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En la madrugada del 26 de marzo, el Cauca estuvo de nuevo bajo fuego. Cinco municipios sufrieron hostigamientos armados por parte de las disidencias de las Farc en los que, por fortuna, no hubo civiles heridos ni víctimas mortales. Ráfagas de fusil, ataques a estaciones de Policía y bases militares en Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto dejaron, sin embargo, un saldo de dos policías heridos.
Este es el más reciente hecho en una escalada violenta que ha vivido el departamento durante los últimos meses, mientras el gobierno anuncia un intento por retomar el control sobre este enclave cocalero de la guerrilla. Una guerra atizada, según las autoridades, por la presencia de los carteles mexicanos que estarían negociando allí con armas y cocaína.
No es la primera vez que se habla sobre presencia de organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa en Colombia. Pero el tema revivió luego de que el presidente Gustavo Petro señalara hace unos días que el Frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, es “el ejército privado de los carteles mexicanos en el cañón del Micay”.
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Esto, tras el ataque con explosivos perpetrado por esa guerrilla en la noche del 11 de marzo, en la vía que comunica a los municipios de Balboa y Argelia. Tras el señalamiento del mandatario, el general (r) Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, salió ante los medios de comunicación y confirmó que las autoridades sí tienen indicios sobre los negocios e incidencia de esa estructura ilegal en el departamento.
Agregó Sánchez que ya están avanzando en las investigaciones al respecto, con la cooperación de las autoridades mexicanas. El mayor general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, también habló sobre esas denuncias y dijo que en el departamento han tenido hallazgos de armamento e información en poder de inteligencia militar, que apunta a que sí es el Cartel de Sinaloa el que estaría negociando con armas y cocaína en la región.
“El cartel de Sinaloa compra la coca que les venden los grupos armados en el Cauca”, dijo el general. Fuentes de las Fuerzas Militares le dijeron a El Espectador que los detalles de esos hallazgos están siendo analizados por agencias del Estado, pero por ahora son información clasificada.
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El almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, coincidió con el general Rodríguez en que no hay presencia permanente en el país, sino incidencia sobre las economías ilícitas de la región.
Ambos señalaron que organizaciones como el Cartel de Sinaloa no se expondrían directamente a los operativos de las autoridades; menos en una región como el Cauca, militarizada desde el 12 de octubre de 2024, en aras de recuperar el control estatal sobre una zona en la que, según el Ministerio de Justicia, en 2023 se mapearon 31.843 hectáreas con cultivos de coca.
El almirante Cubides viajó el pasado 8 de marzo a Washington (Estados Unidos) y se reunió allí con representantes de agencias del gobierno norteamericano y congresistas, para hablar sobre el tema y definir un plan de acción.
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En 2024 la Defensoría del Pueblo ya se había pronunciado al respecto. En junio de ese año, la entidad señaló que serían tres las organizaciones criminales mexicanas con incidencia en Colombia: el Cartel de Jalisco, el Cartel de Sinaloa y los Zetas. Antes de eso, el 8 de abril de 2022, en Cali, las autoridades capturaron a Brian Donaciano Olguín Verdugo, conocido con el alias de Pitt.
El entonces director de la Policía Nacional, general (r) Jorge Luis Vargas, confirmó que este hombre era el enlace entre el Cartel de Sinaloa y los frentes disidentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde negociaba el tráfico de cocaína. El hombre era buscado por la justicia norteamericana desde 2014, por el delito de conspiración para importar cocaína.
También un informe de agencias de inteligencia de 2022 documentó a detalle cómo funcionaba para entonces el intercambio de cocaína por armas entre el Cartel de Sinaloa y frentes disidentes de las Farc, como el Carlos Patiño, que opera en el Cañón del Micay. Ametralladoras, rifles de asalto y pistolas semiautomáticas hacían parte de las armas que, según las autoridades, llegaban al país por la vía del canje por droga vendida a organizaciones criminales extranjeras.
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La dinámica identificada también por la Policía era clara: los carteles mexicanos, aprovechando su fácil acceso a armas producidas en Estados Unidos, pagaban los envíos de cocaína con armas que llegaban a Colombia por las mismas rutas por las que salía la droga del país.
Haciéndole seguimiento a esa ruta, en diciembre de 2024 las autoridades capturaron a 16 disidentes de las Farc en el suroeste de Nariño, cerca a los departamentos de Cauca y Putumayo. En el operativo incautaron varias armas, según las investigaciones, importadas por carteles mexicanos. Entre ellas, 24 fusiles de asalto M16 y fusiles semiautomáticos AR-15 de fabricación estadounidense.
En 2019 hubo una operación similar en el departamento de Caquetá, también en un campamento de las disidencias, donde incautaron varios fusiles y una ametralladora. Ese mismo año, el entonces defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, se adelantó a advertir la situación. “Me preocupan la extorsión, los retenes ilegales y el reclutamiento de menores, así como el negocio del narcotráfico, el crecimiento de las disidencias y la presencia del cartel de Sinaloa en el departamento”, dijo en su momento el exfuncionario.
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Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, señaló a este medio tres elementos importantes sobre los intereses de carteles mexicanos en Colombia: la acumulación de capitales y el lavado de activos, ser intermediarios y verificadores de la calidad de la droga, y evadir a la justicia mexicana. “Son unos jugadores cada vez más importantes en la economía del narcotráfico y determinadores de gran parte de la financiación de estos grupos”, dijo Mantilla.
Ahora las autoridades tendrán que avanzar en las investigaciones sobre esta situación, en medio de la seguidilla de actos violentos de las disidencias, que intentan, a sangre y fuego, mantener el control sobre uno de los enclaves de su financiación ilícita.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
