Inteligencia estatal tiene capacidades de vigilancia masiva y sin control: FLIP

En 2020, los nombres y las cuentas de Twitter de por lo menos 450 personas aparecieron en una base de datos que monitoreaba la Presidencia.

Foto: El Espectador

El perfilamiento de decenas de periodistas a partir de herramientas de inteligencia en redes sociales, revelado en 2020 y conocido como el escándalo de las “carpetas secretas”, así como el “ciberpatrullaje” que hizo la Fuerza Pública durante el Paro Nacional de 2021 tienen varias cosas en común. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con ejemplos de cómo “actualmente, el Estado utiliza —y planea adquirir— herramientas tecnológicas, con potencial uso de vigilancia masiva en contra de periodistas, medios de comunicación y prácticamente cualquier persona con presencia digital en Colombia”.

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A esa conclusión llegó la FLIP, tras revisar documentos reservados de las Fuerzas Militares, filtrados al consorcio Forbidden Stories, que dan cuenta de las técnicas empleadas para hacer inteligencia en internet. Tras contrastar estos archivos con preguntas que enviaron a las distintas instancias, así como con las normas sobre el tema, la Fundación advierte en un informe publicado este lunes de los enormes riesgos que esta vigilancia masiva representa para la libertad de expresión y de opinión. Lo más preocupante, señala, es que, a pesar del historial de los abusos cometidos en el pasado, no ha sido aplicado un enfoque de derechos humanos.

La FLIP sostiene que la Ley de Inteligencia tiene un vacío, pues no define el concepto de monitoreo del espectro electromagnético. “Este monitoreo es entonces un tipo de vigilancia secreta que queda fuera del control judicial. Tampoco contempla la posibilidad de notificar, posteriormente a los ciudadanos sobre las acciones de vigilancia llevadas a cabo en su contra”, asegura el informe. En contraste, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada vez son más claros en que no se pueden recopilar sistemáticamente datos de la vida privada de las personas, así sean de acceso público.

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Tanto para perfilar a los periodistas, como para monitorear redes sociales durante el Paro, la Fuerza Pública utilizó herramientas de inteligencia a partir de fuentes abiertas (Osint, por sus siglas en inglés). El problema, explican, es que actualmente no hay límites claros sobre qué tipo de información se puede recolectar, si se puede almacenar, si se puede hacer por fuera de un proceso judicial. Aunque en el caso del Ejército hay un manual específico sobre el tema desde diciembre de 2019, en su redacción no hay consideración alguna por sobre derechos humanos. Una alerta que se cristalizó, por ejemplo, en el caso de la periodista María Alejandra Villamizar.

La periodista de Noticias Caracol fue perfilada por la institución militar luego de entrevistar al jefe guerrillero Pablo Beltrán. La Inspección de las Fuerzas Militares dio cuenta en un informe que reveló El Espectador y que también conoció la Flip que el perfilamiento de Villamizar se sustentó en una reunión que, al parecer, nunca ocurrió. Además, aunque supuestamente se buscaba establecer la ubicación de la periodista, los militares recopilaron números de teléfono, datos de su matrimonio, fotos de su carro, entre otros datos personales. La Fundación dice que en los documentos no se dilucidan preocupaciones por prevenir que se repitan hechos así.

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Por eso, la Flip hace un llamado en el informe: “Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas”. En concreto, el documento sugiere revisar los procedimientos de inteligencia, que deben crearse estándares sobre la recolección y almacenamiento de datos y que debe prohibirse claramente la vigilancia en contra de grupos sociales como periodistas. Tras revisar las normas vigentes y preguntarles por el tipo de información recolectada a las Fuerzas Militares la Fundación concluyó que nada de esto está claro.

Por ejemplo, el Ejército les contestó que no realiza estudios de impacto sobre este tipo de tecnologías en los derechos humanos porque considera que toda la información en internet es pública. La Policía, por su parte, contestó que sí somete sus actividades de inteligencia a auditorías, pero que gozan de absoluta reserva, por lo que es imposible conocer su efectividad o sus hallazgos. “Es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión e impactos sobre los derechos de las personas que tienen el monitoreo de fuentes abiertas, sobre todo cuando recae sobre periodistas que informan sobre temas de interés público”, añade la FLIP.

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En ese sentido, la Fundación finaliza su informe con recomendaciones al Gobierno para que, si está comprometido con la no repetición de los perfilamientos, ejecute auditorías profundas a las labores de inteligencia, garantice que no declarará como blancos a periodistas y avance en la investigación de los abusos del pasado. Asimismo, le sugirió al Congreso legislar sobre los alcances del monitoreo de la información que hay en internet. Y a los organismos de inteligencia los instó a que modifiquen sus manuales para incluir estándares de derechos humanos, como el respeto a la privacidad y la libertad de expresión.

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