceptó en su momento.
Guzmán y Camargo se conocieron en 2005, cuando adelantaban estudios de posgrado en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. El abogado es experto en seguridad y su nombre no era muy conocido hasta mayo de 2023, cuando fue nombrado Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador.
El 26 de agosto de 2021 se registró en el sistema Secop la licitación para el laboratorio forense y, a menos de un mes de abierta la licitación, el 23 de septiembre, el contrato fue adjudicado al consorcio liderado por el amigo de Camargo. Casi un año después, en noviembre de 2022, el exdefensor creó un cargo a la medida de Guzmán y le dio trabajo en la entidad.
Fue nombrado defensor delegado para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión, cargo en el que estuvo solo cinco meses, hasta que empezaron los rumores sobres las presuntas irregularidades, renunció y se fue a trabajar en el gobierno de Bukele.
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Los primeros en advertir irregularidades con el negocio del laboratorio fueron los propios sindicatos de la Defensoría del Pueblo. Además de las movidas en la contratación, que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, advirtieron que software estaba siendo usado irregularmente para chuzar e investigar, sin permiso, a funcionarios de la entidad que no estaban de acuerdo con la gestión de Camargo.
“El laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios —especialmente aquellos sindicalizados— que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís”, expusieron en su momento desde el sindicato. Los señalamientos se convirtieron en una denuncia interpuesta en mayo de 2023 ante la Oficina de Transparencia de la Presidencia, la Contraloría General y la Fiscalía.
De ahí el origen de la visita de esta última entidad el pasado 30 de julio a la Defensoría, pues el ente investigador está buscando pistas sobre posibles irregularidades en la contratación y en el uso del sistema. Fuentes reservadas le dijeron a este diario que no es la primera vez que se hacen inspecciones de este tipo. El exdefensor Camargo hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.
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Al tiempo que la Fiscalía busca pistas sobre el caso, Camargo busca entrar al sonajero para ser magistrado de la Corte Constitucional. Ya fue preseleccionado en la lista de 39 candidatos a ser ternados por la Corte Suprema de Justicia y ocupar la silla de magistrado José Fernando Reyes, quien cumplirá su período el 5 de septiembre de este año.
Por ahora no es claro si el software relacionado con Camargo se habría seguido usando tras su salida y posterior a la llegada de Iris Marín, actual defensora. La investigación apena
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Por Gustavo Montes Arias
