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Un convenio suscrito entre el alcalde de El Peñón (Bolívar), Arling Arias García, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética en el barrio La Concepción, tiene en aprietos al segundo vicepresidente del Senado de la República, Antonio José Correa. La Fiscalía envió las pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que determine si el congresista tiene alguna responsabilidad de tipo penal. (Lea también: La eterna "mermelada" de la política colombiana)
De acuerdo con el ente investigador, Arias García contactó al senador por conducto de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para firmar el convenio por un valor de $3.491 millones. El teoría, el contrato tenía como propósito construir el escenario deportivo en esa zona del país al que solo es posible llegar en ferry a través del río Magdalena, pero parte de ese dinero habría ido a parar a los bolsillos de varias personas.
La Fiscalía describió el entramado de los pagos así: la asesora de la UTL del senador, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para la elaboración de los estudios del proyecto y de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario, según la investigación, plagió los diseños que habían sido presentados por otro municipio y los radicó en noviembre de 2016. Los estudios, sin embargo, poco tenían que ver con las condiciones y necesidades del municipio.
Posteriormente, Arling Arias García habría identificado al contratista que le serviría para firmar el contrato y quien, al parecer, se comprometió a pagar una coima del 12% para el congresista y otro porcentaje para el alcalde. No obstante, el año pasado, cuando fue evidente que los diseños no servían, el contratista supuestamente le pagó a uno de los funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran el proyecto. Aunque el pago se hizo, los diseños no fueron ajustados. (Le sugerimos: La eterna "mermelada" de la política colombiana (II))
En noviembre de 2017, y ante la urgencia de aprobar proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, otro funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de que los diseños eran irregulares. Este funcionario también habría recibido dineros y posteriormente fue nombrado supervisor del contrato. "De esta forma, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes con el fin de viabilizar el cupo indicativo del senador", detalló la Fiscalía. El contrato, según la investigación, finalmente se firmó en mayo de este año entre la alcaldía y el Consorcio El Peñón.
La Fiscalía explicó que el pago del 12% al senador se canceló en dos contados: 60% al inicio de la gestión y el 40% restante cuando se firmara el convenio. Por su parte, el alcalde del municipio habría recibido $50 millones por la gestión, los funcionarios del Coldeportes $10 millones para realizar los diseños del proyecto y $4 millones para ajustarlos y viabilizarlos.
Los pagos se habrían hecho en efectivo para evadir los controles, pero uno de ellos, detalló el fiscal que adelanta las investigaciones, se consignó en la cuenta bancaria del hijo de Trujillo Buelvas. Igualmente, la Fiscalía dice que la asesora de la UTIL del senador se encargó de hacer seguimiento para viabilizar el proyecto y que por eso se habría encargado del pago a los funcionarios de Coldeportes. (Le podría interesar: En 14 años se entregaron $57 billones a parlamentarios por cupos indicativos: Contraloría)
Por estos hechos, la Fiscalía capturó a Arling Arias García, alcalde de El Peñón; a Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la UTL del senador; a Gustavo Álvaro Velandia y Jairo Fidel Ortega Chaparro, funcionarios de Coldeportes; a Carlos Celestino Martelo Sanabria, contratista; y a Vanessa Margarita Deyoungh Yepes, intermediaria del contratista. Los detenidos fueron trasladados a Bogotá para la audiencia de imputación de cargos.
Por Redacción Judicial
