2 Feb 2020 - 2:00 a. m.

La histórica deuda con el despojo de tierras que la Corte Suprema no logró saldar

En 2011, en el expediente por parapolítica del exgobernador Óscar de Jesús López Cadavid, la Sala Penal de la Corte documentó el “apoderamiento violento” de una finca en Casanare. Ocho años después, la Sala Civil, con tres votos en contra, pasó por alto ese fallo y dijo que se trató de una transacción comercial legal.

Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial

El jefe paramilitar Vicente Castaño Gil (de camisa amarilla a la izquierda) dio la orden de despojar de sus tierras a Luis Armando Rincón. Arriba, a la derecha, Pedro Oliveros, alias "Cuchillo" quien, según la Corte Suprema, tuvo vínculos con el exgobernador de Guaviare, Óscar de Jesús López (abajo a la izquierda). Fue condenado por parapolítica en 2011. / Cortesía Revista Semana y archivo particular.
El jefe paramilitar Vicente Castaño Gil (de camisa amarilla a la izquierda) dio la orden de despojar de sus tierras a Luis Armando Rincón. Arriba, a la derecha, Pedro Oliveros, alias "Cuchillo" quien, según la Corte Suprema, tuvo vínculos con el exgobernador de Guaviare, Óscar de Jesús López (abajo a la izquierda). Fue condenado por parapolítica en 2011. / Cortesía Revista Semana y archivo particular.

La orden de Vicente Castaño Gil fue clara: “O Luis Armando Rincón se va de su finca o se va”. Así se lo dijo a sus subalternos. En enero de 2001, 50 de ellos lo sacaron a tiros y granadas. Siete meses después, el predio, que podía valer unos $2.000 millones en esa época, terminó en manos de un conocido exgobernador condenado. Casi 20 años después, Rincón está dando una pelea jurídica para recuperar lo que es suyo y que la barbarie paramilitar en los Llanos Orientales le quitó a la fuerza. Aunque en 2011, al abordar un proceso de parapolítica, la Corte Suprema de Justicia recopiló testimonios y detalles del “apoderamiento violento” del que fue víctima Rincón, el mismo tribunal los desconoció por completo.

Lo hizo la Sala Civil en un fallo de solo 29 páginas. Allí, además de aplicar una ley de 1939 que había sido actualizada 20 años después, la sentencia olvidó mencionar uno de los capítulos de la parapolítica más sonados en los departamentos del Meta y Casanare, cuya relación con el caso de La Argentina, la finca de Luis Armando Rincón, es directa. En esa providencia, que tuvo como ponente al magistrado Luis Alonso Rico Puerta, aunque tuvo tres magistrados en desacuerdo y que así dejaron constancia en sus salvamentos de voto, la Corte Suprema negó la solicitud que había hecho Luis Armando Rincón para volver a su predio en Casanare, después de varios años de desplazamiento que lo llevaron un tiempo a Bogotá y otro a Bolivia.

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El alto tribunal sostuvo que, en el caso de Rincón, no se probó que la violencia lo hubiera presionado directamente a vender su finca y que, además, la decisión de ponerla en el mercado para que alguien la comprara tampoco fue “producto de una fuerza moral o física ejercida en contra suya”. Sin embargo, lo que quedó plasmado en un fallo de 2011 de la misma Corte Suprema de Justicia muestra una versión más completa, detallada y escabrosa de lo que vivió Rincón en esa época. En la sentencia, la Sala de Casación Penal condenó a siete años y medio de prisión al exgobernador del Guaviare Óscar de Jesús López Cadavid, por sus vínculos con grupos paramilitares bajo el mando de los hermanos Castaño.

En ese expediente, el alto tribunal recopiló la historia de Luis Armando Rincón y La Argentina, un predio de más de 800 hectáreas ubicado en la vereda Maporal del municipio de Trinidad (Casanare), que él adquirió en 1965. Allí se vivió uno de los peores momentos de la guerra del Llano. Rincón fue testigo de la incursión guerrillera que buscó controlar la zona por su importancia ganadera y el cultivo de palma africana, y también constató la respuesta sangrienta de los grupos paramilitares. Sin importar el bando, a ambos les pagó millones en vacunas. Era eso o un atentado contra él o su familia. Sin embargo, cuando no le quedó dinero para seguir pagando las extorsiones, fue rotulado como “simpatizante de las guerrillas”.

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Entre 1995 y 1997, Rincón ofició como diputado y desde la Asamblea de Casanare denunció la barbarie de los ejércitos privados que ya asolaban su departamento. Se volvió un sujeto incómodo y su finca La Argentina objeto de las ambiciones del paramilitarismo. Primero tuvo que darle $172 millones en sucesivos pagos extorsivos, que lo fueron arruinando, entre 1998 y 2001. De nada sirvieron los acercamientos que buscó con los Castaño para impedir que lo sacaran a empellones de su tierra. El delegado del paramilitarismo para correrlo de su casa fue Jesús Emiro Pereira, alias Huevo de Pisca, concuñado de los Castaño y enlace fundamental del bloque Capital. Él fue quien recibió la orden de Vicente Castaño: “(Rincón) se va o se va”.

En enero de 2001, unos 50 hombres armados hasta los dientes se tomaron la finca y la utilizaron para entrenar a sus ejércitos. Meses después de su desplazamiento, a Rincón le avisaron que había personas interesadas en comprar la finca. Sin otra opción que venderla, el entonces representante a la Cámara Óscar de Jesús López Cadavid se la compró por $350 millones. Peritos que han conocido el proceso aseguran que el precio fue irrisorio pues, en realidad, La Argentina podría haber alcanzado una cifra de $1.800 millones en ese momento. López Cadavid siempre alegó que nada ilegal hubo en ese negocio y que su relación con grupos paramilitares era mentira. Sin embargo, en 2011 la Corte Suprema expresó justamente lo contrario.

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El alto tribunal evidenció la estrecha relación que el excongresista tuvo con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, uno de los paramilitares más sanguinarios del frente Héroes del Guaviare y del bloque Centauros de los Llanos Orientales. Cuchillo figuró como socio del exgobernador en su empresa Exploración y Explotación Minera del Llano S.A. Además, por lo menos cuatro exjefes paramilitares, como el propio Huevo de Pisca, así como Efraín Pérez Cardona, alias 400; Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Éver Veloza, alias H.H., declararon ante diversas instancias de Justicia y Paz que vieron a Óscar de Jesús López Cadavid reunirse con Vicente Castaño y Cuchillo en varias fincas de la región a comienzos de 2000.

“Yo tenía la orden de mi comandante Vicente Castaño de despojar de sus propiedades a Rincón (...) Tenía que venderla o venderla (la finca La Argentina), pues la orden tajante del comando de las Auc era despojar a dicho sujeto de todas sus propiedades y desplazarlo”, relató Huevo de Pisca, quien siempre ofició como enlace de los hermanos Castaño. Aunque solía presentarse ante las autoridades como un simple financiero de la organización de las autodefensas, varios expedientes han documentado su papel activo dentro del grupo ilegal, razón por la cual terminó procesado por homicidio y secuestro y como promotor del bloque Capital, estructura paramilitar que llegó a Bogotá y fue protagonista de uno de los capítulos más oscuros e impunes en la guerra en Colombia.

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Jesús Emiro Pereira o Huevo de Pisca tiene una condena a 40 años de prisión por asesinato y otra a 16 años por desplazamiento forzado y extorsión en el caso del ganadero Rincón. Además fue condenado por el plagio y abuso sexual a la periodista Jineth Bedoya. Luego de la negociación entre los hombres de Castaño y unos intermediarios que contactaron a Luis Armando Rincón, La Argentina terminó a nombre de Óscar de Jesús López, quien después de tres períodos como parlamentario se lanzó a la Gobernación del Guaviare para el período 2008-2011. Las elecciones las ganó, pero apenas llevaba un año de mandato cuando fue capturado por sus vínculos con las autodefensas de Cuchillo y fue condenado en enero de 2011.

Óscar de Jesús López recuperó su libertad el 15 de mayo de 2012. Pagó apenas 38 meses de prisión de los 90 a los que fue condenado. Al departamento del Guaviare llegó por la cercanía con su primo Nebio Echeverry Cadavid, quien en diciembre pasado terminó su período como gobernador de ese departamento. Ambos fueron incluidos en la Lista Clinton en el año 2010. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista con 57 nuevos nombres de empresas y personas en entredicho, y fueron clasificados como los “key front persons” de Pedro Oliverio Guerrero Castillo o Cuchillo, es decir, sus testaferros.

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El exgobernador Echeverry salió de la temida lista en 2014, con todas sus cuentas saldadas. Por eso volvió a lanzarse al ruedo político y en las elecciones de 2015 sacó 12.972 votos. Aunque la justicia no ha logrado probar sus vínculos con grupos ilegales, en expedientes de Justicia y Paz reposan varias declaraciones de exjefes paramilitares que han afirmado que Nebio Echeverry era el dueño de la finca Vendaval, situada en Paratebueno (Cundinamarca), donde se realizó una cumbre paramilitar en 2000, a la que asistieron Cuchillo y Diego Fernando Rincón, alias Pipe, alias H.H., alias 400, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y alias Huevo de Pisca, más sus esposas y decenas de guardaespaldas.

“Todo mundo me ha querido involucrar con narcos, con paras, con la guerrilla, pero estoy limpio”, le dijo Echeverry a este diario en su edición del 24 de febrero de 2019. La historia de su primo Óscar de Jesús López Cadavid, sin embargo, es diferente. Su condena, los testimonios de paramilitares y otros detalles de sus andanzas ilegales fueron documentos que Rincón entregó a los jueces que han estudiado su caso. Primero, a un juzgado de Orocué (Casanare) que en abril de 2010 le dio la razón, aceptó que hubo despojo de tierras y anuló el contrato que decía que La Argentina era de López Cadavid. El exgobernador apeló. Los papeles pasaron al Tribunal Superior de Yopal, que en 2012 revocó la decisión y dijo que la finca era del condenado por parapolítica.

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Un fallo con fuertes reparos

En 2017, la Sala Civil de la Corte Suprema asumió el expediente y el año pasado emitió la decisión final: el fallo del Tribunal Superior de Yopal fue confirmado, aunque tres de sus magistrados estuvieron en total desacuerdo. La hoy ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue una de las voces disidentes. En su salvamento de voto, la entonces magistrada criticó que sus compañeros utilizaran una “añeja jurisprudencia” de 1939. Lo correcto, señaló, hubiera sido que aplicaran una más actualizada, la de 1959, en la que se contempló por primera vez en el país que, para los temas de tierras y despojo, los jueces debían tener en cuenta que el país estaba inmerso en un estado de violencia generalizada.

“Más allá de la fuerza o coacción física o moral injusta que puede existir en una venta obligada de un predio, lo que el derecho debe proteger es el injusto temor o miedo” que termina obligando a una persona a vender sus tierras, explicó Margarita Cabello. La exmagistrada se apartó con estos argumentos de la decisión de la mayoría. Al igual que los magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona, quienes firmaron juntos un salvamento de voto que empezó con esta contundente advertencia: “La corporación desaprovechó una oportunidad invaluable para pronunciarse sobre la trascendencia de la violencia generalizada que durante décadas ha padecido nuestro territorio”.

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Para ambos, la decisión de la mayoría de la Sala Civil tiene una explicación y es el olvido total del contexto social del país frente a las disputas por la tierra y el papel que los jueces y la jurisprudencia deben tener frente al problema. A manera de ilustración, y para llenar los vacíos que dejó el fallo, el salvamento de voto (que es más extenso que el fallo mismo) comienza mencionando el conflicto social entre los colonos y terratenientes en la época de la Colonia. Basados en informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, los magistrados Quiroz y Tolosa recordaron que el tema es centenario y que desde esa época los gobiernos han enfrentado, sin éxito, la pelea por regular la tenencia de tierras y solucionar los conflictos sobre ella.

Rememorando leyes de 1874 y explicando cómo la jurisprudencia se ha modificado con el paso del tiempo para atender las urgencias de los afectados, los magistrados reseñaron los principales problemas de la tenencia de tierras por motivos de clase social y por los estragos de la guerra. Explicaron, por ejemplo, que la presencia de los grupos guerrilleros y paramilitares en zonas rurales propició “un ambiente de zozobra generador de las condiciones ideales para el despojo de tierras o su abandono por parte de los lugareños”. La intención de estos actores armados de apropiarse de las tierras, dice el salvamento de voto, era obtener el control territorial y aprovechar las rentas de productos productivos.

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Los magistrados, además, se detuvieron en el tema específico de los Llanos Orientales, lugar donde Rincón tenía su finca. Explicaron que allí se fraguó una guerra de guerrillas por el control de la región del Ariari. Un conflicto que tuvo como actores a las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, las Autodefensas Campesinas del Casanare y, por supuesto, los hombres de la familia Castaño, con el bloque Centauros. La dinámica de la guerra terminó por desintegrar varios de estos grupos y crear otros nuevos. A comienzos del siglo XXI, el bloque Centauros de Miguel Arroyave comenzó a hacer presencia masiva en Meta y Casanare, y entró en guerra con las Autodefensas Campesinas de Casanare, comandadas por Martín Llanos.

El resultado fue un baño de sangre que mal contado dejó no menos de 3.000 muertos en ambos bandos. Y en medio de él, la puja violenta por la tierra, que resultó en millones de desplazados. Como Luis Armando Rincón. Para los magistrados Quiroz y Tolosa, que la Corte le haya dado la razón a Óscar de Jesús López cuando aseguró que él no ejerció ningún tipo de fuerza para comprar La Argentina, “traduce, ni más ni menos, el desconocimiento del derecho a la honra de las víctimas e irrespeto a su integridad, porque implica conminarlas a la revictimización”. López, agregan los magistrados, tuvo contacto directo con los paramilitares, tal y como quedó claro en su condena por parapolítica.

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“Desaprovechar la presente oportunidad para aplicar una hermenéutica que equipare las reglas del Código Civil a la actual realidad social y responda a las necesidades de los acuerdos de desmovilización es una deuda histórica de esta corporación, que en esta ocasión no pudo ser saldada”, concluyeron los magistrados disidentes del fallo en favor de López. Entre tanto, a punta de tutelas y otros recursos jurídicos, Luis Armando Rincón sigue pidiendo que la justicia le reconozca lo que es suyo. Ahora tiene la esperanza de que la Corte Constitucional elija su caso para estudio y que sea esta corporación la que cumpla con esa deuda histórica que, en este proceso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó pendiente.

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